El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y el grupo armado de oposición Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron el “Acuerdo de Paz Firme y Duradera” en un acto lleno de simbolismo y liturgia al que asistieron mandatarios de todo el mundo. No era para menos, ciertamente, ya que este acuerdo llegó tras casi diez años de negociaciones y la suscripción de otros doce pactos parciales. En cualquier caso, la firma de este documento abrió paso a lo que en aquel tiempo se quería ver como una nueva etapa de paz, prosperidad y reconciliación que dejara en el recuerdo a las más de 200.000 víctimas (el 83% de ellas, de origen maya) que causó el conflicto armado durante 36 años.

En el “Acuerdo de Paz Firme y Duradera” se establece que el Gobierno de la República de Guatemala «reafirma su adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos respetar». Cuando se cumplen diez años de la entrada en vigor de los Acuerdos de Paz en Guatemala, conviene analizar la situación de derechos humanos que se vive en el país en el momento presente.

Como punto de partida parece oportuno señalar que Guatemala se encuentra en el puesto 118 en el Indice de Desarrollo Humano según el Informe del año 2006 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La esperanza media de vida se sitúa en 67,6 años y el índice de alfabetización es del 69,1%. Entre un 50 y un 60% de sus cerca de 13 millones de habitantes pertenecen al colectivo indígena, la mayoría de los cuales (el 87%) se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

Uno de los problemas más acuciantes en la Guatemala de hoy, al igual que en la mayoría de los lugares donde el hombre ha dejado huella, es la violencia ejercida contra las mujeres. Según cifras de la policía, 665 mujeres fueron asesinadas en Guatemala en el año 2005, frente a las 527 del año anterior. Desde el año 2001, el «feminicidio» ha causado 2.200 muertes en el país. Frecuentemente estos homicidios vienen acompañados de violencia sexual y actos de extrema brutalidad. Por otro lado, apenas se está progresando en hacer que los responsables tengan que presentarse ante la justicia. Es ilustrativo que de los 665 asesinatos registrados en el año 2005 sólo dos terminaran con sentencia condenatoria. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido comenzar a investigar uno de estos casos de ejecuciones machistas. Es por ello que resulta fundamental seguir presionando para que el Gobierno del país adopte todas las medidas necesarias en cumplimiento de la diligencia debida para llevar ante la justicia a los responsables de estas muertes y proteger debidamente a la mitad de la población guatemalteca que vive amenazada por esta triste realidad.

Las amenazas y la intimidación ejercida sobre los defensores y las defensoras de derechos humanos en Guatemala es otro de los problemas estructurales del país. Así lo señaló la relatora para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe que redactó el pasado febrero con ocasión de la visita que realizó al país unos meses antes. El Gobierno no puede demorar por más tiempo la puesta en marcha de un plan nacional de acción destinado a incorporar en la legislación y la práctica de los poderes públicos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos de 1998, con miras a garantizar que quienes defienden estos derechos puedan desempeñar su legítima labor.

Precisamente una de las causas principales por la que los defensores y las defensoras de derechos humanos están siendo objeto de persecución es su lucha contra la impunidad de los responsables de crímenes como la tortura, la desaparición forzada y el genocidio durante el conflicto armado. A este respecto, en septiembre del año pasado el Tribunal Constitucional español determinó que los jueces españoles, en aplicación del principio de jurisdicción universal, podían y debían entrar a juzgar los crímenes cometidos a principios de los años 80, la etapa de mayor represión durante el conflicto. En estos momentos, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional está investigando estas causas y ha dictado órdenes internacionales de detención de determinadas autoridades por su participación en los crímenes. El Gobierno guatemalteco debe cooperar activamente y poner a disposición del juez a las personas sobre las que se han abierto diligencias, al tiempo que ha de proteger a los colectivos que desde Guatemala trabajan con intensidad contra la impunidad y en favor de la justicia.

Un cuarto motivo de preocupación lo constituye la crisis de derechos humanos en relación con los conflictos agrarios, agudizada desde la llegada al poder de Oscar Berger en enero de 2004. Este problema hunde sus orígenes en la estructura de la distribución desigual de la riqueza en el país y se explica a la luz del tratamiento discriminatorio que sufren las comunidades indígenas y campesinas en sus pleitos con los terratenientes por parte de los tres poderes del país (legislativo, ejecutivo y judicial). En los últimos años ha crecido el número de desalojos forzosos violentos, los cuales han dado lugar a un número importante de fallecidos y heridos, así como a la destrucción y quema de viviendas y útiles esenciales como la ropa, los alimentos y los aperos de labranza. Las autoridades deben poner fin inmediatamente a los desalojos forzosos hasta tanto no se resuelvan las disputas relativas a la titularidad de la tierra de acuerdo con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Diez años han pasado desde el último Acuerdo de Paz, pero hay muchas heridas que no han cicatrizado debidamente y muchas causas que avivaron el conflicto o incluso dieron lugar a él hoy siguen abiertas. Ya es hora de que se reconozca que no habrá paz en Guatemala mientras persistan formas y actitudes de tolerancia a los abusos a los derechos humanos. Y no nos engañemos: lo que vale para Guatemala, vale también para otros lugares geográficamente más próximos.
*Koldo Casla es Coordinador de Amnistía Internacional de Gipuzkoa

Fuente: Rebelion.org