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Colombia: Mirando al Sur

Por Efraín Jaramillo Jaramillo*

Introducción

La Colombia actual se viene partiendo en dos países: el del Norte, anegado por las aguas y el del Sur inundado por grupos armados que imponen la ley y riegan el territorio de sangre, coca y palma aceitera. El país del Norte de tierras fértiles de los valles interandinos, del altiplano cundiboyacense y de las llanuras de la Costa atlántica, contrasta con el país del Sur, de tierras yermas.

El país del Norte, donde crece la actividad industrial, el país del Sur donde sólo prosperan los negocios del narcotráfico y las agencias captadoras de ahorros, que progresan sólo esquilmándole bienes a los incautos, como las pirámides de DMG en el Putumayo y DRFE en Nariño. Aunque esto no es exclusivo del país del Sur, estas actividades y la corrupción que generan, son allí más abundantes.

Como para que no perdamos de vista que estamos todavía lejos de alcanzar la paz y que los que se ocupan del posconflicto se están quedando con los “crespos hechos”, se continúan registrando en Colombia excesivos hechos sangrientos. No obstante hay variaciones en esta violencia que es necesario examinar.

Mientras en el país del Norte la violencia contra la gente del campo amaina, persevera tercamente en el país del Sur, principalmente en los departamentos del Cauca, Nariño y Putumayo, donde se concentran buena parte de las diferentes Bandas Criminales (BACRIM). También a esos territorios del Sur se dirigió Alfonso Cano, cuando rompiendo con la tesis del fundador de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, para el cual la cordillera central era la “cordillera de la muerte” -recuerden ‘Marquetalia’-, decidió trasladar allí buena parte de la tropa de los más importantes frentes, entre ellos el Oriental, regresando a los territorios del Sur donde nacieron: territorios en su mayoría poblados por indígenas que desde hace cuatro décadas vienen peleando palmo a palmo por recuperar sus territorios ancestrales y que se niegan a ser integrados en el orden económico y político del Estado colombiano.

A esa región excluida del desarrollo y que ha vivido todas las violencias que ha tenido el país, vino para quedarse este grupo guerrillero, que aglutina su poder bélico preparando el ‘Armagedón’, que de efectuarse arrastraría al país del Sur hacia el desastre final.

A su vez el Estado es diligente y eficiente para proteger el país del Norte, el de los poderosos intereses económicos de ganaderos y cañicultores, de empresarios de la palma aceitera y otras industrias. Sin embargo este ímpetu protector se va esfumando en la medida que baja al país del Sur y se interna en territorios de indígenas y negros. Allí el Estado no encuentra intereses que valgan la pena defender. Son territorios empobrecidos, además de secundarios. Son de propiedad colectiva y están habitados por gente de poca valía.

Este derroche de violencia en el país del Sur se presenta principalmente en territorios habitados mayoritariamente por población indígena y campesina y para el caso del Pacífico Sur, por población afrocolombiana. Precisamente en territorios donde los pobladores hacen esfuerzos por escapar a la inclemencia de la guerra interna y ensayan fórmulas nuevas para salir del “gueto de la insignificancia” y llegar a ser respetados por todas las fuerzas armadas, incluidas las del Estado.

Lo que más perturba a estos pueblos es que a la par que aumentan las acciones armadas, aumentan aquellas actividades económicas que explotan los bienes de la naturaleza y el subsuelo de sus territorios, que junto a la ampliación de los cultivos ilícitos en el Pacífico, modifican la estructura productiva de estas regiones y desestabilizan las economías propias de las comunidades.

Este texto enuncia estos hechos violentos como el capítulo más revelador de la tragedia humanitaria que viven indígenas, afrocolombianos y campesinos de estas regiones sureñas y señala un tema poco tratado por los estudiosos de la violencia, las consecuencias más nefastas de la desterritorialización de indígenas y afrocolombianos, que son los cambios anímicos provocados por la barbarie, que modifican los contenidos de la conciencia y destruyen en la población nativa los vínculos más sensibles y espirituales con el territorio, que es la fase final que cierra el círculo del desarraigo.

* * *

El primer aspecto que queremos señalar para introducir esta problemática, es el estancamiento económico de estas regiones y por lo tanto el crecimiento de las necesidades básicas insatisfechas de la población, principalmente las que se relacionan con la alimentación. Esto tiene que ver con el aumento de la agricultura de plantación (coca, amapola y palma aceitera), el consiguiente desplazamiento de la población de las tierras más productivas y por supuesto los estragos que este cambio en el uso del suelo ha causado en la generación de alimentos.

El segundo aspecto es que este cambio en el uso de los suelos no sólo ha generado pobreza a su alrededor, sino que viene concentrando la tenencia de la tierra en pocas manos. Estos nuevos “propietarios” de la tierra vienen consolidando, junto con sus mentores políticos, una institucionalidad que impide cambios sociales y económicos en estas regiones, ampliando la exclusión de la población indígena, negra y campesina, y proscribiéndoles un futuro digno.

