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Perú: Pueblo Chanka de Apurímac exige Comisión de la Verdad sobre la Minería

Servindi, 19 de octubre, 2011.- Las organizaciones representativas de los pueblos y comunidades de la región Apurímac suscribieron la Declaración del Pueblo Chanka, en la que exigen la formación de una Comisión de la Verdad sobre la Minería, la restitución del Indepa y la revisión del estudio de impacto ambiental del Proyecto Las Bambas.

Tal y como lo acordó el gran Foro de los Pueblos realizado en Arequipa -paralelo y alternativo a la convención de empresarios mineros Perumin- el magno certamen de Apurímac reiteró el pedido al gobierno de crear una Comisión de la Verdad sobre la Minería.

Dicha comisión debe investigar el desempeño de la minería desde la época de los 90, para que en un plazo razonable informe al país y a la nación la situación real de los impactos sociales y ambientales ocasionados por la minería, y que el empresariado se niega a reconocer y pretende ignorar.

El evento, que congregó numerosos delegados de base, también demandó "un espacio de diálogo directo con el Estado peruano" y que el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuano (Indepa) recupere su rango ministerial tal y como fue concebido en su ley de origen.

Respecto al proyecto Las Bambas demandan que el Ministerio del Ambiente sea el principal ente rector y regulador para aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) y se revise el EIA de dicho proyecto porque no contó con la participación de los comuneros de Cortabambas.

El evento regional que culminó con una marcha pacífica y concentración pública denunció que más del 60 por ciento del territorio departamental se encuentra concesionado a favor de empresas mineras sin haberse respetado el derecho a la consulta previa.

Ante ello demandan la anulación de las concesiones inconsultas y se organice un proceso de zonificación económica y ecológica para un ordenamiento territorial con participación de las comunidades.

Señalaron que la empresa Southern Perú realiza hostigamiento a dirigentes de la comunidad de Tapayrihua por el hecho de defender el buen vivir comunitario y la Pachamama. Al respecto, pidieron la derogatoria de los decretos legislativos que criminalizan la protesta social, nefasta herencia del gobierno de Alan García.

La Declaración del Pueblo Chanka-Apurímac recoge la preocupación de las comunidades por los efectos del cambio climático y señala que la actividad minera agrava sus impactos al ubicarse en las cabeceras de cuenca de los ríos Antabamba, Chalhuanca, Vilcabanba y Pampas.

Exigen la prohibición de la minería a tajo abierto y se declare a las cabeceras de cuenca como zonas libres e intangibles de minería para proteger y asegurar el abastecimiento de recursos hídricos para uso agropecuario y humano.

Sostienen que no aceptarán el saqueo de la actividad minera sin que se brinden garantías jurídicas a la propiedad territorial de las comunidades, se garantice el control y sanción ambiental y se les brinde participación societaria.

También observan que el incremento de la minería informal en territorios comunales es instigado por agentes y operadores de las empresas transnacionales, y generando enfrentamientos entre comuneros, en complicidad con autoridades regionales y locales.

Finalmente, fijan un plazo máximo de seis meses para que el gobierno nacional, regional, local y las instancias correspondientes atiendan los pedidos de los pueblos y comunidades de Apurímac; luego del cual evaluarán y adoptarán las medidas para asegurar su implementación.

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Declaración del Pueblo Chanka - Apurímac

Abancay, 11 y 12 de octubre, 2011

Nosotros, las organizaciones representativas de las comunidades y pueblos de Apurimac, como FARA, FEMURA, REDJA, CROAVPA, FERCCAPA, Frentes de Defensa y las comunidades de: Abancay, Aymaraes, Antabamba, Cotabambas, Chincheros, Grau y Andahuaylas; reunidos en el Foro Regional de los Pueblos, en la ciudad de Abancay, del 11 al 12 de octubre del presente año, convocados por la Corecami Apurímac; analizamos los problemas en nuestras comunidades y coincidimos e identificamos que, en la actualidad el mundo, nuestro país y nuestra región, atraviesa por una serie de cambios y crisis, pues somos testigos y víctimas de las crisis: políticas, económicas y sociales. De los cuales el más resaltante y urgente problema a resolver es el cambio climático, al cual no somos ajenos, porque nos vemos afectados gravemente, así como nuestro medio ambiente, nuestra salud y por tanto nuestra calidad de vida.

