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Perú: Un gran desafío de la nueva ministra de Cultura

Foto: Andina

Foto: Agencia Andina

- ¿Dejará que se atropelle al patrimonio cultural dejando intacto el DS 054-2013-PCM?

Servindi, 26 de julio, 2013.- El miércoles 24 de julio juramentó Diana Álvarez Calderón como nueva ministra de Cultura, en reemplazo de Luis Peirano Falconí quien asumió el cargo en diciembre de 2011.

En sus primeras declaraciones a TV Perú, la ministra enfatizó que con apoyo de la inversión privada pondrá en valor los monumentos arqueológicos desconocidos por muchos peruanos, tal como la huaca Pucllana en Lima y el centro arqueológico Choquequirao, en la provincia de La Convención, Cusco.

Sin embargo, la ciudadanía espera conocer qué hará la ministra con una serie de temas críticos referidos a su sector y que está en sus manos resolver.

Uno de ellos es el cuestionado Decreto Supremo 054-2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que ha sido duramente cuestionado por amenazar el patrimonio arqueológico del país.

Con el objetivo de promover proyectos de inversión pública y privada la norma establece un plazo no mayor de 20 días para la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

Lo más grave es que si la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura o las Direcciones Regionales de Cultura no lo emiten en dicho plazo se considera aprobado lo que se conoce como el silencio administrativo positivo.

Luego el titular del proyecto de inversión debe presentar un Plan de Monitoreo Arqueológico, que debe ser aprobado por una de las citadas direcciones, en un plazo no mayor de 10 días. Si la autoridad no se pronuncia, igualmente se dará por aprobado.

Sobre los proyectos que se ejecutan sobre infraestructura preexistente están exentos del CIRA y solo deben presentar el Plan de Monitoreo Arqueológico, el mismo que será aprobado en los plazos y condiciones mencionadas.

El periodista, Javier Lizarzaburu explica que antes de que se emitiera el D.S. 054-2013-PCM, cuando una empresa quería explotar una mina, abrir un camino o levantar una estructura, la ley le exigía previamente una evaluación arqueológica para ver si en el lugar existen vestigios sin descubrir.

Una vez evaluado el lugar, se emitía un certificado que podía ser positivo o negativo. Si por alguna razón el Ministerio de Cultura no respondía dentro del plazo que daba la ley (30 días), ese “silencio administrativo” se consideraba una negativa y la empresa no podía proceder.

Con el nuevo decreto sí las autoridades del sector Cultura no responden en 20 días, se asume que no hay ningún vestigio arqueológico y el proyecto procede.

Para la abogada Ana Leyva, de la Fundación Ecuménica Para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la norma es un atropello al patrimonio de la Nación si se considera que el Perú no posee un catastro de restos arqueológicos, ni ha concluido la identificación de estos.

“Reducir plazos para que el Ministerio de Cultura haga esa labor en solo 20 días, es obligarlo a que actúe de manera poco diligente” afirmó Leyva.

Prosigue atentado al patrimonio arqueológico

Es cotidiano conocer en el Perú el contínuo saqueo y destrucción de lugares de gran valor arqueológico. Un caso reciente es la destrucción de una de las siete pirámides del complejo arqueológico El Paraíso, en San Martín de Porres, en Lima metropolitana, ocasionado por empresas inmobiliarias.

El arqueólogo Marco Guillén, director del proyecto de investigación y puesta en valor del complejo arqueológico, calificó la acción de “un daño irreparable a la historia peruana” pues se trata de un lugar casi tan antiguo como Caral (2000 a.C. a 3000 a.C.) declarado Patrimonio Cultural hace diez años.

Según la Dirección de Arqueología del ministerio, la dueña de las inmobiliarias, Alicia Romaní Vargas, compró el terreno a fines del año pasado a un tercero.

En el contrato de venta se especificaba que la zona donde se encontraba la pirámide hoy destruida había sido declarada intangible en el 2008. Pese a ello, Romaní inscribió la propiedad ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

El Comercio

No obstante, el director de Arqueología del Ministerio de Cultura, Luis Cáceres Rey, afirmó que ese trámite no es ilegal debido a que el terreno tenía propietario antes de haber sido declarado patrimonio cultural.

No solo este problema causa angustia por el deterioro del patrimonio cultural.

También hay denuncias por la destrucción de más de cinco mil petroglifos en la zona de Toro Muerto, en Arequipa; la invasión de una zona de las Líneas de Nazca por traficantes de terreno, a pesar de ser incluso considerado Patrimonio de la Humanidad.

También la venta de lotes en Huacoy, un complejo monumental con más de 3.800 años de antigüedad ubicado en Lima Norte; el daño al complejo arqueológico Yanamarca, en un sector del Qhapaq Ñan o Camino Inca que atraviesa Jauja, por parte de mineros informales.

A ello se suma las malas artes con las que algunas empresas constructoras operan desde hace un buen tiempo en zonas intangibles y de propiedad municipal, en la misma capital de la República, como ocurre en el acantilado de Barranco.

¿Aceptará la nueva ministra asumir el mandato con una norma tan lesiva para el patrimonio que ella está en la obligación de proteger? ¿Cómo pretende responder a las solicitudes de inexistencia del CIRA en tan poco tiempo, con personal y recursos insuficientes?

Acciones frente al D. S 054- 2013-PCM

Diferentes organizaciones como la Asociación de Arte Rupestre (APAR) y el Comité Peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS Perú) se han manifestado públicamente en rechazo al decreto cuestionado.

Para el APAR, el decreto constituye uno de los más grande atentados contra el patrimonio arqueológico nacional.

“Este decreto supremo es a todas luces inconstitucional, y se ha hecho con el único interés de allanar el acceso al territorio nacional de las grandes obras de infraestructura e inversión a costa de la preservación del patrimonio cultural, lo que causaría su destrucción irremediable”, señaló.

El D.S. 054-2013-PCM, se ha realizado ocultamente, sin consultar a las instituciones académicas peruanas y “constituye la prueba tangible de que un lobby comercial está dirigiendo los intereses y la preocupación del Estado respecto a cultura” sostiene el APAR.

Icomos Perú argumenta que el D.S adolece de una serie de vacíos e impresiones “que representan un gravísimo retroceso y riesgo para la subsistencia y protección legal de nuestro patrimonio arqueológico".

De esa manera se está "transgrediendo el deber constitucional del Estado, y en especial del Sector Cultura, de proteger el patrimonio cultural de todos los peruanos” indicó.

Además de ambas instituciones numerosas entidades se han manifestado en contra demandando su anulación. El 24 de junio se realizó la denominada “Gran Marcha por la Cultura” en la que estudiantes, arquéologos, artistas y población en general exigió su derogatoria.

“El Patrimonio no se vende, el patrimonio se defiende”, “Ollanta escucha, estamos en la lucha” fueron las principales consignas de la manifestación ciudadana. ¿Escuchará la ministra?

http://youtu.be/zI3Qn-KbQFQ

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