Servindi, 28 de diciembre, 2011.- El Estado peruano respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la medida cautelar solicitada por las organizaciones indígenas del país por la declaratoria de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca.
Así lo informó el procurador supranacional Luis Alberto Salgado quien explicó que la medida fue presentada ante la CIDH por un grupo de organizaciones no gubernamentales en el marco del paro contra el proyecto minero Conga.
"Hemos informado que el estado de emergencia que se había planteado ya fue levantado y que existe un proceso de negociaciones con las poblaciones campesinas y organizaciones de Cajamarca”, acotó el procurador.
Así mismo, informó que se ha informado a la Comisión sobre el cese del estado de emergencia en Cajamarca y se encuentran a la espera de la respuesta de la CIDH.
Salgado también mencionó que se ha informado del proceso de conversaciones y diálogo que se tiene con Cajamarca.
La medida cautelar
El pasado 1 de diciembre, el Pacto de Unidad de organizaciones indígenas solicitó medidas cautelares ante la CIDH, a favor de autoridades y miembros de pueblos indígenas, comunidades campesinas, rondas y población en general de Cajamarca.
A través del documento, el Pacto de Unidad solicitaba que la CIDH demande al Estado peruano, cesar “la represión ilegítima e ilegal que el Estado ha ordenado contra los pueblos que habitan el Departamento de Cajamarca”.
Además, “el retiro inmediato de las fuerzas policiales y militares de la zona de la laguna Perol y Azul, del departamento de Cajamarca.”
El Pacto de Unidad está conformado por cinco organizaciones indígenas nacionales: la Asociación Intercultural de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación Nacional Agraria (CNA).
Además, la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
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