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El Perú ante el Consejo de Derechos Humanos: urgente necesidad de acción y reacción

Por Ernesto de la Jara Basombrío y Gabriela Ramírez Parco

En mayo del presente año el Perú deberá pasar nada menos que por el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo que constituye una de las principales innovaciones del Consejo de Derechos Humanos (CDH). Sin embargo, estando ad portas de ser evaluados por uno de los principales órganos de las Naciones Unidas, un escenario callado y pasivo rodea la realización de este examen.

El CDH surgió en abril del 2006 en reemplazo de la extinta Comisión de Derechos Humanos, debido a que ésta había sido duramente criticada por su falta de acción en numerosas situaciones que involucraban una notoria violación a los derechos humanos, y que implicaba sin duda, un pronunciamiento o actuación de su parte. Han pasado casi dos años desde la celebración de su creación, pero poco ha trascendido de su actuación, prueba de ello es la falta de conocimiento que existe en el Perú de la próxima realización del EPU.

Veamos bien, ¿qué es el EPU? Podemos señalar que con el fin de cumplir a cabalidad el mandato de promover el respeto universal por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales para todos, sin distinción alguna, el CDH instituyó el EPU con el propósito de que todos los países estén periódicamente obligados a someterse a este examen. Así, a partir de información veraz, evaluar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

De este modo, el EPU exige al Perú la presentación de un Informe sobre la situación de los derechos humanos, el cual debe ser elaborado luego de realizar una serie de consultas a diferentes sectores del país. Sin embargo, faltando menos de dos semanas para que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente el Informe al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ha existido poca consulta para discutir y recoger los aportes necesarios sobre el contenido del mismo.

Si bien, los funcionarios a quienes hemos recurrido nos han manifestado buena disposición para realizar una consulta más amplia y brindar toda la información necesaria, lo cual destacamos, consideramos que en el corto tiempo que queda –ya que, el Informe se presentará el próximo 25 de marzo- es necesario que el Estado peruano amplíe su espacio de consulta, y así pueda adjuntar las diferentes opiniones existentes en la sociedad civil, máxime si la Resolución que regula el EPU señala que éste debe asegurar la participación de todos los actores interesados pertinentes, con inclusión de las Organizaciones No Gubernamentales y de las instituciones nacionales de derechos humanos. Precisamente, en base a esto último, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en su calidad de ONG, como parte de la etapa de Documentación del examen, presentó al Alto Comisionado el pasado 25 de enero, un breve Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú.

No obstante, a pesar de tener el reloj en contra para la presentación del Informe, insistimos en la necesidad de una labor más activa de parte del Estado, a fin de consultar no sólo el contenido del mismo, sino también de una definición de acciones claras para difundir de aquí en adelante el trabajo que viene efectuando el Perú al interior del CDH, pues sólo así su actuación obtendrá la transparencia y legitimidad necesarias.

Y para quien diga lo contrario, basta un ejemplo: a raíz del problema surgido por el reclutamiento y entrenamiento militar de peruanos por empresas de seguridad privada para prestar servicios en Irak y otras zonas de conflicto armado, el Grupo de Trabajo del CDH sobre la utilización de mercenarios como vulneración a los derechos humanos (GT), el 4 de febrero de este año publicó el Informe elaborado como parte de su misión al Perú sucedida durante el pasado febrero del 2007. Pregunta: ¿se sabe que como parte de la Agenda de la Séptima reunión ordinaria del CDH (del 3 al 28 de marzo), el Informe producido por el GT acaba de ser abordado como uno de los Documentos de Trabajo de esta última sesión?; acaso, ¿se sabe que el Perú, el pasado 15 de noviembre envío una nota verbal al Alto Comisionado como respuesta al Informe elaborado por el GT del CDH?, desafortunadamente la repuesta es clara: NO.

Si el Estado no desarrolla oportunamente las iniciativas que permitan cumplir a cabalidad con los requerimientos de los organismos Internacionales, no lloremos después ante las críticas y condenas que puedan suscitarse. El IDL por su parte viene realizando una labor de difusión sobre la labor del CDH y la actuación del Perú en el mismo. Tanto así, que además del diálogo iniciado con los funcionarios del Ministerio de R.R.E.E. a fin de extender canales de comunicación y cooperación, aprovechamos para señalar la creación de un link sobre este tema en el Portal del Consorcio Justicia Viva (www.justiciaviva.org.pe), a fin que los interesados y en general toda la sociedad civil, pueda ir consultando paso a paso la actuación de nuestro país en el referido órgano internacional.

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Fuente: Justicia Viva, un proyecto de "Participación y Fiscalización Ciudadana en la Reforma Judicial", que ejecuta un consorcio integrado por la Facultad y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Las opiniones expresadas en este Portal pertenecen a sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las instituciones que integran el Consorcio Justicia Viva.

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