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México: Demandan castigo para asesinos de comunicador indígena Bernardo Vázquez

El crimen no puede quedar impune. Piden suspensión de minera

Por Genaro Bautista/AIPIN

20 de marzo, 2012.- El asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), en el estado de Oaxaca, la noche del 15 de enero, quien fue opositor al establecimiento de mineras en pueblos indígenas, ha desatado una airada indignación y condena unánime de amplios sectores, sociales, políticos y de organismos internacionales.

Saúl Vicente Vázquez, del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, emplazó al Gobierno de México a encontrar y castigar a los culpables de este hecho y calificó de cobarde el asesinato.

“Este ataque se suma a la cadena de agresiones que ha sufrido esta organización y la comunidad de San José el Progreso, donde actúa un grupo armado, presumiblemente defensor de la minera Cuzcatlán, como lo señaló Bernardo en una entrevista que le realicé un par de meses atrás”, apunta Saúl Vicente.

Subrayó que los resultados del encuentro con Bernardo Vázquez Sánchez lo reportó ante el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU, durante el informe de México ante ese órgano internacional quien emitió duras recomendaciones al Gobierno mexicano.

Saúl Vicente, zapoteco del istmo de Oaxaca, exige el esclarecimiento de este homicidio y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de este hecho. No debe quedar impune, sostiene.

De manera inmediata pide la suspensión de la concesión de la empresa minera, quien no está cumpliendo con la normatividad al tomar el agua de la comunidad para las actividades de su empresa, cuando esa zona se caracteriza por contar con escasez de ese vital líquido, lo que pone en riesgo la sobrevivencia misma de la comunidad, aunado al proceso de explotación a cielo abierto y el proceso de lixiviación para extraer el mineral, lo cual puede llevar a la contaminación de los mantos freáticos, señala.

Bernardo Vásquez Sánchez cayó muerto en una emboscada en Santa Lucía, Ocotlán. Recién, el pasado 18 de enero, fue igualmente abatido Bernardo Méndez Vásquez, también de CPUVO, manifestó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del istmo (Ucizoni), así como la Coordinadora del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca.

Es otro crimen que permanece impune, a pesar de que fueron identificados plenamente los autores materiales, entre ellos, empleados y familiares de Mauro Alberto Sánchez, presidente municipal de San José del Progreso estrechamente ligado con la minera canadiense y quien públicamente amenazó a Bernardo Vázquez, señala la Ucizoni. Apenas el 19 de enero pasado, Vásquez Sánchez, cuestionó duramente el gobierno de Gabino Cué por su incapacidad para resolver el conflicto que priva en San José del Progreso y de prestarse a los intereses de la minera Cuzcatlán.

En una conferencia de prensa en ese entonces, acusó al edil de San José del Progreso de ser quien dio la orden de la balacera que dejó dos heridos unos días antes, cuando la Policía Municipal reprimió a los inconformes con el tendido de una tubería para llevar agua a la mina Cuzcatlán.

La muerte del dirigente tuvo reacciones inmediatas de grupos civiles.

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Servicios del Pueblo Mixe, Ser Mixe, Servicios para una Educación Alternativa EDUCA, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño BARCA, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO, repudian el asesinato y cuestionan la actitud pasiva e indolente del gobierno de Gabino Cué Monteagudo sobre este caso y ante el conflicto social y político de San José del Progreso.

Las organizaciones reiteran su denuncia contra la empresa minera Cuzcatlán quien cuenta con grupos armados al interior de la comunidad y tiene todo el respaldo de las autoridades municipales y estatales, subrayan. Una de estas cuadrillas de pistoleros forman parte de la “Asociación Civil San José Defendiendo sus Derechos”, revelan. La comunidad nacional y local, responsabiliza al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez y a la empresa minera Cuzcatlán por los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez.

Las organizaciones civiles, exigen que se respete la demanda principal de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes piden la salida inmediata de la empresa minera, dado que a raíz de su entrada y por sus actos de corrupción se han generado diversos enfrentamientos en la comunidad, terminando con la vida de dos defensores de derechos humanos.

En la emboscada donde murió Bernardo Vázquez, fueron heridos Rosalinda Canseco y Andrés Vásquez Sánchez.

El occiso había alertado desde 2008 sobre posibles enfrentamientos en la comunidad de San José del Progreso, a raíz de la entrada de la empresa minera Cuzcatlán S.A de C.V. filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, quien inició sus operaciones sin el consentimiento de la comunidad.

En repetidas ocasiones los miembros de la CPUVO denunciaron que la empresa minera estaba financiando a grupos armados en la comunidad con el aval del presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez.

Las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas denuncias, al grado de afirmar que el grupo inconforme solo buscaba desestabilizar a la comunidad, cuando se trata de indígenas que defienden su pueblo y sus recursos naturales.

Por su parte, Ucizoni se unió a la condena generalizada por el asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez, quien encabezara una intensa lucha en contra de la minera canadiense Cuzcatlán filial de la trasnacional Fortune Silver.

La empresa minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc, violenta lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, que instituye la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas, apunta la Coordinadora del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca.

Los pueblos indígenas, sus organizaciones y defensores de los derechos humanos, al igual que la ONU, demandan que el gobierno estatal garantice de manera urgente que los territorios indígenas de Oaxaca no sigan siendo objeto de concesión o contrato para obras y empresas públicas y privadas sin considerar el Convenio 169 de la OIT, en especial los proyectos de construcción de presas, explotación de minerales, de industrias extractivas y aprovechamiento de energía eólica.

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Fuente: http://alainet.org/active/53452

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