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Bolivia: Gobierno e indígenas no se ponen de acuerdo sobre comunidades consultadas

El vicepresidente Álvaro García Linera en Trinidad / Foto: Apg Agencia

Servindi, 10 de diciembre, 2012.- La consulta en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para la aprobación o no de una vía que la atraviese ingresa a una nueva fase luego que culminara oficialmente el viernes el proceso. Las organizaciones indígenas desestiman las cifras difundidas, mientras, el Gobierno se ratifica en ellas.

En una ceremonia celebrada en Trinidad el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, sostuvo que solo 11 de las 69 comunidades decidieron no ser consultadas. De las que sí lo permitieron 57 se pronunciaron a favor de derogar la intangibilidad de la reserva y 55 pidieron la carretera de 16,7 kilómetros.

Conocida la cifra, medios locales como Los Tiempos dan cuenta del inicio de una nueva etapa que tiene como escenario la declaración del Gobierno de dar por zanjado el tema y los pronunciamientos de las organizaciones indígenas que señalan que fueron muchas más las comunidades que le dijeron no a la vía.

Cuestionamientos a la consulta

Según las organizaciones indígenas los informes gubernamentales son falsos y niegan cualquier legitimidad a la consulta por su carácter extemporáneo. Es por esto que siempre se habló de una “post consulta”, debido a que las obras estuvieron en curso mucho antes de que se hablara de consulta.

Las denuncias hechas contra el gobierno de Evo Morales se refieren también a la creación de organizaciones indígenas paralelas a las que se buscó dar legitimidad para que su posición, a favor de la construcción de la carretera, tenga el peso conveniente para la autoridad nacional.

Las brigadas que se internaron en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a las que se les acusa de ingresar con regalos y ofrecer proyectos, tambien fueron motivo de cuestionamientos.

Según Bernabé Noza, secretario de Organización de la Subcentral TIPNIS, a por lo menos 35 comunidades se les hicieron los ofrecimientos a cambio de que firmaran las actas que decían estar a favor de la construcción de la carretera cuando ellos dijeron que no.

Debido a procederes de este tipo se acusa al gobierno de haber transgredido principios básicos de los procedimientos propios de los pueblos indígenas, no respetando lo que dice la Constitución Política del Estado ni el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los indígenas acusan  al Gobierno también de haber hecho la consulta solo a las comunidades del TIPNIS más próximas a la zona colonizada por productores de coca las que, según ellos, son las más interesadas en la incorporación del parque nacional al área de influencia de las organizaciones cocaleras.

Indígenas reafirman resistencia

Mientras que para el Gobierno ya es un hecho la construcción de la carretera y por lo mismo tramita el financiamiento, para las comunidades el tema no está zanjado. Es el caso de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) que dejó marcada su posición.

Laida Nuñez, presidenta de la CPEMB, manifestó que pese a las mentiras del gobierno, ellos continuarán con la resistencia en el TIPNIS para que una carretera no parta en dos la reserva natural.

Por su parte Bernabé Noza informó que en los próximos días la comisión de observadores que integró, junto a representantes de Derechos Humanos y de la Iglesia Católica, presentará un informe detallado sobre lo que en verdad ocurrió en las visitas a las comunidades.

Los veedores internacionales que acompañaron el proceso eran para numerosas organizaciones y otros sectores interesados en conocer la verdad de la consulta una esperanza ya que se esperaba de las mismas versiones imparciales sobre lo que iba aconteciendo.

Sin embargo, estas informaciones no se conocieron, al parecer, debido a que las acciones del gobierno estuvieron orientadas a que las versiones oficiales no pudieran ser contrastadas con versiones independientes.

Se espera para el próximo 17 de diciembre la entrega del informe del seguimiento realizado a este proceso que ha elaborado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que trabaja en la compilación de los datos.

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