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ONU-REDD y Estado hondureño violan derecho a la consulta del pueblo Garífuna

- Cada día se confirma que el programa ONU-REDD+ es "una falsa solución al cambio climático, y una forma mas de desterritorialización y acaparamiento de tierras y territorios".

Servindi, 4 de abril, 2013.- La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunció la exclusión del pueblo Garífuna del proceso de consulta preparatorio del programa de Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) a cargo del Estado de Honduras y ONU-REDD.

La OFRANEH señala que se trata de una deliberada violación del Derecho a la Consulta pues precisamente se excluye al pueblo Garífuna en un proceso financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por su sigla en inglés) y el Programa ONU-REDD.

Una vez más el estado de Honduras viola el derecho a la consulta consignado en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al incorporarse al programa de Reducción de las Emanaciones Causados por la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD+) al haber excluido al pueblo Garífuna del proceso de consulta

Se trata del proceso de preparación del programa REDD+ denominado R-PP (Readiness Preparation Proposal) y que cuenta con un financiamiento de 23 millones de dólares para seis países: Honduras, Chile, Papúa Nueva Guinea, Suriname, Tailandia y Vanatu.

La exclusión del pueblo Garífuna se produce a pesar que en el documento borrador de R-PP de setiembre del año pasado la OFRANEH es mencionada como "La organización que dicta las políticas indígenas en los territorios Garífunas, hace incidencia política y vela por el derecho del pueblo".

Ademas, en el mismo documento borrador se incluye a la organización OFRANEH como participante en los talleres de socialización y preconsulta que nunca fueron realizados.

Lo extraño y paradójico es que la representación del Estado de Honduras luego de participar en la reunión del FCPF realizadas del 19 al 22 de marzo en Washington, Estados Unidos, desapareció como por arte de magia a la OFRANEH en el documento de marzo de 2013.

La actitud asumida por la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), el FCPF y ONU-REDD de excluir a la OFRANEH en la elaboración del R-PP vulnera el derecho a la consulta que poseen los pueblos indígenas, situación que advirtió la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) en su carta de febrero de 2012.

La OFRANEH expresa su extrañeza por el hecho -que califica de "misterio"- de que ahora la CONPAH suscriba una carta de aceptación "cuando es de conocimiento público que la actual administración gubernamental, regida por el Sr. Porfirio Lobo viola sistemáticamente los derechos humanos y desconoce totalmente el derecho a la consulta".

La OFRANEH recuerda que el derecho a la consulta previa libre e informada es un derecho amparado por el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado de Honduras.

Denuncia asimismo las "aberraciones neocolonialistas" del Estado como es la dación de la Ley de Propiedad, que en su artículo 100 "apertura la destrucción de la propiedad comunitaria".

Dicha norma se aprobó el 2004 sin considerar las observaciones presentadas por la consulta comunitaria garifuna del 2003 a los borradores elaborados por el Estado hondureño.

El Panel de Inspección del Banco Mundial, organismo financiero que impulsó la Ley de Propiedad, admitió que el Estado de Honduras no se ciño al Convenio 169 de la OIT. El 2010 la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el recurso interpuesto y actualmente se ventila como una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

OFRANEH señala que la actual administración de Porfirio Lobo promueve "una serie de proyectos altamente destructivos" como la represa del Patuca III, la destrucción de los humedales de la Moskitia, la explotación petrolera en la plataforma continental y las innumerables microrrepresas en el territorio del pueblo Lenca, entre otros.

La gravedad de la deforestación que alcanza anual el 3,4 por ciento anual tienen como base la corrupción y la ingobernabilidad. Así lo confirma la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) en su informe del 2005 que advierte las conexiones entre políticos y deforestadores y cuya realidad sigue vigente.

El ecocidio actual tiene como responsables a los miembros del Congreso Nacional y que forman parte de los partidos políticos tradicionales, observa la OFRANEH.

Por el contrario, la mayorías de las comunidades indígenas del país vivin en áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento, que son indicadores de la preservación de los hábitats de los bosques.

Por las razones expuestas la organización hondureña expresa su extrañeza por la posición asumida por el Estado de Honduras a través de SERNA, funcionarios "especialistas en ignorar o comprar voluntades como parte de su estrategia oficial".

Tambien preocupa la actitud de las Naciones Unidas en Honduras que a pesar de conocer la deplorable condición del país y la ausencia de respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas "faculte al programa REDD+ lo que se puede convertir en un saqueo de los territorios de los pueblos indígenas, ademas de violar su propia Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas".

Finalmente, señala que el retiro de la Confederación de Pueblos Indígenas de Panama (COONAPIP) del programa, UN-REDD y los señalamientos del Consejo Indígena Centroamericano (CICA) sobre "intolerancia y discriminación racial hacia los Pueblos y organizaciones indígenas", se suman al repudio que la OFRANEH expresa sobre el Programa REDD+.

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