Servicios en comunicación Intercultural

Chile: Red exige a Senado consulta sobre Áreas Protegidas y Servicio Nacional Forestal

Servindi, 12 de setiembre, 2011.- El pasado lunes 5 de setiembre, la Red Legislativa Indígena y de Políticas Públicas (RILPP) entregó una carta a las autoridades exigiendo la consulta para los proyectos de ley sobre Servicio Nacional Forestal y el Nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

La carta fue remitida a la senadora Isabel Allende y a las comisiones unidas de Agricultura y Medio Ambiente, las que posteriormente se reunieron con la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez para decidir cómo se evaluará el proyecto.

La RILPP estuvo representada por Eliseo Huanca Yucra, aymara director de la Corporación Jach’a Marka Aru, y por Pablo Pérez Vivanco, colla de la comunidad indígena Serranía Poblete de Copiapó.

En la carta se manifiesta que las Áreas protegidas se pueden convertir en una excusa para limitar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales, como ha sucedido en el pasado.

Asimismo, los firmantes reclaman que el hecho de no reconocer el derecho de los pueblos indígenas sobre su territorios, para “protegerlos de mala manera, es una medida racista, racialmente discriminadora”.

En concreto, pidieron “que la consulta no sólo se realice en Santiago o Valparaíso, sino que las Comisiones Unidas se desplacen hacia o cerca del Parque Lauca, hacia el Parque Lauca, Parque Volcán Isluga, al Llullaillaco, a la Reserva las Vicuñas”.

Asimismo “a la Reserva Los Flamencos, a la isla de Rapa Nui, a la Reserva Nacional Ralco, al Parque Chiloé, al Parque Villarrica, entre otros, en los cuales viven pueblos indígenas”.

Por ello, solicitaron que se indemnice a los pueblos que han sido usurpados de sus territorios, y que se ellos tengan la administración de las Áreas Protegidas vigentes.

A continuación, la carta remitida al Senado de la República.

Carta de RILPP al Senado de la República

Santiago, 05 de septiembre de 2011

Sres.

Comisiones unidas de Agricultura y Medio Ambiente

Senado de la República

Presentes

Kamisaraki, Mari Mari, Iorana:

De nuestra consideración:

Nos dirigimos respetuosamente a Uds. con el objeto manifestarles nuestra disconformidad y para exigir que el Proyecto de Ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas, así como el proyecto de ley que Crea el Servicio Nacional Forestal, sean CONSULTADOS DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA EL CONVENIO 169 DE LA OIT.

Es del caso que las Áreas Protegidas se pueden convertir, y así ha ocurrido en el pasado, en una excusa para limitar los derechos de los pueblos indígenas a recuperar sus tierras ancestrales, a utilizarlas, y la participación eficaz en su administración.

Como señala el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT:

“1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.

Para los indígenas, la tierra no es sólo un objeto de propiedad. Ella es nuestra MADRE, es el lugar de donde venimos, donde vivimos, y donde volvimos. La tierra no es sólo propiedad, no se puede abusar de ella (uti ret abuti, como decían los romanos). Debemos respetarla. Por eso nosotros señalamos, y así lo reconoce el moderno derecho internacional, que las tierras indígenas son Propiedad especial; Fuente de recursos: forestales, genéticos, mineros, energéticos; y Parte de la personalidad o derecho de personas colectivas (pueblos indígenas, con DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN).

Y EL QUE NO QUIERA CREERLO, basta leer la Resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 1994, Nota sobre Artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sobre pueblos indígenas y sus derechos territoriales:

Por lo que se refiere al ejercicio de los derechos culturales protegidos por el artículo 27, el Comité observa que la cultura se manifiesta de muchas formas. Inclusive un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir actividades tradicionales tales como la pesca o la caza, y el derecho a vivir en reservas protegidas por la ley. El goce de esos derechos puede requerir la adopción de medidas jurídicas de protección y medidas para asegurar la participación eficaz de los miembros de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan”.

Este derecho se ve expresamente reconocido en la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT, el que debe ser interpretado de acuerdo a las Decisiones de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica sobre Política de Áreas Protegidas. También están las Recomendaciones de la UICN.

Asimismo, el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, en su reunión del 16 de agosto de 1992, dispuso: “El comité llama especialmente a los Estados partes a reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a su propio desarrollo, control y uso de sus tierras comunales, territorios y recursos y, cuando han sido privados de sus tierras y territorios tradicionalmente poseídos o de otra manera habitados o usados sin su libre e informado consentimiento, a adoptar medidas para devolver estas tierras y territorios (...)”. NO RECONOCERNOS CONTROL SOBRE ESTOS TERRITORIOS, PROTEGERLOS DE MALA MANERA, ES UNA MEDIDA RACISTA, RACIALMENTE DISCRIMINADORA.

