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Ecuador: Proyecto de Ley para democratizar la comunicación volvería a la agenda política

- Luego de la reelección de Rafael Correa volvería a la agenda la iniciativa legal que propone distribuir las frecuencias de radio y televisión en tres partes: 34 % para medios comunitarios, 33 % para medios públicos y 33 % para medios privados.

Servindi, 1 de marzo, 2013.- El proyecto Ley  de Comunicación en Ecuador es el resultado de más de dos años de foros públicos, debates en medios, propuestas y acciones por parte de organizaciones e instancias sociales impulsadas por el Foro Ecuatoriano de la Comunicación (FEC).

El Foro Ecuatoriano es un colectivo integrado por representantes de varias organizaciones, redes de comunicación, gremios profesionales, medios alternativos y organizaciones indígenas.

El colectivo realizó un mecanismo de trabajo que se basaba en recoger propuestas y visiones que alimentaran el proyecto ley. La mayor parte del contenido proviene de diferentes  actores sociales.

Este proyecto contiene 128 artículos y 10 disposiciones legales. Y considera como medios de comunicación social a las personas, empresas y organizaciones públicas, privadas y comunitarias, que prestan el servicio público de comunicación masiva usando como herramienta medios impresos, radiales, televisivos por suscripción, cuyos contenidos puedan ser generados a través de internet.

Entre sus principales propuestas tenemos elreparto de las frecuencias de radio y televisión en tres partes: 34 % para medios comunitarios, 33 % para medios públicos y 33 % para medios privados.

Actualmente según la Superintendencia de Telecomunicaciones el 85.5% de las frecuencias radiales son privadas, 12.9% públicas y 1.6% comunitarias. En el caso de la televisión, el 71% son privadas y el 29% públicas.

Recalquemos que la constitución política de Ecuador aprobada por el 64% de ecuatorianos, prohibió que las entidades o grupos financieros controlen la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social (Art 312).

Debido a esta situación el proyecto ley dispone que esa nueva distribución se alcance de manera progresiva, mediante la restitución de las frecuencias obtenidas ilegalmente  y la asignación de las todavía disponibles.

Para ello Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea dio a conocer que la Auditoría de Frecuencias, realizada bajo mandato de la Constitución, sería la base para determinar estas reversiones, que podrían ser más de 200.

Otra medida del proyecto ley es destinada a estimular la producción nacional, prevén la obligación de tener un 40 % de contenido nacional en los medios audiovisuales y 10 % de producción nacional independiente.

En las radios, el 50 % de la música debe ser producida, compuesta o ejecutada en Ecuador. Además, la publicidad debe ser producida en el país.

El proyecto Ley promueve la comunicación intercultural y plurinacional (artículos 15 y 35) y fomenta el desarrollo de los medios comunitarios mediante acciones afirmativas como crédito y exoneración de impuestos para la compra de equipos, acceso a capacitación, y participación en la publicidad estatal (art. 102).

También el proyecto obliga a los medios a responsabilizarse de las informaciones y opiniones que difundan; diferenciar las noticias de las opiniones; cuidar que los titulares se correspondan con los contenidos de las informaciones;  rectificar a la brevedad posible las informaciones y opiniones que se han demostrado falsas.

Se garantiza, además, los derechos de los profesionales de la comunicación, como la cláusula de conciencia, reserva de la fuente, el secreto profesional y derechos laborales.

Asimismo, plantea la creación de un consejo de regulación con delegados del presidente, las Alcaldías y Gobernaciones, las universidades y las organizaciones de comunicación y derechos humanos. Este consejo debe controlar la emisión de contenidos discriminatorios, racistas, violentos y sexuales

Uno de los temas más polémicos fue la titularización obligatoria de periodistas. El proyecto de Ley señala que quien ejerza en forma permanente el periodismo debe tener título profesional (salvo editorialistas, columnistas de ciertas secciones especiales y quienes comunican en idiomas indígenas). Se da un plazo de 6 años para que quien ya trabaja en un medio adquiera su título.

El proyecto el 11 de abril de 2012 fue sometido a votación en la Asamblea Nacional. La cual no fue aprobada por parte de la oposición de la derecha y los medios de comunicación tradicional.

La Asamblea a plazo la votación después que el legislativo aprobará que ese proceso se realice artículo por artículo, esto  se dio con el respaldo de 63 votos, 50 en contra y 11 abstenciones.

Son muchas las críticas que ha recibido este proyecto; por parte de la prensa comercial y sectores de la derecha, así como organismos internacionales como La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Pues es evidente que la ley afectará intereses poderosos, debido a que este sector tiene la mayor parte del espacio radioelectrónicos en su poder.

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