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Perú: Organizaciones indígenas rechazan dictamen de Comisión de Constitución

Servindi, 15 de julio, 2010.- En conferencia de prensa realizada ayer dirigentes indígenas de diferentes organizaciones nacionales rechazaron la aprobación del dictamen de la Comisión de Constitución que acepta todas las observaciones del Ejecutivo a la autógrafa del proyecto de Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas.

Los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) insistieron en la necesidad de que el gobierno apruebe la Ley de Consulta Previa aprobada en el Congreso el 19 de mayo.

Ellos estuvieron acompañados de los parlamentarios del Partido Nacionalista Peruano.

Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, manifestó que “las observaciones del Ejecutivo no resisten el menor análisis jurídico, porque un Estado no puede privilegiar los 'intereses privados' sobre los derechos fundamentales de sus ciudadanos".

“Al obrar de esta manera, el Gobierno se pone formal y materialmente por fuera de la ley y contra el Estado de Derecho que proclama defender”, indicó.

De esta manera, el líder amazónico reiteró la posición de los pueblos amazónicos que antes, durante y luego de los luctuosos hechos de Bagua, se mantienen en actitud de diálogar y formular propuestas constructivas y de acuerdo a ley.

La Mesa de Trabajo Nº 3 entre el Estado y los pueblos indígenas fue -luego del conflicto de Bagua- el espacio donde se gestó una propuesta de Ley de Consulta durante siete meses de trabajo.

La propuesta, con los aportes de la Defensoría del Pueblo, fue finalmente aprobada por el Congreso de la República el 19 de mayo. Sin embargo, el poder Ejecutivo bloqueó la promulgación al formular ocho observaciones a la autógrafa de Ley.

La Comision de Constitución y Reglamento decidió el martes 13 de julio allanarse o aceptar todas las observaciones del Ejecutivo, e incluso introdujo modificaciones que agravan la situación. Por ejemplo, restringe la consulta a las comunidades con títulos de propiedad.

Las organizaciones nacionales denunciaron el contubernio político entre el partido de gobierno Apra, la bancada parlamentaria fujimorista y la coalición de derecha Unidad Nacional para avasallar los derechos de los pueblos indígenas.

Mario Palacios, presidente de la CONACAMI, calificó de fraudulentas las observaciones del ejecutivo y de “grosera” la forma cómo se ha concertado políticamente un fraude jurídico en la Comisión de Constitución.

Para el líder andino “el gobierno aprobó una norma de consulta consultada primero a los grandes intereses petroleros y mineros” quienes al parecer "tienen la última palabra, por encima del estado de derecho".

“Nosotros solo exigimos que el Estado respeto los derechos legítimos de sus pueblos y comunidades originarios. La Ley de Consulta Previa aprobada por el Congreso el 19 de mayo reflejaba un consenso y la búsqueda de una proporcionalidad y equidad en la relación entre estos dos actores” expresó.

Por su parte Marisol Espinoza, vocera del Partido Nacionalista, calificó la aprobación del dictamen por allanamiento como “inaudita y grave”, pues demuestra que “el gobierno y sus aliados no han aprendido nada de la lección de Bagua".

"Parece que no tienen el mínimo cargo de conciencia por la muertes ocurridas a consecuencia de la prepotencia y terquedad de este gobierno” señaló la congresista piurana.

"Con este allanamiento el gobierno pretende ir más allá y desconocer incluso la existencia de las comunidades indígenas, y los derechos que estas tienen sobre sus territorios ancestrales" señaló.

La bancada nacionalista insistirá en la Comisión Permanente o en el Pleno del Congreso que no se apruebe el allanamiento toda vez que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología la rechazó por unanimidad.

Finalente, los líderes de las organizaciones indígenas anunciaron que, con ley o sin ley de consulta, defenderán los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y aplicarán el derecho a la consulta en los territorios andinos y amazónicos en estricto cumplimiento de su derecho a la libre determinación.

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¡Exigimos al Congreso la aprobación de la Ley de Consulta de acuerdo al Convenio 169 de la OIT sin el veto del gobierno!

Los pueblos indígenas originarios amazónicos y andinos del Perú, organizados a través de sus instituciones representativas: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP, Confederación Campesina del Perú – CCP, Confederación Nacional Agraria – CNA, Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la Minería – CONACAMI, centralizadas en el Frente Nacional Por la Vida y la Soberanía – FRENVIDAS, se dirigen a la opinión publica nacional e internacional, para dar a conocer su posición sobre el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso de la República de allanarse a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la Ley de Derecho a la Consulta, en los términos siguientes:

Los pueblos indígenas amazónicos iniciamos la movilización el 9 de agosto de 2008, continuando nuestras luchas en abril y junio del 2009, demandando la derogatoria de varios decretos legislativos emitidos por el Presidente Alan García; y exigiendo el Derecho a ser Consultados, de acuerdo a lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano, mediante Resolución Legislativa Nº 26253, vigente en nuestro país desde de febrero de 1995. Siendo un Tratado Internacional de obligatorio cumplimiento por parte del Estado y los Gobiernos.

Luego de 55 días de heroica resistencia, el 5 de junio del 2009 el Ejecutivo ordenó el violento desalojo de la Curva del Diablo, con un alto costo social en vidas de hermanos indígenas y policías.

