Servicios en comunicación Intercultural

Perú: Crece rechazo a decretos de urgencia. Mañana se realizará marcha de protesta

Servindi, 8 de febrero, 2011.- Diversos gremios y organizaciones sociales se concentrarán el miércoles 9 de febrero a las 10:30 a.m. en la plaza Dos de Mayo para exigir la derogatoria de los decretos de urgencia expedidos por el gobierno.

A partir de allí se realizará una marcha "En defensa de la soberanía nacional, contra la subasta de los últimos activos del país y la corrupción” para exigir, en primer lugar, la derogatoria de los decretos que intentan acelerar la concesión y privatización de 33 proyectos de infraestructura.

Los cuestionados decretos fueron ratificados la semana pasada por el Consejo de Ministros y han sido ampliamente criticados por reducir las exigencias ambientales para las concesiones mineras y de hidrocarburos en el Perú.

Según Beatríz Merino, Defensora del Pueblo, y el Instituto de Defensa Legal (IDL) los decretos en cuestión son inconstitucionales porque no cumplen con lo establecido en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política, el cual establece que un decreto de urgencia se emite solo en situaciones de excepción.

Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) denunció que los controvertidos decretos dejan de lado el derecho de consulta previa, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por el estado peruano y que tiene efectos vinculantes.

“Prácticamente lo que buscan es privatizar todo lo que resta de los activos nacionales del Perú. Y eso, en manos de Alan García, es favorecer, en la práctica, los intereses de las transnacionales y continuar, de hecho, con los consabidos faenones de las megacoimas y la corrupción generalizada del régimen alanista”, puntualizó.

Por otro lado, el congresista Washington Zeballos pidió al presidente del Congreso, César Zumaeta, convocar a una legislatura extraordinaria, lo más pronto posible, para derogar los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011, por ser inconstitucionales y representar un peligro para los intereses del país.

“No se puede permitir que un gobierno de salida festine trámites para rematar nuestros recursos naturales y los proyectos estratégicos antes de irse”, señaló.

---

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (Conacami) también emitió un comunicado al respecto:

Conacami Perú exige la derogatoria de decretos de urgencia inconstitucionales Conacami Perú

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, Conacami Perú, expresa su preocupación y rechazo a la forma como el gobierno del Sr. Alan García Pérez, pretende violar la Constitución Política promoviendo  modificaciones al marco legal en  materias ambientales vigente en el país sin importarle las afectaciones que estas puedan acarrear.

A través de los Decretos de Urgencia 001-2011 y 002-2011, dados de manera improvisada y sin ningún sustento que lo amerite se han declarado de necesidad nacional la ejecución de 33 mega proyectos de infraestructura en diversas regiones del país, los cuales se podrán llevar a cabo sin necesidad de  presentar los estudios de impacto ambiental, así cualquier opinión o recomendación sobre los resultados de la evaluación ambiental carecería de  sentido pues estarían fuera de tiempo u oportunidad.

Una vez más con esta dación de normas se da muestra de la importancia que tiene la Consulta, pues este tipo de normas se tendrían que haber  consultado a los posibles afectados sin embargo solo  se puede observar que detrás de esta norma existe el único interés de entregar en concesión diversas obras, sin tener en cuenta el impacto ambiental que implicaría su ejecución ni como se afectarán a los pueblos y comunidades, recortando su derecho a participar a través de los mecanismos de consulta previas a la entrega de concesiones, lo que da muestra  de la poca importancia que para el gobierno significa el costo ambiental y social.

Consideramos además que la norma es inconstitucional puesto que a través de un Decreto de Urgencia se pretende modificar el marco legal que rige para los procesos de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, para cuya entrega en concesión no se exige la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, esto sin tener en cuenta que la propia Constitución Política señala que los Decretos de Urgencia tienen fuerza de ley y solo pueden dictarse sobre materia económica y financiera (Artículo 118, numeral 19).

Cuestionamos también la actitud de asumida por el Ministerio del Ambiente que lejos por velar por la protección del medio ambiente se alínea con el gobierno y respalda estas normas inconstitucionales. Desde su dación estas normas resultan inconstitucionales, puesto que la propia Constitución Política señala que los Decretos de Urgencia tienen fuerza de Ley y solo pueden dictarse sobre materia económica y financiera (Artículo 118, numeral 19).

Frente a ello exigimos:

1.- La inmediata derogatoria de los Decretos de Urgencia 001–2011 y 002–2011.

2.- Que el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República se pronuncien y tomen las medidas para corregir las acciones del gobierno.

3.- Demandamos la aprobación de la Ley Marco de Consulta que garantice la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la toma de decisiones respecto a la aprobación de políticas, leyes y actividades que les afecten. Una norma que recoja el sentir de los pueblos y las comunidades bajo el amparo del Convenio 169 y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

No podemos permitir que bajo el pretexto de promover las inversiones y el desarrollo se pretenda imponer obras que afectarán al territorio, recursos hídricos, medio ambiente y las comunidades, sin que tengamos opción alguna a opinar al respecto.

