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Costa Rica: Piden cumplir Convenio 169 en consulta de reglamento a Ley de Biodiversidad

El País, 17 deciembre, 2008.- El Consejo Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), rechazó ayer la consulta del Poder Ejecutivo solo a dirigentes de Asociaciones de Desarrollo para decidir el apoyo o rechazo del Anteproyecto del Reglamento al artículo 78 inciso 6) de la Ley de Biodiversidad, y pidieron que se cumpla con lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tanto el CONAI, que aglutina a todas las organizaciones de los territorios indígenas, como diversas Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), sostienen que la verdadera consulta debe abarcar a todos los habitantes de los pueblos autóctonos.

El 26 de noviembre anterior, en una nota el Gobierno les otorgó diez días a los pueblos indígenas para que se pronuncien en torno al decreto en mención, que permite patentar el conocimiento y plantas, entre otros, de los pueblos originarios de nuestro país.

Una respuesta en tal sentido fue enviada a Marco Vinicio Ruiz, Ministro de Comercio Exterior; a Roberto Dobles Mora, Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y a Viviana Martín Salazar, Ministra de Justicia y Gracia.

El Vicepresidente del CONAI, Víctor Julio Mena Mena, vecino del Territorio Indígena Huetar de Quitirrisí de Mora, informó a las autoridades que la Junta Directiva de la organización hizo varias aclaraciones sobre la obligación y forma que tienen los Estados de consultar a los Pueblos Indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Explicó que el artículo 6 de dicho Convenio establece que los gobiernos deberán: "a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente";

"b) establecer los medios a través de los cuáles los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índoles responsables de políticas y programas que les conciernan";

"c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin".

"2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".

Procedimiento

El dirigente indígena Víctor Mena precisó que el Convenio deja en claro que la consulta a los pueblos indígenas sobre la expedición de cualquier Ley, Reglamento o medida administrativa que les afecte ha de hacer antes de iniciar cualquier trámite.

En cuanto a los procedimientos apropiados aclara que un evento de carácter meramente informativo, como se pretende hacer por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Ministerio de Justicia, "no, y reitero, no puede tomarse como un procedimiento apropiado de consulta previa, libre e informada ya que no constituye en ningún momento, el cumplimiento formal de la consulta a las comunidades indígenas en su totalidad".

Mena Mena resaltó que la consulta debe hacerse a través de sus instituciones representativas, que sería a través de las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas (ADI), de cada uno de los veinticuatro territorios indígenas existentes en Costa Rica.

Explicó que de esta forma, las ADI serían las facilitadoras para convocar a toda la comunidad indígena dentro del territorio, sean asociados o no a la misma.

"Dicho procedimiento consistiría en que la Asociación de Desarrollo como Gobierno Local proceda a convocar a toda la comunidad Indígena, para lo cual se le deberá de dotar de fondos y tiempo suficiente para ese proceso, entre otras cosas", apuntó Mena.

Sala IV

El dirigente recordó el Voto número 3003-92 de la Sala Constitucional que señala la obligación de "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".

De acuerdo con la Sala, el término buena fe implica tomar en cuenta y aplicar toda la normativa costarricense e internacional, así como la ya reiterada jurisprudencia, que reconocen los derechos de nuestros pueblos indígenas.

De igual manera implica que el gobierno costarricense "entregue previamente y con la debida antelación a nuestros pueblos indígenas toda la información necesaria acerca de la medida propuesta para que los éstos puedan tener la claridad y capacidad para decidir frente a la medida. Incluso buscar el asesoramiento necesario para estos casos".

En el voto, la Sala destacó que es fundamental que el Gobierno otorgue el tiempo necesario para que los pueblos indígenas puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y participar efectivamente en las decisiones tomadas de una manera que se adapte a sus modelos culturales y sociales, no plazos perentorios o de conformidad con exigencias legislativas a los cuales nuestros indígenas no están acostumbrados.

Además, que "la consulta debe de realizarse, en caso necesario, en la lengua indígena de la localidad".

Para el CONAI, Costa Rica es un país en el cual existen ocho grupos étnicos, divididos en nueve grupos autóctonos, los cuales tienes diversas lenguas y costumbres, por lo que es fundamental que en todos los casos se respete el lenguaje y costumbre de los mismos, sobre todo aquellos que conservan y mantienen en forma más arraigada su cultura.

"En lo que se refiere a Costa Rica, nueve grupos autóctonos subsisten en diferentes "reservas" o territorios que suman unos 30,000 habitantes, o sea un 1% de la población nacional, aproximadamente. Ellos son:

a) Bribri: 6.700 miembros. Viven en los cantones de Talamanca, provincia de Limón y de Buenos Aires provincia de Puntarenas hasta el pacifico sur.

b) Cabecar: 8.300 miembros. Viven en el cantón de Talamanca, de Limón: en Chirripó del cantón de Turrialba, Provincia de Cartago y en Buenos Aires de Puntarenas.

c) Brunca (borucas: 2660 Miembros, habitan en Buenos Aires de Puntarenas.

ch) Huetar: 855 Miembros, Viven en el cantón de Mora, provincia de San José.

d) maleku (Guatuso): 520 personas, Habitan en Guatuso de la provincia de Alajuela.

e) Matambú (Chorotega): 793 Personas. Viven en los cantones de Hojancha y Nicoya de la provincia de Guanacaste.

f) Teribe (Térraba): 1.504 personas. Viven en Buenos Aires de Puntarenas. 8.000 hectáreas.

G) Guaymi: 2.036 personas, Habitan en los cantones de Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa de la provincia de Puntarenas".

Finalmente, Víctor Mena advirtió que de no ser así, se estaría negando el derecho de consulta a aquellas personas que no hablen o lean el idioma español, como en el caso de los indígenas mayores, además, la documentación traducida serviría de valioso apoyo en el proceso consultivo.

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Fuente: Nuestro País

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Comentarios

Excelente información
Efectivamente el concepto de consulta planteado por el convenio 169 de la OIT resulta mucho más amplio que el propuesto por el gobierno, en ese sentido esta bien que la CONAI no acepte una consulta parcial, y claramente desleal y de mala fe como el propuesto.
Para un tema tan sensible como la biodiversidad y especialmente para el tema de propiedad intelectual, es fundamental que todos los indigenas participemos de este proceso.

Saludos

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