Un contundente rechazo recibió el proyecto de ley 25/2006-PE aprobado por el Congreso de la República, en primera votación, el 26 de octubre por atentar contra las libertades de asociación, contratación y otros derechos fundamentales garantizados en la Constitución y en tratados internacionales.

La oposición fue expresada por la Asociación Nacional de Centros (ANC), entidad que agrupa a organizaciones no gubernamentales, y por la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI) quienes publicaron sendos comunicados el día domingo 29 de octubre en diarios de la capital.

Las entidades civiles se oponen a que el gobierno controle y maneje “mediante criterios ambiguos” sus decisiones. Esto “puede tener graves consecuencias para la estabilidad jurídica y las relaciones internacionales, desalentará la inversión de los fondos de ayuda al desarrollo y afectará a los sectores más vulnerables y excluidos” indica la ANC.

La ANC expresa que la iniciativa legal apoyada por el Apra y el fujimorismo “podrá ser utilizada como una forma de acallar y/o perseguir a personas y asociaciones civiles que cuestionen o denuncien las irregularidades en la gestión del Estado, la ineficacia de algunas políticas públicas o la violación de derechos humanos”.

La norma amplía las facultades de registro y control de las ONG por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la faculta a “priorizar la ayuda internacional” para que se otorgue “en función de la política nacional de desarrollo” y “del interés público”.
La COEECI indica que el proyecto “aparentemente inconstitucional, estaría atentando contra la libertad de asociación y de derechos fundamentales consagrados por las leyes peruanas, y genera el riesgo de que se utilice para perseguir voces discrepantes de la sociedad peruana”.

La norma -señala la ANC- “genera un clima adverso para la cooperación internacional” que canaliza más de 100 millones de dólares de fondos privados que provienen de sociedades y de gobiernos extranjeros.

La ANC invoca al Congreso desestimar dicho proyecto en la segunda votación por ser inconstitucional y crear un “peligroso precedente, mediante el cual el gobierno podría extender este criterio a otras entidades privadas”

Analistas de diversas tendencias políticas coinciden en señalar que sectores autoritarios del gobierno que no quieren una oposición social y política han impulsado tal iniciativa y creará un frente de oposición que malgastará su capital político.