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México: Repudio a Ley Televisa por excluir indígenas y condenar radios comunitarias

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Al menos medio centenar de senadores, votarán contra la reforma a la denominada Ley Televisa, que traería como consecuencia, la desaparición de radios comunitarias e indígenas en México.

El director de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, Julio di Bella Roldán, calificó de una "burla" el proceso de diálogo para construir una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión, en el cual han participado legisladores de todos los partidos políticos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, para aprobar la llamada ley Televisa.

"Nos ofende que después de iniciar, hace cinco años, las mesas de diálogo para participar en una reforma plural, en diciembre de 2005 nos sorprenden con la aprobación unánime de una minuta en la Cámara de Diputados que no responde a las necesidades de la sociedad. Ahora pretenden hacer lo mismo, y no estamos jugando", expresó. Insistió en que la ley Televisa es "discrecional, porque sólo favorece a los concesionarios privados, quienes sí podrán participar en la competencia digital y ampliar sus servicios en telecomunicaciones, mientras los medios públicos están cada vez más limitados".

Según Aleida Calleja, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México (Amarc), se calcula que para adquirir un transmisor digital, indispensable en el proceso de convergencia tecnológica por el que hoy pugnan algunos senadores, se requieren por lo menos 500 mil dólares. Para las 20 radiodifusoras culturales indigenistas y los siete proyectos experimentales a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mencionó, se aprobaron 43.5 millones de presupuesto este año. Estos recursos son para equipamiento, gastos de operación, mantenimiento, capacitación, rehabilitación y materiales diversos.

Lo asombroso de lo que hoy se pretende aprobar es que, continuó Calleja, este país aún no sabe qué tecnología será indispensable incorporar al sistema de telecomunicaciones -lo que aún se discute en el mundo- y ya se promueven cambios legislativos.

Al igual que académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Centro Nacional de Comunicaciones Sociales (Cencos), cuestionó que los senadores profundicen de manera importante la discrecionalidad para otorgar concesiones y pretendan dejar fuera a medios de comunicación culturales, educativos, comunitarios y libres.

La problemática a la que se enfrenta, insistió la representante de Amarc, es que algunas emisoras, como Canal 11, no son ni concesión ni permiso. Este fue creado por decreto presidencial y es un instrumento del Instituto Politécnico Nacional, en tanto que otras radios universitarias y comunitarias están registradas como organizaciones civiles, mientras Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Radio dependen de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, ninguna de ellas tiene "autonomía jurídica ni para generar sus proyectos de intercambio de colaboración o para obtener más recursos".

Hablo, insistió, de al menos 49 sistemas de radio y televisión de los medios públicos, más 12 radiodifusoras comunitarias que no podrán cambiar su señal por una digital, como marca la tendencia mundial. Ello las condenaría a desaparecer en unos siete o diez años si se aprueba el proyecto tal como se envió al pleno del Senado. Entonces, abundó, millones de personas, como indígenas y urbano-marginados, ya no tendrían acceso a frecuencias.

La opinión del IFE

En la sesión del Instituto Federal Electoral del 22 de febrero, el presidente del organismo, hizo llegar un documento en el que advirtió que la ley violenta disposiciones del Cofipe, ya que se establece que la publicidad electoral en medios electrónicos puede ser contratada por los partidos o los candidatos. Además, se deja al instituto como caja de pago, lo que no permitirá la fiscalización de las tarifas y las características de contratación de los spots.

Asimismo, se resaltó que el único criterio para la obtención de concesiones es el económico, es decir, se darán en subasta al mejor postor. No se establecen condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir y operar estaciones de radio o televisión, ni posibilitan la actualización tecnológica de radios en la frecuencia de AM ni de los medios públicos.

Hubo coincidencia en que se trata de una legislación que sólo atiende los aspectos técnicos, como si la tecnología tuviera vida propia y no fueran seres humanos quienes la usan. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionó a la administración del presidente Vicente Fox por impulsar reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, por encima de acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano y desoyendo recomendaciones de mecanismos mundiales de protección a derechos.

Le recuerda que el gobierno se comprometió a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los medios de comunicación, ''evitando las prácticas monopólicas en el uso del espectro electromagnético'', además de recibir el exhorto para que brinde espacios a las estaciones de radio y de televisión comunitarias e independientes.

Ante esos olvidos, la oficina de la ONU puso a disposición del Congreso de la Unión sus servicios de asesoría y cooperación técnica en materia de derechos humanos. Señaló que el relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas recomendó al gobierno de México, tras su visita oficial al país, en junio de 2003, que deberá legislarse para permitir el libre acceso de estas comunidades y pueblos a las ondas de radio, televisión y otros espacios mediáticos, ''otorgando los permisos correspondientes sin cortapisas y modificando la legislación en caso necesario''.

