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Bolivia: Correlación de fuerzas determina contenido y forma de proyecto de Carta Magna

Por Remberto Cárdenas Morales

La Paz, 25 octubre 2008.- Una enseñanza que recuerda realidades de antaño y ogaño, y del actual proceso socio-político es la que sigue: la correlación de fuerzas sociales y políticas, vigente en una sociedad como la boliviana, es el factor fundamental que determina el contenido y la forma del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) que aprobaremos o rechazaremos en el referéndum del 25 de enero de 2009.

Claro está que la legalidad y la Carta Magna, como el principal instrumento de aquélla que la integra, son generadas, a la vez, por otros elementos que, en conjunto, juegan un papel también decisivo. Entre ellos cuenta la situación internacional, es decir, el comportamiento (de gobiernos y/o de pueblos) de apoyo, neutralidad o rechazo respecto de un proceso; la conducta de los opositores hacia los cambios; unidad, organización, programa, ideas de las fuerzas que impulsan las transformaciones; la experiencia y la acción de los bloques contendientes; la cultura, la política, las ideas que se difunden y que se asumen en una lucha incesante; el carácter de la institucionalidad y de las tradiciones; la situación socioeconómica o la realidad material; la historia de las luchas sociales y políticas; la situación concreta de Bolivia que cambia a pesar de todo... son los principales componentes de la coyuntura, es decir, del momento de la lucha de clases, para decirlo con el verbo del teórico y político Antonio Gramsci.

El último proyecto de CPE, redactado sobre la base del que aprobó la mayoría de la Asamblea Constituyente (AC) en Sucre y Oruro, con aportes y fallas de forma y contenido, no es el 'pacto social' para todos o entre todos, como erróneamente se planteó desde la derecha, el centro y cierta izquierda. La primera constatación, en consecuencia, es que aquel proyecto de ley fundamental no es ni podía ser de todos. En ningún país del mundo, de acuerdo a la práctica conocida, ha sido posible una CPE de todos sus habitantes, auque éstos sí que la pueden asumir como propia.

Aquel proyecto, no obstante, ahora es de la inmensa mayoría, al menos de dos tercios de la población boliviana, lo que será en cierto modo ratificado o desmentido en el referéndum de enero próximo.

Y más allá de los retoques formales y alteraciones en su contenido, ese documento tiene como meta inmediata, sin ser la única, la solución de las contradicciones que afectan por centurias a los pueblos indígenas o nacionalidades explotadas y oprimidas.

Ese criterio de Roberto Arnez Villarroel, ex ministro de Trabajo de la UDP, que compartimos, supone que otras contradicciones se espera superar con la aplicación de ese documento constitucional, como el de la tenencia de la tierra que explica, entre otros aspectos, un proceso de monopolización de aquel recurso que beneficia en forma desmedida a pocos empresarios o la mercantilización de aquélla, con operaciones fraudulentas incluidas.

Los derechos, deberes y garantías, que contiene el proyecto de CPE, son progresistas y hasta revolucionarios cuando, por ejemplo, se los extiende para todos los bolivianos y, en particular, para los que cumplieron con sus obligaciones a veces mediando la fuerza y a los que se les negó sistemáticamente esos derechos y esas garantías. Hablamos de los derechos de última generación, los de participación y decisión de y en la política y, en alguna medida, de la lucha de ideas. Ahora, en la teoría y en la práctica los bolivianos somos actores del oficio ciudadano que es la política. Para una constatación basta una pregunta ¿algún sector social, en esta Bolivia que se transforma, está impedido de ejercer la política?

Los llamados regímenes específicos: estructura del Estado, poderes de éste, la economía, la sociedad, la cultura, entre tantos otros, tienen en cuenta los intereses de la mayoría de los bolivianos, con los disensos inevitables.