Pues bien, las Áreas Protegidas como concepto, actualmente incluyen la variable cultural, protegen SISTEMAS BIOCULTURALES, no sólo biodiversidad. No sólo hay plantas, árboles, o ecosistemas. TAMBIÉN HAY PERSONAS, Y CON ELLAS, CULTURAS, LUGARES SAGRADOS, SANTUARIOS (en sentido religioso, y no sólo en el sentido de la Ley de Monumentos Nacionales 17.288), PUEBLOS, que también deben ser protegidos, pues son quienes han intervenido en su conservación durante milenios.

En concreto, pedimos que la consulta no sólo se realice en Santiago o Valparaíso, sino que las Comisiones Unidas se desplacen hacia o cerca del Parque Lauca, hacia el Parque Lauca, Parque Volcán Isluga, al Llullaillaco, a la Reserva las Vicuñas, a la Reserva Los Flamencos, a la isla de Rapa Nui, a la Reserva Nacional Ralco, al Parque Chiloé, al Parque Villarrica, entre otros, en los cuales viven pueblos indígenas, que son sus tierras ancestrales, o que constituyen sus tierras vecinas.

Finalmente, sres. Parlamentarios, les pedimos que no nos tengan miedo. Somos custodios de saberes ignorados por muchos, a veces tan sólo intuidos por Occidente, u olvidados por él. Lo señala la Agenda 21 y el Convenio de Diversidad Biológica: Los indígenas somos los mejores custodios de nuestros territorios. Nosotros tenemos mucho que aportar. Los hermanos que allí viven merecen conocer sus derechos, merecen por lo menos CODECIDIR, merecen incluso DECIDIR.

Y en este sentido, hoy se reúnen las Comisiones Unidas para “acordar junto al Ministerio de Medio Ambiente, la forma en que se abordará el estudio del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (Boletín 7487-12)”, y la Invitada para acordar esto es la Ministra de Medio Ambiente.

Pero, ¿no es que acaso el Convenio 169 de la OIT, art. 6 establece que las medidas administrativas que afecten directamente a los pueblos indígenas deben ser consultadas con sus organizaciones representativas, de buena fe, de acuerdo a las circunstancias, y que la consulta es un PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON MIRAS A LLEGAR A UN ACUERDO?. ¿Acaso no fue el Tribunal Constitucional en sentencia Nº 309 del año 2000, el mismo que señaló que este derecho es autoejecutable, y que modifica tácitamente el art. 22 de la LOC del Congreso nacional sobre Comisiones Legislativas?

Les pedimos, les exigimos que acaten estas normas. Los pueblos indígenas deben ser consultados.

Queremos que se indemnice a los pueblos usurpados en sus territorios por el daño provocado; que se nos restituya la administración de las Áreas Protegidas vigentes; que se nos consulte antes de que se constituyan nuevas Áreas protegidas; que se nos permita administrar autónomamente, con recursos del Estado; que se creen categorías nuevas de administración autónoma; en Rapa Nui se habla de Parque Arqueológico, y que los isleños puedan decidir de qué manera gestionan ese patrimonio, y no como hoy, en el que tienen graves conflictos con CONAF. El tema de las capacidades de carga es de alta importancia; rechazamos concesiones a privados o concesiones de uso determinadas por los servicios públicos, o que reconceda la administración de Áreas a terceros no indígenas, etc, etc. etc.

Tenemos muchas propuestas, y ya nos estamos organizando, TAL COMO LO HICIMOS CON EL UPOV-91.

Accedan a nuestra propuesta de diálogo, y queden con su honor en alto. Es lo que pedimos, exigimos y esperamos del Congreso Nacional, el lugar donde históricamente se nos ha usurpado legalmente nuestro patrimonio, nuestra riqueza, y que nos tiene colectivamente en una pobreza estructural, y en un estado de progresiva pérdida de nuestra cultura e identidad, resistiendo lo indecible.

Sin otro particular, nos despedimos de Uds.

Red Legislativa Indígena y de Políticas Públicas

  • Ariel León Bacián - Presidente de la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru
  • Francisco Vera Millaquén - Werken de la Comunidad Huilliche Pepiukelen
  • Rafael Tuki Tepano  -Consejero indígena por el Pueblo Rapa Nui Ante Conadi
  • Eliseo Huanca Yucra - Director de la Corporación Aymara Jach’a Marka Aru
  • Pablo Pérez Vivanco - Miembro de la Comunidad Indígena Colla Serranía Poblete

Valoración: 
0
Sin votos (todavía)

Añadir nuevo comentario