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Bolivia: Elementos Constitucionales sobre el Conflicto del "Tipnis"

Por Marco Baldivieso Jinés*

19 de octubre, 2011.- En pleno proceso de transición hacia una comunidad plurinacional -todo lo “pluri” que pueda ser una sociedad tan heterogénea como la boliviana-; se devela una primera controversia entre dos cosmovisiones –perspectivas- de progreso: la propuesta indígena, originaria y campesina, de desarrollo sustentable y convivencia con la naturaleza; contra la visión extractiva, de deforestación paulatina y aprovechamiento de las selvas vírgenes, degradando el ecosistema para habilitar más tierras de cultivo.

El proceso de aculturación unidimensional que pretende universalizar los indicadores de desarrollo ha convencido, a indianistas y a algunos indigenistas, de que una carretera -bioceánica y de doble vía- implica “progreso” para todos los territorios circundantes. En esta óptica, una casa con aire acondicionado, microondas, yacusi, persianas americanas, automóvil del año, edificios altísimos, supermercados, bares, coliseos, rieles y aeropuertos, serían el ideal de progreso.

Los marchistas identifican la otra versión de progreso: selvas y bosques verdes, aguas de río cristalinas y llenas de peces, flores y hojas multicolores, fauna abundante, aire límpido y cielo diáfano. Como dijo Wazen Edwards, Capitán jefe del Pueblo Saramaka:

“El bosque es como nuestro mercado local; allí obtenemos nuestras medicinas, nuestras plantas medicinales. Allí cazamos para tener carne que comer. El bosque constituye verdaderamente nuestra vida entera.”

LA CPE boliviana establece el respeto de todas las visiones y culturas, es más, determina una protección reforzada de los derechos de grupos históricamente discriminados, entre ellos, los indígenas de tierras bajas y todos los demás pueblos originarios y campesinos. El art. 30.15 taxativamente instituye el derecho a la consulta previa sin definir expresamente sus efectos, esta ambigüedad implicaba acudir al bloque de constitucionalidad (normas internacionales sobre derechos humanos) para mejor comprensión, empero, la Sentencia Constitucional 2003/2010 de 25 de octubre interpreta la Constitución –el art. 30.15- precisando su alcance.

Aunque ya se aprobó una “Ley corta” y muchos analistas informados (abogados, legisladores, sociólogos, etc.) mencionan el Convenio 169, la Declaración de las NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y hasta las resoluciones de la CIDDHH –Caso Pueblo Saramaka c/ Suriname-, convendría considerar la jurisprudencia obligatoria y vinculante del Tribunal Constitucional de Bolivia (art. 203 CPE), que en su contenido despeja muchas dudas sobre la consulta previa. Véase algo de su texto original III.5 (Fundamentos Jurídicos. La Consulta Previa en las normas del Bloque de constitucionalidad).

(…) la consulta previa es un deber del Estado, tanto en el nivel central, como en las entidades territoriales autónomas, que debe realizarse a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas.

La consulta referida debe ser desarrollada con la finalidad de lograr un acuerdo con los pueblos o su consentimiento libre, previo e informado.

Ahora bien, cabe aclarar que este consentimiento se constituye en una finalidad de la consulta, pero no un derecho en sí mismo, salvo en las dos situaciones previstas tanto en el Convenio 169 como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: 1. Traslados de las tierras que ocupan y su reubicación (arts. 16.2 del Convenio 169 y 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas); y, 2. Almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas (art. 29 de la Declaración).

A los dos supuestos anotados, debe añadirse un tercero, que fue establecido jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del Pueblo Saramaka v. Surinam, en el que reconoció el derecho al consentimiento cuando “(…) cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio.

(…) para implementar los proyectos de los tres supuestos antes señalados, se debe obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, lo que significa que en dichos casos los pueblos tienen la potestad de vetar el proyecto.

Como se lee, la consulta sobre el TIPNIS sí es obligatoria y puede ser vinculante, es decir, que al emanar de un mandato taxativo de la Constitución: 1. El Estado siempre –en todos los casos- tiene que solicitar la opinión informada de los pueblos indígenas y lograr su participación (CONSULTAR); y 2. Cuando se proyecten traslados de comunidades, almacenamiento de materiales peligrosos, o planes de desarrollo a gran escala –como la carretera bioceánica-, en territorios indígenas, el Estado tiene el deber de obtener el permiso o autorización de quienes ancestralmente habitan ese territorio -pueblos Interesados- (CONSENTIMIENTO).

Como corolario, se transcribe también la parte resolutiva de la SC 2003/2010, que determina obligaciones puntuales para los órganos de gobierno:

2° En mérito a las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe sobre las “Comunidades Cautivas: Situación del Pueblo Indígena Guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia” de 24 de diciembre de 2008, EXHORTAR a los órganos del poder público e instituciones estatales al cumplimiento de las normas internacionales y constitucionales referidas a los derechos de los pueblos indígenas, específicamente:

a. Al Órgano Ejecutivo, a través de los Ministerios correspondientes, de manera coordinada a cumplir con el Informe de la Comisión Interamericana antes referido, adoptando políticas y planes integrales para la reconstitución territorial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en especial, del pueblo Guaraní. Así mismo, a través de los mecanismos pertinentes, efectivizar el derecho a la consulta de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de conformidad a los fundamentos de esta Sentencia.

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* Marco Baldivieso Jinés es magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia.

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Fuente: Justicia en los Andes, portal de la Red Andina de Justicia y Paz Comunitaria, publicado el 14 de octubre 2011: http://www.justiciaenlosandes.org/contenido/elementos-constitucionales-sobre-el-conflicto-del-tipnis

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