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Exigen que gobiernos de la cuenca amazónica protejan a defensores/as

Representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía denunciaron las amenazas y violaciones de derechos humanos por los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú; y solicitaron a la CIDH que interceda para que estos tomen medidas efectivas de protección.

Servindi, 1 de octubre, 2020.- Representantes de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamar la atención a los gobiernos de la cuenca amazónica a fin que brinden protección efectiva a los defensores/as indígenas.

El reclamo se efectuó el 28 de setiembre en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuada con instancias de la sociedad civil en el marco de su 177 periodo de sesiones.

Michael McGarrell, de la nación Patamuna de Guyana, sostuvo que la defensa del territorio los expone "a una situación de alta vulnerabilidad donde aún en situación de emergencia sanitaria se han registrado muertes a causa de violencia y conflictos”.

McGarrel, coordinador de Derechos Humanos y punto focal del Programa de Defensores de la COICA, dijo que “defender el territorio para nosotros es defender la vida. Esta defensa nos expone". 

Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), denunció que “desde abril hasta el 11 de septiembre último hemos sido testigos del asesinato de 5 defensores de derechos humanos en Perú, de los cuales 4 son indígenas".

Rubio urgió medidas coordinadas de manera multisectorial y que el Estado priorice la ratificación del Acuerdo de Escazú en tiempo oportuno pues la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso viene alargando esta decisión.

Andrés Tapia, de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), denunció los frecuentes procesos de persecución y criminalización a líderes y dirigentes.

Debido a su posición firme frente al extractivismo se han abierto juicio por presuntos delitos contra Marlon Vargas, presidente de la Confeniae, Andrés Tapia, dirigente de Comunicación, Jaime Vargas, presidente de la Conaie y otros líderes amazónicos.

A ello se agrega numeroso”. A esto se han sumados procesos de hostigamiento e intimidación a los líderes comunitarios con seguimiento a sus familias que ponen en riesgo su integridad y la de sus comunidades.

Desde Brasil, Leany Torres, vicecacique general del pueblo Warao del asentamiento Ka Ubanoko, solicitó atención internacional por dos pueblos indígenas venezolanos migrantes en grave situación de vulnerabilidad.

Se trata de los pueblos Eñepa y Warao que el Estado de Brasil pretende desalojarlos el 28 de octubre. 

Al respecto, Leany comunicó de que han informado al Estado de Brasil que no se oponen a un traslado, pero si a la forma cómo los pretenden desalojar y al lugar para la reubicación, por definirse de manera arbitraria e inconsulta.

“Estamos hablando de las vidas de 300 personas entre niños, adultos y personas mayores, quienes somos descendientes de pueblos originarios y, por tanto, exigimos se respeten y garanticen nuestros derechos al consentimiento y consulta reconocidos en diversos instrumentos internacionales” puntualizó Leany.

En tal sentido, solicitó a la CIDH interceder ante el Estado de Brasil para suspender el proceso de desalojo y coordinar el otorgamiento de un territorio para los pueblos acorde a los estándares interamericanos.

Desde Bolivia, Tomas Candia, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) orgánica, explicó que la situación de los pueblos indígenas en Bolivia es preocupante y merece ser objeto de atención inmediata.

En los últimos 14 años se han generado las peores violaciones a los derechos de los pueblos indígenas como la “la brutal represión a la novena marcha indígena, en la localidad de Chaparina".

Esta brutal represión fue agravada "por la liberación de responsabilidad, de las principales autoridades y ministros responsables; generando 9 años de la más vergonzosa impunidad”.

Remarcó que la respuesta tardía en los procesos y la falta de respuesta oportuna de los organismos internacionales, han generado un escenario de impunidad para el Gobierno boliviano.

Oscar Daza, coordinador de Derechos Humanos de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), reportó que “solo en 2020 se han asesinado 84 líderes y defensores de los derechos humanos indígenas en todo el país, es decir, sea duplicado a diferencia del año anterior”.

Uno de los departamentos de Colombia más azotados por los grupos armados legales e ilegales, es el Putumayo, cuya ubicación estratégica y el abandono institucional, conlleva a una sistemática
violaciones de los derechos humanos, por parte de estos grupos.

Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD)

Como miembro de la sociedad civil, Jackeline Borjas, de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), reiteró que persiste la inacción estatal a favor de los defensores/as indígenas.

A ello se suma el poco interés de los Estados por ratificar el Acuerdo de Escazú, herramienta que reforzaría la protección de los defensores/as.

Del mismo modo, pidió un pronunciamiento a favor de priorizar la aprobación del Proyecto de ley 4044/2018-CR a favor de la intangibilidad de los territorios de los pueblo en aislamiento y contacto inicial (PIACI).

Al cierre del encuentro, representantes de la CIDH indicaron que vienen haciendo seguimiento a la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas. Asimismo, agradecieron la información recibida al ser insumo valioso para con su labor.

Dato:

La COICA es la organización indígena de carácter internacional que representa a los pueblos indígenas de los nueve países de la cuenca amazónica.

El Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas de la COICA fue creado en 2018 para monitorear, hacer seguimiento, difundir y denunciar casos de vulneración de derechos de defensores y defensoras indígenas, en el marco de proyectos extractivos y de infraestructura.

 

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