CNR, 28 de agosto de 2007.- A través de un pronunciamiento con motivo del cuarto aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) demandó al Ejecutivo una mayor voluntad política para implementar sus conclusiones y recomendaciones.

En el texto, el citado organismo ratifica “la enorme trascendencia de este informe para nuestro país, tanto en lo que se refiere al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el período 1980-2000, como por las importantes recomendaciones sobre el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación que asiste a todas las víctimas de la violencia y sobre las reformas institucionales necesarias para que estos cruentos hechos no se repitan nunca más”.

De igual manera, indicó que, pese a algunos avances significativos, “la insuficiente voluntad política de dos gobiernos, incluido el presente, trae como consecuencia un balance negativo respecto del cumplimiento de sus valiosas recomendaciones, afectando esta situación los derechos de las decenas de miles de víctimas o sus familiares y nuestra capacidad de aprender de los errores del pasado”.

“Después de algunos avances alentadores, hoy asistamos a diversas expresiones de retroceso expresadas en el estancamiento de los procesos y en resoluciones que favorecen la impunidad de presuntos responsables de violación de derechos humanos”, reza el pronunciamiento.

La CNDDHH reconoce el compromiso gubernamental y de numerosas autoridades regionales de avanzar en el tema de las reparaciones y los pasos iniciales que se han dado. Sin embargo, señala que el proceso todavía es “precario y requiere de institucionalidad, coherencia y recursos económicos para fortalecerlo y cumplir con las reparaciones individuales y colectivas”.

En ese sentido, se insta a las autoridades a implementar las reformas institucionales propuestas por la CVR acercando estrechamente al Estado con la sociedad, enfrentando la exclusión y las desigualdades con restitución de dignidad y derechos, produciendo las reformas democráticas de las fuerzas armadas y policiales, la reforma del sistema de administración de justicia y de la educación.

“El Estado tiene la obligación de esclarecer la verdad de las violaciones de los derechos humanos, de investigar, procesar y sancionar a los presuntos responsables de estas violaciones y de reparar a las víctimas o sus familiares. Así como también tiene la obligación de implementar las reformas necesarias como garantías de no repetición de la violencia vivida”, finaliza el documento.

Hoy, 28 de agosto, se celebra el cuarto aniversario de la entrega del informe final de la CVR, documento que incorpora una serie de recomendaciones referidas a la indemnización a las víctimas de la violencia política de los años 1980 al 2000 y la defensa de los derechos humanos en el país.