Radio Mundo Real.- Las organizaciones colombianas que promueven un referendo para incluir en la Constitución de ese país la consideración del agua potable como un derecho humano se están enfocando -en esta etapa de su campaña- en los efectos perversos que los procesos de privatización han tenido sobre el acceso a este recurso (escuchar audio con un cliq aquí).

Doce millones de colombianos no tienen acceso al agua potable y cuatro millones tienen dificultades para obtener el recurso aun en condiciones insalubres, según datos de la Defensoría del Pueblo de ese país.

En tanto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales prevé que en el año 2025 el 69 por ciento de la población colombiana sufrirá escasez del vital líquido.

La cruda realidad en cuanto a acceso al agua potable y saneamiento en Colombia se debe, al menos en parte, a la privatización de los servicios en el sector en 1993.

Por lo menos así lo entienden las decenas de organizaciones ambientalistas, indígenas, sindicales y sociales del país que llevan adelante una campaña nacional para una reforma constitucional, que establezca que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental.

Según la organización ambientalista Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, una de las promotoras de la reforma del agua, 141 de las 349 empresas del agua del país son privadas, al tiempo que 24 son de economía mixta.

Las organizaciones colombianas buscan además que la reforma constitucional estipule que todas las personas deben tener la posibilidad de un suministro mínimo de agua en condiciones gratuitas, con independencia de su capacidad económica para pagar las tarifas.

En lo que va de la campaña nacional por la reforma constitucional ya se recolectaron aproximadamente 135 000 firmas, que es el primer requisito legal. Una vez que la estatal Registraduría Nacional del Estado Civil certifique la validez de esas rúbricas, las organizaciones que promueven la reforma del agua deberán obtener las firmas de 1 500 000 ciudadanos.

De alcanzarse ese número de adeptos a la reforma, el Congreso colombiano deberá aprobar un proyecto de modificación de la Constitución y convocar a un referéndum nacional, para que la población colombiana decida cómo concebir y manejar el recurso agua en el país.

Uno de los integrantes de Censat Agua Viva, Danilo Urrea, dijo a IPS que “la privatización (de los servicios de agua) aumentó de manera considerable sus costos, y la concesión a operadores privados también ha generado escándalos y corrupción”.

“Es necesario lograr la recuperación y la transformación del manejo del agua en beneficio de la población en general”, agregó.

El activista colombiano evaluó positivamente lo que va de la campaña de recolección de firmas. “Aunque no logremos la convocatoria al referéndum, logramos realizar un trabajo de sensibilización de las comunidades ribereñas, parte de nuestro gran propósito. Y por supuesto que continuaremos en el empeño”, explicó Urrea.

Fuente: Radio Mundo Real