Por Cristina Morales

Quito, 25 de mayo 2007.- Definir una posición ante la explotación de la minería a gran escala (a cielo abierto o subterránea), fue el objetivo que reunió a cuarenta personas el pasado 22 de mayo en el Vicariato de Méndez, al sureste de Ecuador. Los/as participantes provenían de la Pastoral Indígena Amazónica, que agrupa a Vicariatos de las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbíos.

Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, organización invitada al encuentro, expuso distintos impactos sociales y ambientales que la minería a gran escala ha tenido desde los noventa en países como Perú, Bolivia y Chile, en donde:

• la población empleada en la actividad no ha superado sus precarias condiciones de vida, sino que más bien se ha visto envuelta en situaciones de violencia,
• las comunidades circundantes a las mineras han visto limitado su acceso a alimentos (Guañuni, Bolivia) y a los bienes de la naturaleza, han sufrido graves consecuencias en su salud (los “niños del plomo” en el Perú) e incluso se han visto desplazadas de sus territorios (El Carmen, Chile),
• el ambiente (flora y fauna) ha sufrido daños irreversibles, como la contaminación tóxica de aguas superficiales y subterráneas, puesto que la minería a gran escala cuenta con “tecnología de punta” para reducir sus gastos de inversión pero no para reparar los daños naturales producidos,
• los beneficios económicos, incluso en el caso de Chile, han sido jugosos para las empresas transnacionales (en el país del cono sur se han triplicado), pero pequeños para los Estados.

Chicaiza informó que en el Ecuador hay concesionadas cerca de 4 millones 111 mil hectáreas de territorio, cifra que supera levemente la superficie designada para la minería en Perú en 1992 (4 millones de hectáreas). Para 1997 las concesiones en el país vecino alcanzaron los 24 millones de hectáreas.

Para Frank Lorinquias como miembro de la comunidad shuar en Pastaza, expresó “no a las mineras ni a las hidroeléctricas, porque van a perjudicar el futuro de nuestros hijos y nietos; a pesar de que tengamos recursos económicos ahora, para el futuro no habría esperanza: no va a haber agua, ni pesca, ni aves, ni bosques”.

Miguel Bohórquez, del Vicariato del Puyo (Pastaza), dijo que hay perspectivas de hacer muchas cosas “por los que estamos viviendo y por los que deben venir, para que no vivan entre cuatro paredes y cemento, sino en la naturaleza como la disfrutamos”.

Para Cristina Antun, del Vicariato de Méndez (Morona Santiago), mientras los países del norte restringen la llegada a los inmigrantes, los representantes de las compañías transnacionales “entran aquí porque está abierta la puerta y ellos tienen que respetarnos a nosotros”.

El Padre Juan de la Cruz Ribadeneira, miembro del Equipo de Pastoral Indígena, se hizo eco de un manifiesto que hicieron recientes varios obispos de El Salvador y Guatemala sobre el tema minero en Centroamérica: “ya no podemos callar, ya no podemos esperar más porque va a ser demasiado tarde, tenemos que hablar de este asunto con claridad, desde la iglesia”.

El 27 de marzo pasado el Ministro de Energía y Minas de Ecuador, economista Alberto Acosta, anunció el 27 de marzo pasado la revisión de 681 concesiones mineras en producción (10,6 mil hectáreas), de un total de 4.112 concesiones mineras que se han otorgado en el país (2,8 millones de hectáreas), según cálculos ministeriales (1).

También emprendió un proceso llamado “diálogo minero”, ante el cual varias comunidades del país – agrupadas en la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía – han puesto condiciones previas para su participación, como la salida efectiva de las empresas mineras de sus territorios.

Jorge Jurado, Subsecretario de Minas, ha indicado sobre la actividad minera que “al momento solo se cumplen ocho requisitos que solo son de forma, más el estudio de impacto ambiental cuando se inicia la explotación” (2). Jurado también ha mencionado a la Asamblea Constituyente como un espacio para tratar el tema.

Tras el análisis de los posibles impactos que tendría la explotación minera en la vida de varias comunidades ecuatorianas, así la inequidad entre las fuerzas presentes en este conflicto que se vive actualmente en el país, la conclusión unánime al finalizar la jornada fue la de apoyar de manera incondicional a las poblaciones que se resisten a esta nueva imposición del modelo extractivista, conocido por su carácter depredador de la naturaleza, muestra de lo cual son las actividades petrolera y maderera, entre otras.

Notas:

(1) Diario La Hora, B1, 27 de marzo de 2007.
(2) La Hora , B8, 16 de mayo de 2007.