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Cerigua, 29 de enero, 2013.- Los generales en situación de retiro José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, deberán ser juzgados por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, según resolvió el juez Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quien consideró que existen pruebas suficientes de su implicación en las masacres cometidas en el área Ixil.
De acuerdo con la información, publicada en medios locales, el juez Gálvez hizo referencia a las actas ministeriales de 142 testigos, 126 certificaciones, 84 declaraciones y 61 peritajes presentados por el Ministerio Público; además leyó los decretos de la Ley Constitutiva del Ejército, como parte de un análisis de los medios de prueba.
En las afueras de la Torre de Tribunales representantes de organizaciones sociales y familiares de las víctimas del conflicto armado interno esperaban el resultado, con ceremonias mayas y la elaboración de un altar con fotos de los desaparecidos.
El Ministerio Público acusó a Ríos Montt de haber dispuesto del ejército para ordenar 15 masacres en las que habrían muerto 1 mil 771 indígenas de la etnia Maya Ixil; esto provocó que 29 mil familias de esa región fueran desplazadas a vivir en condiciones infrahumanas en las montañas.
Con respecto a Rodríguez Sánchez, ex director de inteligencia G-2, se le atribuye de haber implementado los planes operativos “Sofía”, “Firmeza 83” y “Plan Ixil”, que se desprendieron del plan de campaña “Victoria 82”.
El juez indicó que el conflicto armado interno fue reconocido a nivel internacional, tuvo seguimiento por la Organización de Naciones Unidas con una Comisión Verificadora de Derechos Humanos y leyó algunos testimonios de los sobrevivientes.
La defensa de Ríos Montt está en manos de varios abogados, entre los que sobresale Danilo Rodríguez, quien paradójicamente fue guerrillero por más de 22 años, argumentó que el ex jefe de Estado desconocía de las masacres.
Iduvina Hernández, activista pro derechos humanos destacó que “Guatemala da pasos positivos hacia la aplicación de la justicia”; empieza a verse luz al final del túnel de la impunidad que ha prevalecido en el país, anotó.
En tanto que Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), solicitó protección a los testigos, abogados de la parte acusador y al señor juez, quienes pueden ser objeto de intimidación.
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