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ONU: Denuncian a Panamá ante el Consejo de Derechos Humanos

Servindi, 29 de septiembre, 2010.- El gobierno de Panamá fue denunciado por mantener una "actitud racista y hostil" frente a los pueblos indígenas, y muy en particular el pueblo Ngöbe afectado por la represa Chan 75.

La denuncia fue realizada por Isidro Acosta de la Comunidad Ngöbe de Charco de la Pava, ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, realizada en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

El dirigente pidió a la comunidad internacional instar al Gobierno de Panamá para cesar de perseguir y amedrentar a los representantes indígenas.

Acosta condenóla represión policial desatada en junio de 2010 en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, que ocasionó la muerte de dos indígenas Ngöbes, un desaparecido y más de quinientas personas heridas, lo que colapsó el servicio de atención hospitalataria.

Las agresiones a los territorios indígenas - que representan el 70 por ciento del área boscosa- se producen por exploraciones mineras y la construcción de hidroeléctricas que se ejecutan desde el 2005.

Ello se produce sin que el Estado panameño garantice un marco jurídico de protección y garantía de los derechos territoriales indígenas.

Acosta pidió asimismo que el gobierno derogue el Decreto 537 de 2 de junio de 2010, "por violar el debido proceso y atentar contra los derechos del pueblo Ngöbe, especialmente sus derechos a mantener sus instituciones tradicionales y a ser consultado sobre todas aquellas medidas que pueda afectarle".

También demandó instar a su gobierno a respetar sus compromisos y cumplir con las recomendaciones y requerimientos planteados en el caso de la Comunidad Charco de la Pava por el Relator Especial, el CERD y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Intervención presentada por Isidro Acosta de la Comunidad Ngöbe de Charco de la Pava, Panamá, sobre la Situación de los pueblos Indígenas en Panamá

15ava. sesión del Consejo de Derechos Humanos

Punto 5 de la agenda

En los últimos años los gobiernos de turno de Panamá han retrocedido alarmantemente en el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas del País, derogando normas importantes en materia ambiental que garantizaban derechos básicos como son el derecho a la consulta y a manifestar su consentimiento sobre proyectos que han de implementarse en sus territorios. Los territorios indígenas del país, que representan el 70% del área boscosa, se tornan muy vulnerables en este sentido ante la existencia de varios proyectos de exploración minera y varias concesiones para la construcción de hidroeléctricas, que ya se están ejecutando desde el año 2005, y ante la ausencia de un marco jurídico de protección y garantía de los derechos territoriales indígenas.

La intolerancia, la indolencia, el racismo y la discriminación por parte del actual gobierno para con los pueblos indígenas en Panamá se hizo visible con las recientes represiones policiales violentas acaecidas en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, durante el mes de junio de 2010, contra manifestantes pacíficos, mayoritariamente Ngobes. Como resultado de dicha represión, dos compañeros Ngobe fueron asesinados, una persona fue desaparecida y más de quinientas personas fueron heridas de gravedad, colapsando los hospitales y los servicios médicos de la Provincia. A raíz de esta represión, unida a acciones anteriores del Gobierno en relación a las reivindicaciones indígenas de protección de sus territorios, el mensaje del actual gobierno y del Estado de Panamá ha quedado suficientemente claro: Negación constante de los derechos humanos de los pueblos indígenas, empleando incluso la represión violenta como ya anunció el Ministro de Seguridad, si resulta necesaria.

Por ello, el Gobierno de Panamá rechaza constantemente atender las recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU en el caso de la comunidad Charco de la Pava. Igualmente rechaza atender las recomendaciones planteadas por el CERD en su escrito de Alerta Temprana y en su revisión del cumplimiento de Panamá de la Convención contra el Racismo frente al mismo caso de la comunidad Charco de la Pava. Y también rechaza el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en junio de 2009 a dicha comunidad. Además de esto, la intromisión del actual gobierno en los asuntos internos de la Comarca Ngobe es muy preocupante, ya que a través del Decreto 537 de 2 de junio de 2010, que modifica de manera inconsulta la Carta Orgánica Ngobe, pretende quitar la autoridad al Congreso General Ngobe y otorgarla al Tribunal Electoral, para poder imponer y manipular, de ese modo, la composición del Congreso General y la elección de las autoridades.

Ante todo esto queremos alertar en este 15º periodo ordinario del Consejo de Derechos de la actitud racista y hostil que el Gobierno de Panamá está manteniendo frente a sus pueblos indígenas, los pueblos indígenas de Panamá. Y por ellos instamos a las Agencias especializadas y a los mecanismos competentes de la ONU a que:

1.- Monitoreen a través de sus representantes regionales y nacionales las políticas públicas del Gobierno de Panamá y denuncien aquellas prácticas atentatorias contra los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas de Panamá. Especialmente de aquellos afectados por las políticas extractivas que el actual Gobierno está impulsando de manera acelerada.

2.- Insten al Gobierno de Panamá para que cese la persecución y el amedrentamiento de los representantes indígenas y deje de interferir en los asuntos internos de los pueblos indígenas de Panamá, muy especialmente del pueblo Ngobe.

3.- Insten al Gobierno de Panamá para que derogue el Decreto 537 de 2 de junio de 2010, por violar el debido proceso y atentar contra los derechos del pueblo Ngobe, especialmente sus derechos a mantener sus instituciones tradicionales y a ser consultado sobre todas aquellas medidas que pueda afectarle.

4.- Insten al Gobierno de Panamá a respetar sus compromisos internacionales frente a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y cumpla con las recomendaciones y requerimientos planteados en el caso de la Comunidad Charco de la Pava por el Relator Especial, el CERD y la CIDH. Muy especialmente las recomendaciones sobre Panamá contenidas en el informe sobre comunicaciones presentado por el Relator Especial en esta sesión del Consejo de DDHH, A/HRC/15/37/Add.1

Gracias Señor Presidente.

Isidro Acosta

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*Publicado por Bartolomé Clavero en www.clavero.derechosindigenas.org

Información relacionada publicada en Servindi:

Servindi, 4 de septiembre, 2010.- Las comunidades del pueblo Ngäbe:  Valle Rey, Charco la Pava y Changuinola Arriba exigen que el Gobierno de Panamá y a la empresa AES/CCW ejecuten la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Seguir leyendo…

Por Bartolomé Clavero*

14 octubre, 2009.- A finales de enero de este año 2009, el actual Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, rindió una visita a Charco La Pava y otras comunidades indígenas del pueblo Ngöbe en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, para evaluar la situación de grave conflicto frente a la construcción de una represa que inundará sus tierras. Seguir leyendo…

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Carretera para el acceso al proyecto Chan 75, de enormes proporciones tratándose de un área protegida, el Bosque Protector de Palo Seco, que el gobierno ha concesionado para construir grandes represas, extraer mineral, destruyendo los bosques, afectando la biodiversidad y a las comunidades indígenas Ngobe. Los impactos ambientales directos son terribles y es el inicio de impactos indirectos, sinérgicos o acumulativos que afectarán al conjunto ecosistémico denominado Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. Seguir leyendo…

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