También entre la especificidad de la posible nueva CPE están las autonomías, y entre éstas, la autonomía indígena que reproduce lo esencial de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas (que es Ley en Bolivia), que reconoce autodeterminación o autogobierno de aquellos pueblos sin derecho a la separación territorial y el reconocimiento de las normas consuetudinarias que rigen dentro del territorio indígena. Se mantienen, además, las autonomías universitaria y municipal, así como se busca constitucionalizar la departamental y la regional. Todo ello es parte de lo nuevo en el proyecto de ley de leyes y, al menos las autonomías indígena y regional (no separatistas), son lo más avanzado de ese proyectado nuevo régimen autonómico en el país.

Es frecuente que una CPE incorpore a su cuerpo normas que expresen la materialidad, esto es, los cambios en la política, la economía, la sociedad, la cultura, etc. Pero el proyecto constitucional boliviano sólo en pequeña parte convierte en norma lo que se encuentra en la realidad. A la inversa, se busca que la proyectada reforma constitucional, sustancial por su forma y contenido, influya positivamente en los cambios e incluso los acelere, consolide y profundice.

La refundación de Bolivia, proclamada como consigna, con la CPE aprobada y en aplicación, es una manera de señalar deseos, seguro legítimos, pero nada más que convencimientos, los que son insuficientes para transformar una formación social como la nuestra.

En la historia universal, los hechos precedieron casi siempre a las normas, éstas no son resultado de la imaginación, lo que no niega alguna excepción. Así ocurre con una teoría, ésta es una interpretación de la realidad, aunque también es cierto que 'la teoría es muy práctica'.

En otras palabras: una nueva CPE, por avanzada que sea, no basta para transformar a la sociedad, aunque se espera que aquélla sea un instrumento que ayude a los cambios. Y también una nueva CPE ya será un cambio real en la esfera jurídica y política de nuestra sociedad.

Una nueva CPE, asimismo, debe contribuir a la modificación de la correlación de fuerzas sociales y políticas en Bolivia. Correlación de fuerzas sociales y políticas que, además, es cambiante.

Una agencia de noticias define al proyecto de CPE como 'indigenista y socialista'. Ambos términos son imprecisos, pero si aquella definición correspondiera a la realidad, no bastaría para que la sociedad boliviana, automáticamente, se convierta en indigenista y socialista.

De otra parte, tengamos en cuenta que desde la vereda de los neofascistas y/o fascistas, aunque admiten que se registran modificaciones positivas en el último texto constitucional, avisan que votarán en contra de aquél porque, entre otras consideraciones, no es el documento que materializa el pacto social del que parlotearon.

Al frente de los fascistoides se atrincheran los que siguen creyendo que en la AC elaboraron un proyecto de CPE perfecto y que debió aprobarse sin que se le corrija una coma. Se aguarda que los que integran ese extremo radical del MAS voten por el sí en el referéndum aprobatorio de enero de 2005 y que admitan que sólo existió, en la cabeza de ellos pero nunca en la realidad, un borrador de CPE repleto de virtudes.

En verdad, tenemos un proyecto de CPE, con luces y sombras, como todo documento de tal tipo, pero aquél es el resultado de lo posible en las actuales condiciones Bolivia y es una criatura de la transición que vivimos y protagonizamos. Ley fundamental que, sin duda alguna, podrá ser ajustado en cada etapa que siga el proceso boliviano.

Proceso que debe emprender más cambios en la legalidad, en la institucionalidad, en la actual democracia, y generar otros cada vez más avanzados. Y aquello debe apuntar hacia la conquista de todo el poder del Estado por los movimientos sociales, el MAS y Evo Morales. Es pues, necesario tener siempre presente que en Bolivia la cuestión del poder es un asunto irresuelto. Sobre este particular, la experiencia internacional muestra que mientras el poder (todo el poder) del Estado no lo ejercen las fuerzas sociales y políticas que impulsan las transformaciones, éstas se detienen, no se consolidan y son derrotadas.

La nueva CPE, que esperamos sea el resultado del referéndum del 25 de enero de 2009, tiene que apurar los cambios, ayudar a que se consoliden, aportar en su defensa, avanzar y avanzar, en lo posible, con botas de siete leguas.

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