De acudir hoy los 128 senadores, se requerirían 65 votos en favor. Se prevé que haya ausencias, toda vez que no han rendido protesta los suplentes del panista Marco Adame y el priista Oscar Cantón. Habría, además, dos votos sin confirmar de los independientes Demetrio Sodi y Rodimiro Amaya El perredista César Raúl Ojeda confirmó que los 15 integrantes del PRD votarán en contra y reveló haber recibido una llamada de la comisionada para los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, que reclamó no haber tomado en cuenta las propuestas para las radios de esas comunidades.

La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México -que agrupa a 49 medios públicos de comunicación en todo el país- y la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación (AMIC) anunciaron ayer que interpondrán todos los recursos legales a su alcance para evitar que entren en vigor las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) que se prevé que sean aprobadas hoy en el Senado de la República.

Además, difundirán con todos los medios y herramientas a su alcance "los graves errores" y "las violentas omisiones e imprecisiones" de dicha reforma, "que da la espalda a la sociedad, demuestra el abandono de las responsabilidades de Estado a cargo del gobierno federal y permite la privatización de un bien público, como es el espectro radioeléctrico".

A estas acciones se suman medios vinculados con el gobierno, como el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), dependiente de la Secretaría de Gobernación, y Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyo director, Julio di Bella, mantiene estrecha relación con el presidente Vicente Fox desde los tiempos en que el entonces gobernador de Guanajuato lo nombró responsable de la radio y la televisión estatales.

El director de TV UNAM, Ernesto Velázquez Briseño, reveló que los miembros de la red de medios de comunicación públicos "vamos a recurrir a todos los recursos legales y a todas las herramientas a nuestra disposición" para impedir la aplicación de las reformas presentadas ya a los senadores en primera lectura, que hoy se someterán al pleno en el recinto de Xicoténcatl.

La red está compuesta por 23 radiodifusoras y 26 televisoras, que incluye las estaciones del IMER, Canal 11, Canal 22, Radio UNAM y los sistemas de radio y televisión con que cuentan la mayoría de los estados de la República. Radio Educación tomó medidas para protestar contra el "atropello a los medios públicos" implícito en la aprobación de la llamada ley Televisa: ayer suspendió su programación habitual para dar espacio a distintas mesas de reflexión sobre las consecuencias de la minuta, realizó emisiones especiales y hoy llevará a cabo una transmisión en vivo desde el Senado de la República, donde la iniciativa se presentará ante el pleno.

La directora general de la emisora Lidia Camacho, detalló que antes y después de la transmisión en vivo efectuarán mesas de análisis sobre el proyecto y las posibles resoluciones que tomen los legisladores. Asimismo, añadió, en programas como Punto de encuentro, El fin justifica los medios y Política en plural, entre otros, harán un seguimiento de la problemática y de los impactos y alcances de esta iniciativa en términos jurídicos, políticos y tecnológicos.

Indicó que la programación habitual fue suspendida desde ayer y hoy continuarán con esa medida para dedicar sus espacios a la discusión de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, que el martes fue ratificada por el Senado en comisiones. También realizará retransmisiones de sus programas en distintos horarios e incluso se difundirán en otras estaciones, como Radio UNAM.

En Puebla, el senador panista Francisco Fraile García, condicionó su sufragio a que se realicen enmiendas al proyecto para garantizar espacios a las radios culturales y comunitarias, y que las estaciones ubicadas en la banda de amplitud modulada logren convertirse en combos tecnológicos.

En Chihuahua, en tanto, seis concesionarios de empresas radiofusoras locales que transmiten en la banda de amplitud modulada firmaron un desplegado en el cual denuncian que la decisión del Senado de aprobar la minuta en los mismos términos que lo hizo la Cámara de Diputados significa dejar en "estado de indefensión" a 82 concesionarios de 203 estaciones afiliadas a radiofusores independientes.

José Luis Bone Menchaca, Ricardo Bone Salmón, Gerardo López de la Rocha, Israel Beltrán Montes, Aníbal Moreno y Antonio Muñoz advirtieron que de consumarse la aprobación de la ley tal como está, las radiofusoras independientes entrarán en quiebra y desaparecerán. Acusaron al Senado de pretender consumar "una infamia" al rendirse "al poder fáctico" de los grandes consorcios televisivos del país y dejar indefensos a los permisionarios y concesionarios independientes.

En Chiapas, la organización evangélica Visión de Aguial 2000 manifestó su "repudio" a la ley Televisa porque "no suma al bien común de un México plural y porque es un atentado contra la libertad, un abuso del poder". Esdras Alonso González, presidente de la agrupación, sostuvo que los senadores que este jueves podrían aprobar la ley deberían de reconsiderar su posición, porque "el bien general está por encima del particular; tienen que pensar como estadistas y en el interés nacional, el cual no es ni Televisa ni Tv Azteca, pero qué van a reconsiderar si ya todo está cocinado", comentó.

Lamentó que los legisladores "se presten al juego de los ricos" y comentó que "si esas mafias continúan ahí van a alborotar el país y lo van a llevar a choques sociales fuertes en el futuro. Lo único que están haciendo es darle la razón a quienes piensan en las mayorías".

Fuente: Recibido de Genaro Bautista, Regiones Indias

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