La aprobación de la norma internacional que regulará el acceso, el uso y la explotación de los recursos genéticos probablemente tendrá que esperar hasta el 2010, informaron hoy delegados que participan en la Conferencia del Convenio de Diversidad Biológica de la ONU.

Las partes que intervienen en la reunión, que concluirá el viernes en la ciudad brasileña de Curitiba, se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de que exista esa norma internacional vinculante, para asegurar que el acceso a los recursos genéticos sea siempre legal.

Sin embargo, y según fuentes de la delegación española que interviene en las negociaciones, la confrontación se centra ahora en los plazos para la aprobación y puesta en marcha de esa norma internacional.

La postura que mantienen los países, sobre todo iberoamericanos y africanos, donde se localizan los recursos genéticos que buscan las empresas multinacionales para el desarrollo de nuevos productos (basados en ocasiones en conocimientos tradicionales de comunidades indígenas o locales) contrasta con la de Australia, Nueva Zelanda o Canadá.

La discrepancia radica fundamentalmente en el plazo para la aprobación de la norma, que para los países iberoamericanos y africanos tiene carácter urgente.

Entre estas posturas divergentes, la Unión Europea mantiene en Curitiba un criterio intermedio, que está siendo criticado por algunos países y organizaciones no gubernamentales que consideran que está ‘cediendo’ a la presión que ejercen esos países e indirectamente EEUU, que no ratificó el Convenio de Biodiversidad Biológica.

El Convenio tiene como meta para el 2010 frenar la pérdida de biodiversidad que afecta al plantea.

Según han informado las mismas fuentes, EEUU apuesta por las relaciones bilaterales con cada uno de los países a los que sus empresas o científicos acuden para obtener recursos genéticos.

Algunos países, organizaciones ecologistas, y comunidades indígenas consideran que las nuevas perspectivas para el establecimiento de una norma internacional vinculante defraudan las expectativas que se habían generado en la reunión preparatoria de Granada (España).

Ante esta situación, el movimiento ecologista ha pedido a la Unión Europea que se anticipe a la comunidad internacional y exija un ‘certificado de origen’ para cualquier recurso genético importado que entre en sus fronteras.

Ese certificado debería garantizar que el recurso genético importado se ha obtenido de forma legal y con el consentimiento previo de las comunidades indígenas o locales donde se obtuvo.

Fuente: Terra Actualidad - EFE