Servindi, 19 de diciembre, 2012.- Las investigaciones en torno a la denuncia que hicieran hace más de dos semanas indígenas ayoreos de la comunidad de Cuyabia en contra de Rubén Quesnel, presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), por la venta de 25 mil hectáreas de sus tierras en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, no prosperan.
El caso se hizo público a fines del pasado mes cuando se dio cuenta de un documento, con fecha 2 de noviembre, que formaliza la transferencia de las tierras a favor de la Sra. Julia Beatriz Vargas Meza, de nacionalidad paraguaya, por 250 millones de guaraníes.
Por este motivo, a inicios de diciembre, la Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay (UNAP), de la que forma parte Cuyabia, denunció a Rubén Quesnel ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público por el delito de lesión de confianza y abandono.
Sin embargo, a decir de Emilia Cano, miembro de Alter Vida y abogada de la comunidad, hasta ahora ha prevalecido una absoluta indiferencia por parte del Poder Ejecutivo, al que acusa de corresponsabilidad, violación de derechos humanos fundamentales y corrupción.
La comunidad de Cuyabia y el derecho que la protege
Desde el 2010 la comunidad de Cuyabia que forma parte del pueblo Ayoreo la integran 19 familias y los indígenas en aislamiento que sobreviven en los bosques que aún quedan en la zona. Ellos contaron con el respaldo, aquel año, del Indi y de la Gobernación de Boquerón.
Esta presencia obliga al Estado Paraguayo a aplicar los estándares jurídicos en materia de protección establecidos por el derecho internacional en lo que se refiere a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La normativa jurídica la constituyen la Constitución Nacional, que en su capítulo V establece que la propiedad indígena está protegida y no puede ser transferida, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo la Declaración de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas y las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay.
Así también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción Paraguay no ha reconocido.
Gobierno esquiva el tema
Conocido el caso organizaciones como Alter Vida criticaron duramente al titular del Indi al que acusaron de violar las disposiciones de la Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas" arrogándose competencias que no le corresponden.
Por ello exigieron al presidente Federico Franco se ordene la nulidad de la transferencia del inmueble, se garantice la protección de los miembros de la comunidad de Cuyabia así como de los indígenas en aislamiento que se hallen en la zona, y se suspenda del cargo a Quesnel Velázquez.
Las demandas se hicieron casi a la par con la denuncia hecha por los originarios, sin embargo, hasta hoy no se ha obtenido de parte del Gobierno ningún pronunciamiento.
Incluso en un video que acompaña la presente nota se puede ver como el titular del Indi abandona un evento público ante los cuestionamientos surgidos de parte de la defensa de la comunidad.
Organizaciones respaldan a Cuyabia
Hace una semana la Federación de Asociaciones Guraníes de la Región Oriental del Paraguay emitieron un comunicado donde califican de “criminal” la venta de tierras de la comunidad de Cuyabia y manifiestan su respaldo a las acciones que tomen con el fin de recuperarlas.
A continuación presentamos documentos y una entrevista hecha a Emilia Cano, abogada de la comunidad de Cuyabia.
Comentarios
En Paraguay el pueblo nativo es tratado peor que en ningún otro país ?Cuando van a cambiar las cosas?
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