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Perú: ¿Cambio de orientación de la política agraria?

El gobierno debería aprovechar los esfuerzos internacionales que apuestan por la pequeña agricultura, como el de la FAO, que nombró a la primera dama, Nadine Heredia, como embajadora especial del Año Internacional de la Quinua.

Por Fernando Eguren*

5 de febrero, 2013.- En los primeros días de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dio un decreto supremo (001-2013-PCM) que declara 2013 como Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria. Esta declaración contrasta de manera radical con el discurso de Alan García

(para quien los beneficiarios del desarrollo rural eran considerados «perros del hortelano», y la seguridad alimentaria era un «concepto obsoleto »). Cabe preguntarse, por supuesto, si el contra discurso del gobierno de Ollanta Humala encierra simples palabras o realmente es un cambio prometedor de la política rural. Lo más importante del decreto supremo está en la parte considerativa, es decir, en las razones que esgrime el gobierno para ponerle dicho nombre al año 2013, el cual deberá ser consignado en todos los documentos oficiales.

Los objetivos, en el papel, del Gobierno central

El decreto supremo tiene varios aspectos interesantes. El primero es la declaración —en el considerando— de que el Poder Ejecutivo tiene la decisión de coadyuvar al cierre de brechas entre el campo y la ciudad, y que para eso prestará servicios a las poblaciones más alejadas. Ello contribuirá —se afirma— a que se agregue más valor a la producción agraria campesina. También se plantea que el Estado amplíe la frontera agrícola, coadyuve al desarrollo de tecnologías, al fortalecimiento de las capacidades de los productores y a la apertura de los mercados para la producción campesina andina y amazónica; y, también, a la mejora y ampliación de la infraestructura vial, a la conservación de los cultivos ancestrales y al cuidado de la diversidad agrícola. Todos estos ofrecimientos atañen al desarrollo rural.

En cuanto a la seguridad alimentaria, se declara el compromiso del Estado de luchar contra el hambre y la pobreza, resolviendo la disponibilidad y la disposición de alimentos en las familias, mejorando la dieta familiar y contribuyendo a la reducción de la desnutrición infantil.

El decreto supremo se da luego de una mayor asignación de recursos aprobados para la función agropecuaria de 2013 (S/.1,461.2 millones), lo que significa una elevación de aproximadamente 48% respecto del presupuesto de 2012 (S/. 983.81 millones(1)); de que el ministro von Hesse informase que en 2013 se destinarán S/.1,000 millones adicionales para fortalecer el riego en la sierra (80% para obras de infraestructura y 20% para capacitación y fortalecimiento institucional); de que se promulgue una ley que promueve el fortalecimiento de las cooperativas y que beneficia a decenas de miles de pequeños agricultores cafetaleros y cacaoteros.

Además, contribuyendo a este cambio de orientación en las políticas agrarias a favor de la pequeña agricultura, el gobierno de Humala puede aprovechar la declaración de la FAO que nombró 2013 como Año Internacional de la Quinua, cultivo producido casi íntegramente por minifundistas y pequeños agricultores andinos.

¿La agricultura por fin será prioridad para el gobierno?

Este 2013 podría ser, pues, un año de cambio de prioridades en el sector agrario, que pondría a la pequeña agricultura en el centro de atención. Pero no es sino una posibilidad, pues serían necesarias otras señales para concluir que, efectivamente, hay un viraje en las prioridades. Pareciera que con el incremento de recursos orientados a la pequeña agricultura, sin modificar la situación de privilegio de la gran agroexportación, el gobierno quisiera optar por mantener el statu quo agrario, pero en el que todos ganen aunque sea «alguito».

En efecto, nada se ha dicho, por ejemplo, sobre: a) el continuado proceso de concentración de tierras y consolidación de los neolatifundios; b) la realización de macroinversiones en irrigaciones costeñas para la agroexportación y biocombustibles, que parece continuará en beneficio de las corporaciones y grandes inversionistas; y c) el privilegiado estatus de los grandes agronegocios actuales, que continúan recibiendo subsidios vía el pago del 50% del impuesto a la renta y con menores costos laborales gracias a una generosa ley —para los empleadores y en perjuicio de los trabajadores agrícolas— que se mantiene incólume, y gracias a que la iniciativa legislativa que busca modificar dicho estatus está estancada.

También se debe recordar que el exministro de Agricultura, Luis Ginocchio, ofreció que el Ejecutivo tomaría una decisión —sobre la base de la información del nuevo censo agropecuario, el IV Cenagro— con respecto al tamaño máximo de las tierras de las empresas agropecuarias.

Ya se realizó el censo, y sus resultados podrían ser hechos públicos en muy corto plazo, pero parece que esta información se difundirá recién en junio, después de todas las demás.

Con el novedoso bautizo del año 2013, que hace referencia al desarrollo rural, el gobierno de Ollanta Humala por fin estaría dando señales de que prorizará la pequeña agricultura.

Las interrelaciones de nuestras diversas agriculturas

¿Puede coexistir armoniosamente un agro tan desigual? Desde hace algunos años, el Minag, tratando de dar cuenta de la necesidad de políticas agrarias diferenciadas, ha adoptado «oficiosamente » una caracterización de cuatro agros distintos, según nivel tecnológico, capacidad de acceso a servicios y articulación al mercado: a) de producción de subsistencia; b) familiar de pequeños negocios rurales; c) pequeña y mediana producción comercial; y d) agroexportación y agricultura intensiva(2).

El problema es que cada uno de estos tipos de agro aparece como un compartimiento estanco, que coexiste con los demás, pero sin interrelacionarse. Esta concepción estamental del agro peruano no se corresponde con la realidad, pues hay una estrecha interrelación entre sí. Así, la agroexportación depende, en buena medida, de la mano de obra que proviene de minifundistas (agricultura de subsistencia) que requieren de ingresos adicionales para subsistir: ambos agros se necesitan.

Por otro lado, los agronegocios, en la medida en que están involucrados en agricultura de contrato, compran las cosechas de los tipos de agriculturas b) y c); además, compran o arriendan tierras de estos mismos tipos de agricultura. En todas estas relaciones —como empleador o comprador de cosechas y tierras— hay asimetrías importantes, y la agroexportación está en posición de ventaja.

La reciente afirmación del presidente Humala, de que apuesta por el minifundio porque es rentable, a pesar de que los grandes agricultores dicen que «no es eficiente»(3), ¿será un anuncio, aún tímido, de que se pondrá alguna limitación a los beneficios extraordinarios de los que gozan esos «grandes agricultores»?

Notas:

(1) En el documento presentado al Congreso se detallan los recursos asignados a la función agropecuaria por S/.3,244 millones, de los cuales S/.1,611 millones corresponden a los programas presupuestales, lo que representa el 49.7%. Destacan el «Aprovechamiento de los recursos hídricos para el uso agrario », cuyos recursos concentran S/.1,227 millones, es decir, el 76.1%. <http://www.larepublica.pe/03-09-2012/el-presupuesto-fiscal-2013-para-la-agricultura-se-incremento-en-20>

(2) Minag. Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016. Abril de 2012, p. 19.

(3) Diario Gestión, 21 de enero de 2013.

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*Fernando Eguren es Presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

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Fuente: La revista Agraria N° 147: http://www.larevistaagraria.org/sites/default/files//revista/LRA147/Cambio%20de%20orientacion%20de%20la%20politica%20agraria.pdf

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