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Ecuador: Campesinos serán sentenciados por protestar en contra de las mineras

Dirigente Carlos Pérez

Servindi, 16 de agosto, 2011.- A los dirigentes campesinos Carlos Pérez, Federico Guzmán y Ángel Arpi le redujeron de la pena de un año a ocho días de prisión por el cargo de obstrucción de vías durante las protestas en el 2010 en contra del proyecto de ley de aguas impulsada por Rafael Correa.

Paulo Maldonado, presidente de la Primera Sala, informó que se redujo la pena debido al carácter altruista de la protesta que significó la defensa de las fuentes de agua que los acusados consideraban amenazadas por un proyecto minero.

Por su parte, Carlos Pérez lamentó el fallo condenatorio de la Primera Sala Penal y de Tránsito revocada por la sentencia absolutoria emitida en agosto de 2010 por el Tribunal Primero de Garantías Penales.

“Así sean 8 días, así sean 8 horas, el problema grave es el precedente en la justicia. Se pretende hacer escarmiento para que la población no se atreva a levantarse, a protestar, a resistir”, sostuvo.

Asimismo, Pérez indicó que el fallo fue apelado por la Fiscalía del Azuay en “un proceso viciado de irregularidades”.

Los líderes campesinos apelarán la sentencia ante la Corte Nacional, en la ciudad de Quito.

“Agotaremos todos los recursos y si es necesario llegaremos a las cortes internacionales” y “no nos amedrenta esta sentencia, nosotros vamos a seguir en la resistencia, porque la resistencia es el único camino”, dijo Pérez.

Cabe señalar que los ahora sentenciados fueron detenidos en el Centro de Rehabilitación de Cuenca en mayo de 2010 por protestar en contra del proyecto de Ley de Recursos Hídricos del gobierno de Rafael Correa, que estaba a punto de ser aprobado en la Asamblea Nacional.

Asimismo, denuncian que el gobierno ecuatoriano ha promovido el ingreso de la minería a gran escala para que realicen actividades en las fuentes de agua y humedales que son territorios de alta biodiversidad y esenciales para la vida y para las actividades económicas de los pueblos indígenas y campesinos.

Refirió que el gobierno está a punto de finalizar los contratos con las empresas mineras y uno de los cuales está en manos de la canadiense Iamgold, ubicado en un páramo cerca de la ciudad de Cuenca llamado Kimsacocha, de donde provienen los tres dirigentes criminalizados.

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