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Brasil: Enjuician al Banco de Brasil por financiar a empresas que vulneran leyes ambientales

Servindi, 18 de abril, 2011.- El Ministerio Público Federal inició un proceso judicial contra el Banco do Brasil –el mayor banco público del país– y el Banco de la Amazonía, por financiar con dinero público a empresas que vulneran las Constitución y las leyes ambientales.

Se detectó además que esas compañías quebrantaron los reglamentos del Banco Central y del Consejo Monetario Nacional (CMN), así como varios acuerdos internacionales en los que Brasil es signatario en materia de defensa y protección del medio ambiente.

Datos públicos del Banco Central revelan que ambas instituciones financieras prestaron más de 90 mil millones de reales para actividades rurales en la Amazonia entre 1995 y 2009.

De ese total, el 92 por ciento provienen de bancos públicos, como el Banco de Brasil que liberó 52 por ciento de créditos, equivalente a 47 mil millones de reales. En segundo lugar figura el Banco de Amazonia con 13 mil millones.

La investigación del Ministerio Público reveló que por lo menos 55 préstamos fueron concedidos a otras tantas empresas, vinculadas a la destrucción de la selva en los dos últimos años.

Incluso, algunas de ellas fueron acusadas de practicar trabajo esclavo por un total de ocho millones de reales. El Banco de Amazonia liberó 37 préstamos de un total de 18 millones de reales a esas empresas ilegales.

El proceso al Banco de Brasil y al Banco de Amazonia, firmado por nueve procuradores de la República, acogidos por la justicia, podrán dar lugar a cuantiosas indemnizaciones a la colectividad.

El Ministerio Público pretende obligar a los bancos a realizar auditorías internas a fin de conocer la dimensión de la destrucción de la Amazonia con los préstamos, tras desobedecer sistemáticamente las normas del CMN.

El CNM determina que los bancos públicos y privados sólo pueden financiar a empresas que trabajan en actividades agropecuarias en el bioma de la Amazonia bajo presentación de licencia ambiental y de ausencia de embargos por desforestación de la selva amazónica.

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