Nuestra región, rica en recursos naturales, se ve seriamente afectada por estos cambios, nuestras comunidades y su población, que depende de dichos recursos experimentan y ven con preocupación e indignación, como esta situación se multiplica y sigue en avance, vulnerando sus derechos fundamentales.

Asumiendo como principal y directo responsable de esta crisis, a la aplicación del modelo neoliberal extractivista imperantes no solo en nuestro país, sino también en la mayor parte del mundo. Frente a lo cual nuestras comunidades se unifican y fortalecen, con el fin de proteger nuestra biodiversidad, medio ambiente, territorio, recursos naturales y en esencia nuestras propias vidas, apelando al respeto a nuestros derechos.

Nuestro país, hoy cuenta con un nuevo gobierno, en el que el discurso vislumbra y alienta propuestas de cambio, planteando crecimiento económico: Equitativo e Incluyente, para así empezar la transformación que tanto necesita nuestro país. Sin embargo, los recientes acontecimientos políticos, expresadas en iniciativas desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, como la Ley de Consulta y el Gravamen Minero, acordado con las Empresas Mineras, no nos dan la seguridad ni convicción de que el Gobierno entrante, garantizará la incorporación e implementación de las visiones e intereses de los pueblos indígenas, en la ejecución de las políticas públicas del país.

Entonces, es en este escenario regional de las comunidades de Apurimac: Abancay, Aymaraes, Andahuaylas, Antabamba, Cotabambas, Chincheros y Grau, agrupadas en la Coordinadora Regional de las Comunidades Afectadas por la minería. (CORECAMI-APURIMAC) presentamos nuestras demandas y conclusiones al gobierno y al sector empresarial minero.

Tales propuestas y conclusiones responden a un arduo trabajo de debate y análisis, profundizado durante el FORO REGIONAL DE LOS PUEBLOS, que se llevó a cabo del 11 al 12 de octubre, del 2011, en la ciudad de Abancay. Reafirmándonos en nuestra obligación moral y el derecho de exigir al presente gobierno, la inclusión de nuestras demandas y propuestas y cumpla así, sus compromisos electorales y se reafirme y ejecute el reconocimiento, la protección y respeto de nuestros derechos humanos: individuales y colectivos.

Por tanto;

Exigimos:

1.- Que la Ley de Consulta Previa aprobada, es un avance en la reivindicación política de las comunidades y pueblos indígenas, pero también reconocemos, que tiene vacios técnicos en su contenido; por lo que exigimos que se precise y defina esos vacíos en la reglamentación de la Ley de Consulta Previa y se avance hacia una ley marco para los pueblos indígenas y originarios.

2.- Las comunidades y pueblos indígenas, necesitamos un espacio de diálogo directo con el Estado Peruano en igualdad de condiciones para ello exigimos la restitución del INDEPA de acuerdo como fue creado con la ley primigenia con rango ministerial. Ya que el gobierno no da señales de un posible debate, en la agenda publica, sobre el tema de fondo, como es el extractivismo, lo cual se traduce en la irracional explotación de nuestros bienes y recursos naturales, con consecuencias catastróficas como son la depredación, saqueo, contaminación y vulneración de los derechos, reconocidos por Tratados Internacionales como el del Convenio 169 de la OIT y la ONU.

3.- Las comunidades, convenimos y acordamos que el Proyecto Las Bambas y otros no cumplen con los mecanismos de consentimiento previo, libre e informado; como requisito previo para obtener la licencia social, la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto las Bambas es ilegitimo, porque no contó con las condiciones de participación de los comuneros de Cotabambas. Por ello, es necesaria la revisión del estudio de impacto ambiental del Proyecto Las Bambas, y que se adecue al proceso de consulta previa de toda la provincia de Cotabambas; por lo que proponemos al Ministerio del Medio Ambiente como principal y único Ente Rector y Regulador, para definir y concretar los estudios de Impacto Ambiental.