Lima 3 de febrero de 2011

Consejo Directivo Nacional

Magdiel Carrión Pintado

Presidente

---

La lucha contra los decretos entreguistas sale a las calles

Por Javier Soto, diario La Primera

Las principales organizaciones de trabajadores del Perú se movilizarán mañana en demanda de la derogación total, completa y sin ambages, de los decretos de urgencia 001 y 002 que entregan en concesión y rematan más de 30 importantes proyectos de infraestructura, confirmó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán.

Advirtió que los trabajadores rechazan enfáticamente todo intento gubernamental de realizar únicamente “retoques” a los dos cuestionados dispositivos, centrándolos en los estudios de impacto ambiental. “La derogación (de los decretos de urgencia 001 y 002) tiene que ser integral. Porque ya conocemos los juegos y triquiñuelas del doctor García. Cambia algo para que nada varíe, en el fondo”, subrayó.

En conferencia en la sede de la CGTP, el dirigente sindical agregó también que los controvertidos decretos dejan de lado el derecho de consulta previa, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por el estado peruano y que tiene efectos vinculantes.

“Prácticamente lo que buscan es privatizar todo lo que resta de los activos nacionales del Perú. Y eso, en manos de Alan García, es favorecer, en la práctica, los intereses de las transnacionales y continuar, de hecho, con los consabidos faenones de las megacoimas y la corrupción generalizada del régimen alanista”, puntualizó.

En cuanto a los detalles de la movilización gremial, el dirigente sindical especificó que se iniciará el 9 de febrero, con una concentración popular en la emblemática Plaza Dos de Mayo, a las 10:30 a.m. y una marcha “en defensa de la soberanía nacional, contra la subasta de los últimos activos del país y la corrupción”, remarcó.

Demandas

El secretario general de la CGTP detalló que la marcha exigirá en primer término la derogación de los decretos de urgencia 001 y 002, que incluyen la entrega en concesión de una serie de activos del país como, por ejemplo, el Muelle Norte del puerto del Callao.

Del mismo modo, la cancelación del Decreto Legislativo 1031 que pretende privatizar Sedapal ofreciendo el 100% de sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, y la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Gestión de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), de similares objetivos privatizadores.

Argumentó que para todo ello se exige, del Parlamento en funciones, una resolución efectiva de control político, frente a la subasta del resto del patrimonio nacional que se pretende perpetrar.

Demandas azucareras

A su turno, el secretario general de la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú, Edwin Salazar, exigió al Parlamento la insistencia de la autógrafa del proyecto de Ley 4363, que amplía el plazo de la norma de Protección Patrimonial, el cual fue observado la primera semana de enero por el presidente Alan García, e informó que miles de azucareros participarán en la manifestación.

“Detrás de este retroceso, en el Ejecutivo, está la ´mano negra´ del ministro de Economía, Ismael Benavides, quien es el más interesado en cobrarse las deudas que tienen las azucareras con su banco Interbank”, alertó.

Tras ratificar la participación de su sindicato en la gran marcha del 9 de febrero, Salazar informó que más de 20 mil agremiados confluirán en la capital, desde diversos puntos de la costa peruana.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), Sergio Solórzano, informó que los trabajadores de esa empresa paralizarán sus labores mañana para marchar al Congreso contra la pretensión gubernamental de privatizar a Sedapal y otros entes estatales.

Por qué deben derogarse

Los cuestionados decretos de urgencia 001 y 002, que pretenden entregar “en concesión” 33 proyectos de infraestructura, contienen quince defectos que derivan en su nulidad de hecho y de derecho y su derogación inmediata, advirtió el excongresista y representante del Foro Soberanía Energética, Manuel Dammert.

En declaraciones a La Primera, Dammert refirió que algunas de estas nulidades tienen que ver con asuntos de forma, en relación con aspectos constitucionales. Pero también –anotó- existen temas de fondo, en los que –por ejemplo- el gobierno pretende subvaluar activos públicos, al cambiar las atribuciones de los organismos del Estado, a través de normas que no corresponden.

“Así, hay implicadas varias cofinanciaciones del Estado, por un valor superior a los 15 mil millones de dólares, sin ninguna atribución (legal) para poder emitirlas”, especificó.

En ese sentido, el exparlamentario calificó de “maniobra” la intención del jefe de Estado de revisar y, eventualmente derogar, los dispositivos que atenten o colisionen con los estudios de impacto ambiental.

“Por ello, los dos decretos de urgencia, en su conjunto, deben ser derogados en su totalidad. Los 33 proyectos que hay allí prestos a ser ´concesionados´ son para hacer un gran ´faenón´ corrupto, en contra de los intereses nacionales”, enfatizó.

Valoración: 
0
Sin votos (todavía)

Añadir nuevo comentario