El tercer aspecto a mencionar es que este proceso de expropiación territorial, de enajenación productiva y de exclusión social y política, está terciado por el terror a una población que tiene que aceptar que actores armados intervengan en sus territorios y en su vida social. Esta violencia es más cruenta allí donde estos actores armados, que aunque difieren política e ideológicamente, coinciden en los mismos intereses económicos y se disputan las rentas de economías ilícitas, el dominio de territorios y el control de la población, iniciándose una contienda caracterizada por la barbarie, que es descrita ejemplarmente en los testimonios recogidos por Alfredo Molano en su libro “Del otro lado”.

Como ya se ha confirmado, la razón de esta crueldad es descolocar al adversario para arrebatarle el capital político que puede haber construido con la población. Las acciones deben ser por eso de una crueldad extrema para que por medio del terror, la angustia y la paralización de los sentidos, los pobladores abandonen el orden que su adversario construyó. El mensaje es para los que quedan vivos, pues son los que deben acoger la nueva ideología y aceptar la intervención en sus vidas y el dominio del nuevo actor armado. Naturalmente que estas acciones criminales y la inclusión ideológica de la población por medio del terror, tienen como fin apropiarse de las rentas, principalmente las generadas por el narcotráfico.

El cuarto aspecto que queremos mencionar, es que cada vez es más acendrado el conocimiento de que las actividades productivas que producen arraigo territorial en la población indígena, son aquellas que tienen que ver con el cultivo de alimentos. Y a la inversa aquellas actividades económicas que mercantilizan los bienes naturales de los territorios, como la agricultura de plantación y la minería, que responden a demandas externas a la región y que para nada satisfacen las necesidades de la población nativa, enajenan los territorios, iniciándose en a población nativa un proceso de ruptura cultural con sus territorios.

El ejemplo más fehaciente es el de la plantación de palma aceitera para la producción del mal llamado “biodiesel”, pues para instalar las plantaciones de palma aceitera, vienen siendo arrasadas selvas naturales, con toda la biodiversidad que ellas encierran, destruyendo con ello también sistemas de vida de poblaciones ancestrales del Pacífico. El término ‘bio’ para denominar este producto agroindustrial es inexacto. Es más apropiado llamarlo “tanatosdiesel”, pues es una actividad que causa la muerte a hábitats naturales de gente que vive en el bosque, del bosque y fundamentalmente con el bosque.

Nunca antes se había presentado tal magnitud de desarraigo en el Pacífico, como el que se ha venido dando con la aparición masiva de los cultivos de coca y palma aceitera. Por esta razón, junto a la devastación ambiental y la violencia que estos dos cultivos han ocasionado en la región, se deben considerar no sólo como cultivos ilícitos, sino como delitos de lesa humanidad.

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Pocos relatos han sido tan eficaces simbólicamente para la unidad y movilización cultural de los pueblos indígenas como aquellos que se refieren al territorio como fuente de vida, como base de toda existencia biológica. Estos relatos poseen la magia de fundir a los individuos de un pueblo en un sujeto colectivo. Aunque esta verdad es muy acreditada, paradójicamente son pocas las experiencias indígenas que se han basado en la importancia de los mitos para forjar la unidad de sus comunidades.

Una de estas experiencias la encontramos en el pueblo embera katio del Alto Sinú, que encontró en el mito sobre el origen del agua, la fuerza para unirse y movilizarse. La conclusión más elocuente que podemos sacar de esto es que este mito no sólo era real porque existía como metáfora y se le atribuía sabiduría en la cultura embera. También era real porque este relato tuvo la eficacia simbólica para inducir un proceso de recuperación de la autoestima que llevó a los embera katio a reconocerse como pueblo. Y por supuesto como pueblo iniciaron la contienda para defender su territorio.

Esto sucedió en el departamento de Córdoba, al Norte de Colombia. Pero también había sucedido 25 años antes en el Sur con los indígenas Páez, cuando aferrándose a los relatos de su mítico héroe fundador, Juan Tama De la Estrella, la saga de su cacica Gaitana y la gesta del terrajero Manuel Quintín Lame, decidieron insubordinarse y contender a los terratenientes y a las autoridades gubernamentales y eclesiásticas, compelidos por la necesidad de tierras para su sobrevivencia.

En ambos casos se trató de la defensa de territorios imprescindibles para su sobrevivencia cultural y biológica. No eran entonces sólo territorios alegóricos como lo señalaban los relatos míticos, eran también territorios tangibles, medibles en hectáreas, necesarios y aptos para la producción de alimentos.