4.- Más del 60% del territorio Apurimeño, se encuentra con concesiones mineras las cuales han sido dadas sin previa consulta ni conocimiento de las comunidades y pueblos de Apurimac, por tanto carecen de legitimidad; por lo que exigimos la anulación de todas las concesiones mineras en Apurimac, y se entable un Proceso de Zonificación Económica – Ecológica, para un ordenamiento territorial con participación de las comunidades. Así mismo exigimos la Creación e implementación de una Comisión de la Verdad, con respecto a la Minería la cual se encargue de investigar el desempeño de la Minería, desde la época de los 90, para que en un plazo razonable se informe al país y a la nación la situación real de los impactos sociales y ambientales ocasionados por la Minería,

5.- No permitiremos, que se sigan hostigando y judicializando a nuestro dirigentes y líderes comunales, (como en el caso de hostigamientos de la empresa Soutern Peru CC en la Comunidad de Tapayrihua) solo por el hecho de defender nuestro Buen Vivir y nuestra Pachamama. Exigimos Derogatoria revocante de los Decretos Legislativos que criminalizan la protesta social, instamos a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior y a las instancias como Derechos Humanos; investigue y levante un informe sobre los excesos de la función policial, judicialización y criminalización a dirigentes comunales y líderes sociales en la Región de Apurimac.

6.- Es inminente, que el cambio climático ya está afectando nuestra región y, muchas de nuestras comunidades están vulnerables a ello, y más aun esto se agrava con la presencia de empresas mineras en cabeceras de cuenca, ( cuenca del rio Antabamba, chalhuanca, vilcabanba, y el rio pampas) poniendo en riesgo así el abastecimiento de recursos hídricos para uso agropecuario y humano; por lo que exigimos que se prohíba la minería a tajo abierto y se declare las cabeceras de cuenca de Apurimac como zonas intangibles y libres de minería.

7.- Exigimos, la restitución del Derecho de Propiedad al Territorio, que se nos fue quitado con la llegada de los españoles y la instalación de la colonia, habiendo pasado ya más de 190 años de vida republicana, hasta hoy no se nos ha restituido este derecho a las comunidades, forma en la que los pueblos originarios estamos organizados.

8.- Las comunidades y pueblos de Apurimac no cederemos más territorios, donde las empresas extranjeras y capitalistas saqueen y solo dejen más pobreza y contaminación, no aceptaremos más el saqueo, solo aceptaremos un proyecto minero viable con capital extranjero, si las comunidades tenemos participación societaria y se brinde garantías jurídicas a nuestras propiedades territoriales, garantizándose el control y sanción ambiental efectiva, Para ello exigimos la dación de políticas públicas que garanticen su exigencia.

9.- El aumento de la minería informal en territorios comunales instigados muchas veces por agentes y operadores de las empresas transnacionales, quienes vienen generando enfrentamientos entre comuneros, esta nueva forma de conflictos para justificar la entrada de empresas mineras transnacionales a territorios comunales viene haciéndose con complicidad de autoridades regionales y locales por lo que denunciamos y alertamos a todas la autoridades competentes. Para que se tome las medidas necesarias.

10.- Responsabilizamos, al gobierno nacional y a las Empresas Mineras de las consecuencias y medidas que las comunidades vayamos a tomar, para defender nuestros territorios y nuestras propiedades colectivas, de los abusos y contaminación que venimos sufriendo, por parte de las políticas de imposición de la minería transnacional en nuestros territorios.

11.- Por último; damos un plazo máximo de 6 meses, razonables para que tanto el gobierno nacional, regional, local y las instancias correspondientes, hayan implementado los acuerdos de esta conclusiones de las comunidades y pueblos de Apurimac, vencido el plazo volveremos a llamar a un encuentro, para evaluar el cumplimiento de los acuerdos y tomar medidas que aseguren la implementación de los mismos.

Ciudad de Abancay, 12 de octubre del 2011

Foro Regional de los Pueblos de Apurímac en el marco de la movilización de la MINGA GLOBAL por la defensa de la Pachamama y el ambiente.

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