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América: Organizaciones de 29 países preocupadas por últimas medidas de la CIDH

23 de febrero, 2012.- Doscientas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por las últimas medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afectarían directamente a la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos humanos, en especial, de pueblos indígenas.

El pronunciamiento de las organizaciones que trabajan en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en los países americanos observan un giro inquietante de la CIDH al haber modificado o rechazado medidas cautelares que hubiesen evitado daños irreparables e inminentes a las comunidades amenazadas por proyectos a gran escala.

Se menciona por ejemplo la decisión más reciente tomada el 7 de diciembre de 2011 en la que se modificaron las medidas cautelares que protegían a 18 comunidades indígenas maya mam y maya sipakenses afectadas por una mina grande de oro a cielo abierto —la Mina Marlin— en el altiplano occidental de Guatemala.

En ese caso, la CIDH modificó su resolución y revocó la solicitud de suspensión de operaciones de la Mina Marlin a pesar de que las personas afectadas, respaldadas por estudios independientes denunciaban que dicha mina contamina el agua potable de las comunidades y que existían amenazas a la seguridad personal de los defensores del medio ambiente.

Las organizaciones aseguran que con el cambio de decisión el Gobierno pierde motivación para proteger los derechos de las comunidades y efectuar las investigaciones correspondientes, pues a consecuencia de ello tanto la minera como el Gobierno han desacreditado públicamente las demandas comunales y justificado de este modo que la mina continúe operando.

En agosto de 2011 la CIDH también modificó su resolución de medidas cautelares para el Gobierno de Brasil, en la que solicitaba suspender la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte actualmente en contrucción sobre el Río Xingu, estado de Pará.

A pesar de que el proyecto perjudicará a cientos de comunidades indígenas y campesinas, el gobierno de Brasil reaccionó ante las medidas cautelares retirando a su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y suspendiendo su aporte financiero anual.

Según la prensa brasileña, el gobierno normalizará sus relaciones con la OEA sólo "después de que la CIDH, entidad responsable del conflicto, sea reformada." Asimismo, el gobierno se ha negado a dialogar con las víctimas y con la CIDH, y no se presentó a una reunión de trabajo con la CIDH en Washington, para la cual una dirigente indígena viajó desde el Amazonas.

Las organizaciones señalan que en muchos de estos casos, el mecanismo de medidas cautelares es la única esperanza de las comunidades para la prevención de violaciones a los derechos humanos, incluyendo daños irreparables al derecho a la vida, al territorio, a la cultura y al medio ambiente, por ello es que solicitan que, en beneficio de las comunidades afectadas y de muchas otras, la CIDH se mantenga firme en su compromiso de proteger los derechos humanos contra amenazas, en especial las provocadas por los grandes proyectos.

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