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México: Presentan documento sobre reforma procesal penal y derechos indígenas

Servindi, 01 de mayo, 2012.- Con la finalidad de acercar las demandas indígenas a las reformas del proceso penal de México, se elaboró el documento “La protección de los derechos de los Pueblos indígenas a través de un nuevo sistema de justicia penal. Estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero”, por la Fundación para el Debido Proceso (DPFL, por sus siglas en inglés).

El documento fue elaborado por Silvina Ramírez, abogada especialista en derechos indígenas y consultora de DPLF.

Está dirigido tanto a operadores judiciales como a organizaciones de la sociedad civil y movimientos y organizaciones indígenas, para concientizar sobre la importancia de la incorporación de derechos indígenas en los nuevos códigos procesales penales.

A partir de la adopción del Convenio 169 de la OIT en 1989, las reformas constitucionales que incorporan clausulas de reconocimiento, así como la suscripción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, se consolidó un marco normativo que protege un conjunto de derechos que protegen su existencia como Pueblos.

Por su parte, los movimientos indígenas y organizaciones de derechos humanos quedaron “atrapados” en otras reivindicaciones más urgentes, soslayando la demanda legítima de participación en las reformas penales.

En primer lugar, el estudio describe someramente cuál ha sido la relación en América Latina entre el movimiento de reforma procesal penal y el movimiento que demanda por el respeto genuino de los derechos indígenas.

En segundo lugar, se analiza la normativa dirigida a la protección de los derechos indígenas en México, análisis que presenta una complejidad adicional dado que a la legislación nacional hay que sumar la legislación específica de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que se estudian en este caso.

En tercer lugar, se analiza la situación de la reforma procesal penal, focalizada en el estado de Oaxaca en cuanto a la implementación, anticipando, asimismo, los problemas que deberán enfrentar los estados de Chiapas y Guerrero en la puesta en marcha de los nuevos códigos.

En cuarto lugar, se señalan algunas instituciones ya incorporadas en la normativa de Oaxaca, y algunas otras que deberían ser tenidas en cuenta en otros estados que aún no finalizaron la etapa del cambio normativo.

En quinto lugar, se analizan las lecciones aprendidas, en el entendido que es a partir de un aprendizaje fruto de procesos que ya se encuentran avanzados que podrá mejorarse la calidad de las reformas.

Finalmente, se sugieren algunas líneas de acción enmarcadas en reflexiones que tienen como fuente tanto la situación latinoamericana como un todo, como aquella específica que hoy atraviesa México.

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