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Pueblos, nacionalidades y otros sectores sociales reinician movilización en Ecuador

Servindi, 27 de agosto, 2013.- Diversas organizaciones indígenas y sociales reiniciaron el martes 27 de agosto una movilización de resistencia al extractivismo petrolero, minero y de los agronegocios, en diversos lugares del país.

Mediante conferencia de prensa el presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, y los presidentes de Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay (FOA) y Universidad Central del Ecuador (UCIA), explicaron las razones de la movilización.

Ni una sola escuela más se cierra en el Ecuador

Pérez Guartambel cuestionó la política que con el pretexto de mejorar la calidad de la educación y ahorrar recursos económicos, centraliza la educación creando las denominadas “escuelas del milenio”.

Ello conlleva el cierre de escuelas en las comunidades, entre las que se incluye escuelas bilingües creadas con la lucha social de los pueblos indígenas, indicó.

Este es el caso de la Escuela del Milenio que se pretende crear en el Centro Parroquial Victoria del Portete con regalías anticipadas de la minería y que conllevará el cierre de once escuelitas creadas por las comunidades, indicaron los representantes.

Los niños de las comunidades tendrán que levantarse más temprano para asistir a las escuelas del milenio ocasionando el desarraigo de la niñez respecto a sus familias y raíces comunitarias, y despreciándose los elementos lingüísticos, culturales, espirituales y filosóficos de su cultura materna.

Resistencia al extractivismo

Los dirigentes denunciaron que la minería metálica a gran escala sigue despojando territorios, desplazando comunidades, dividiendo familias y criminalizando la resistencia.

Respecto a la actividad extractiva en el Parque Nacional Yasuní propusieron una consulta para que el pueblo se pronuncie por la explotación petrolera o apoye la propuesta para dejar bajo tierra los hidrocarburos y evitar el ecocidio, el etnocidio y el genocidio.

Protección del agua

Los dirigentes remarcaron la necesidad de prohibir las actividades mineras en fuentes de agua, y que ésta sea administrada por las comunidades que construyeron sus propios sistemas de agua.

En este sentido abogaron por la creación del Consejo Plurinacional del Agua con participación comunitaria, desprivatizando y redistribuyendo el agua para todos. Otra propuesta concierne a la inclusión en la nueva Ley de Aguas de las decisiones o sentencias de las comunidades.

Finalmente, expresaron su rechazo y resistencia al trazado del poliducto que atraviesa las comunidades de Jalupata y otras de Cañar que destruirían fuentes de agua, viviendas y más centros poblados.

Antisocial Decreto Ejecutivo 16

Otra de los motivos de la movilización de resistencia es el rechazo al Decreto Ejecutivo 16 que intenta regular de forma indiscriminada a las comunidades y diversos tipos de organizaciones sociales y profesionales, confundiendo sus diversas estructuras y visiones.

En un solo saco se pretende meter a comunas, comunidades, comités, asociaciones, juntas de agua, sistemas comunitarios, colegios profesionales, cámaras, fundaciones y demás organizaciones sociales.

El cuestionado Decreto 16 otorga un control político total al gobierno para desarticular la organización a través de causales diversas como: impedir a sus integrantes a dedicarse a actividades de política partidista, tener injerencias en políticas públicas y otras que atenten contra la seguridad o que afecten a paz pública.

La movilización demanda la derogatoria de dicha antipopular medida política en aras de la defensa de la libertad de asociación.

La contrarreforma del Código del Trabajo

Las organizaciones convocantes también denuncian que la reforma del Código del Trabajo se orienta a eliminar la jubilación patronal, eliminar la estabilidad laboral de trabajadores y servidores públicos, y desaparecer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Asimismo, aniquilar el Seguro Social Campesino con la supresión de Dispensarios del Seguro Social Campesino en las comunidades.

Otra propuesta concierne a la incorporación de la figura del servicio de transporte comunitario en la nueva Ley de Tránsito, con la finalidad de facilitar el transporte de cosechas y animales para su venta en el mercado. Actualmente, dicha modalidad de transporte es perseguida y sancionada con dos salarios básicos y una rebaja de 10 puntos al conductor.

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