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En el módulo sobre tierras, territorios y conflictos de la “Escuela interétnica para la resolución de conflictos” que orienta el Colectivo de Trabajo Jenzera con población negra, indígena y campesina del Pacífico Sur, una alumna negra planteó la diferencia entre ‘territorios femeninos’ y ‘territorios masculinos’ queriendo con ello dar a entender que los primeros eran generadores de vida por cuanto eran espacios sociales comunitarios sobre los cuales gravitaban el bienestar social y cultural y la alimentación de la población, asegurando su permanencia en el territorio. Mientras que los segundos eran funcionales a intereses de empresas que valoraban, ordenaban y disponían de los bienes naturales del suelo y subsuelo de los territorios, según los dictámenes de un mercado, que en principio era masculino.

No estoy seguro si esta distinción es acertada y no es más que una extrapolación caprichosa al territorio, de la dualidad femenino/masculino en la psicología de género. Pero de lo que si estuvimos todos seguros es que esta sugerente apreciación de la estudiante desató una entusiasta discusión que involucró a todos los presentes, atravesando géneros, culturas y edades, permitiendo que se dilucidaran una serie de cambios psicológicos en las comunidades respecto a sus territorios como espacios de vida, que se vienen presentando en la medida en que son invadidos por intereses muy diferentes a los de estos pueblos.

El debate permitió además que emergiera de la memoria las reflexiones que hicieron los pobladores negros, indígenas y campesinos del río Naya, sobre sus territorios, después de la masacre paramilitar de abril de 2001. Estas reflexiones que en ese entonces habían hecho los nayeros fueron motivadas por la necesidad de superar barreras étnicas para construir un territorio social interétnico y unas relaciones interculturales que los blindaran de aquellas “…relaciones de poder que definen fronteras móviles entre la vida y la muerte, la dominación y la autonomía, la inclusión y la exclusión.”, como lo expresa Anne-Lise Naizot, en un contexto territorial del pueblo indígena awa del Ecuador.

Un pensamiento en especial enriqueció el debate. Se trató de aquella analogía que, durante los encuentros interétnicos del Naya de los años 2003 y 2004, se establecía entre el territorio-cuenca del río Naya y el cuerpo humano: El cuerpo humano no es una conjunción de partes independientes. Por el contrario, es una unidad de órganos, venas, nervios y músculos con funciones y fuerzas orientadas a mantener con vida al cuerpo. Así mismo es el territorio-cuenca del Naya con su gente, ríos, bosques, mar, manglares y fauna.

Los indígenas y los afrocolombianos habían establecido con ese territorio-cuerpo del Naya una interacción “simbiótica” y unas relaciones simbólicas, similares a las que existen entre los hijos y la madre. Pero también habían construido redes sociales que fortalecían y elevaban sus capacidades políticas y por lo tanto protegían a las comunidades frente a futuras intrusiones externas, que en aras de apropiarse de sus territorios y bienes naturales, destruyen sus vínculos con el territorio y las relaciones interétnicas.

Cuánta falta hace hoy día este tipo de analogías que establecían los pobladores negros, indígenas y campesinos con sus territorios. Más ahora que sobre ellos se ejercen presiones territoriales para continuar ampliando la frontera extractiva de los bienes naturales del subsuelo, bosques, ríos y manglares, y expandir la frontera agrícola para los cultivos de coca y palma aceitera, devastando los “territorios femeninos”, desplazando a las mujeres de sus huertos y perjudicando no sólo la producción de alimentos para sus hijos, sino también hiriendo su dignidad, ante todo afectándolas anímica y espiritualmente.

Ese es el caso de las mujeres piangüeras negras e indígenas del Bajo Naya que ya no pueden ir a sus manglares a recolectar la piangua, pues este territorio dejó de ser femenino para entrar a hacer parte del engranaje de la economía de la coca. De allí que se encuentren construyendo parcelas agroforestales alejándose de estos espacios de vida violentados. Pero aún allí no encontraron sosiego, pues sus cultivos fueron destruidos por las fumigaciones a las plantaciones de coca.

Sin embargo empezaron de nuevo y reconstruyeron sus huertas con más perseverancia que antes, pues saben que ese es su más significativo espacio de vida. “Por eso -y porque la huerta es femenina- hay tantos hombres que encuentran la paz en ella.” (Montse Escutia).

En la evaluación de la Escuela Interétnica quedamos todos comprometidos a mantener con vida esta visión sensible sobre los territorios, más ahora que todos los actores armados los vienen cubriendo con un manto de sangre y ya no es solo la expansión de la frontera de un modelo de producción mercantil la que arrolla los territorios colectivos de indígenas y negros. Es la violencia a estos pobladores la que acompaña esta expansión, conduciendo a que al ecocidio se añada el etnocidio, al extender sobre estos territorios de vida una frontera de muerte.

Matía Mulumba, Buenaventura, noviembre de 2011

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* Efraín Jaramillo Jaramillo es antropólogo colombiano, director del Colectivo de Trabajo Jenzerá, un grupo interdisciplinario e interétnico que se creó a finales del siglo pasado para luchar por los derechos de los embera katío, vulnerados por la empresa Urra S.A. El nombre Jenzerá, que en lengua embera significa hormiga fue dado a este colectivo por el desaparecido Kimy Pernía.

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