Luego de los lamentables sucesos de Bagua, el Congreso de la República, ante el repudio y la indignación del pueblo peruano y la comunidad internacional, se vio en la obligación de derogar los decretos legislativos 1064 y 1090, como antes lo hiciera de los D.L- 1015 y 1073. Cuando días antes, no solo se había negado a hacerlo, sino que pretendió burlarse de los pueblos indígenas amazónicos, “suspendiendo”, la aplicación de dichas normas.

En mayo del año 2010, el Congreso de la República, aprobó mediante un amplio consenso de los diferentes grupos políticos representados en el Legislativo, la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio Numero 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Al aprobarse, primero la derogatoria de cuatro decretos legislativos, y posteriormente la Ley de Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas, el Congreso de la República ha reconocido legal y públicamente la LEGITIMIDAD DE NUESTRAS LUCHAS Y NOS HA DADO LA RAZON EN LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS A LA VIDA Y A LOS TERRITORIOS ANCESTRALES.

Por tanto, el Ejecutivo al vetar la Ley de derecho a la consulta, lejos de reconocer este derecho legítimo de los pueblos indígenas, ha tirado por la borda el amplio consenso alcanzado por la representación nacional en el Congreso, aduciendo que una “minoría” de indígenas no puede “imponerle” su voluntad a la “mayoría” de peruanos.

De acuerdo a las opiniones de los expertos en la materia, como el Señor Anaya, Relator Especial de los derechos de los pueblos indígena de las Naciones Unidas, sostienen que, las observaciones del gobierno se pronuncian en contra del texto expreso del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el cual es vinculante para el Estado peruano y hace parte del Bloque de Constitucionalidad de la Constitución del Perú.

Por nuestra parte, sostenemos que las observaciones del ejecutivo no resisten el menor análisis jurídico, donde, un Estado no puede privilegiar los “intereses privados” sobre los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en este caso debe priorizar el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, con la debida consulta y participación en los planes de desarrollo global en las regiones donde habitan (Convenio 169 OIT, art. 7,2). Al obrar de esta manera, el Gobierno se pone formal y materialmente por fuera de la ley y contra el Estado de Derecho que proclama defender.

La Comisión de Constitución del Congreso de la República, el día ayer 13 de junio del año en curso, en su sesión ordinaria, aprobó por mayoría de sus miembros, el “allanamiento” a las observaciones del ejecutivo a la ley de derecho a la consulta. Con lo cual, lejos de asumir la defensa de sus fueros constitucionales. Addica de sus funciones, cediendo al chantaje del gobierno anti-indigena sometido a los intereses de lobbystas de empresas extractivitas transnacionales

Ante esta situación los pueblos indígenas y originarios planteamos:

1.Exigimos al Pleno del Congreso de la Republica rechazar las “observaciones” del ejecutivo, así como el “allanamiento” de la Comisión de Constitución, que termina degenerando el texto de la ley de consulta aprobada por el pleno el 19 de mayo pasado.

2.Nos ratificamos en la defensa de nuestros derechos colectivos fundamentales nacional e internacionalmente reconocidos, De tal manera que demandamos la aprobación de una “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo”

3.En este camino, anunciamos a todos y los peruanos y peruanas, que no aceptaremos una ley de consulta, degenerada, que desconozca nuestros derechos y colisione con el Convenio 169 de la OIT. Los pueblos indígenas y las comunidades, ratificamos que con ley o sin ley, defenderemos nuestros sagrados derechos colectivos y aplicaremos en nuestros territorios el derecho a la consulta, en estricto cumplimiento del derecho a la libre determinación, establecido por el Convenio 169 y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo de la ONU.

4.Ante esta situación, denunciamos los propósitos del Gobierno y la Comisión de Constitución, que en sus manifiestos deseos de defender privilegios e intereses privados, esta colocando peligrosamente al ESTADO PERUANO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS. Situación, que no estamos dispuestos a aceptar.

5.Hacemos un llamamiento a la solidaridad de los pueblos, comunidades, y organizaciones populares, movimientos sociales, autoridades locales, regionales, colegios profesionales e instituciones de la sociedad civil de nuestro país para movilizarnos en defensa de nuestros sagrados derechos colectivos y territorios ancestrales, hasta la aprobación definitiva de una Ley de Derecho a la Consulta de acuerdo al Convenio 169 d la OIT, Lima,

14 de julio del 2010

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI)

Confederación Campesina del Perú (CCP)

Confederación Nacional Agraria (CNA)

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Información relacionada publicada en Servindi:

Servindi, 13 de julio, 2010.- La Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) denunció que el dictamen de la Comisión de la Constitución aprobado hoy responde a los intereses de las empresas mineras y petroleras y constituye un nuevo atropello e injusticia contra los pueblos indígenas u originarios. Seguir leyendo…

Servindi, 14 de julio, 2010.- El Perú se arriesga a una sentencia al no cumplir con el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se establece el derecho a la consulta previa. Seguir leyendo…

- Dictamen no respeta los alcances del Convenio 169 de la OIT.

Servindi, 13 de julio, 2010.- La Comisión de Constitución se allanó (aceptó) a las observaciones formuladas por el Ejecutivo a la Ley de  Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, entre las cuales se desconoce el derecho de las comunidades campesinas de la sierra a ser consultadas. Seguir leyendo…

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Comentarios

Los indigenas originarios somos una minoría??? Minoría frente a qué pueblo o colectividad??? ... para demostrar a quienes no reconocen nuestra existencia; debemos de inmediato exigir un censo nacional sobre la adscripción a uno de los pueblos o sobre autoidentificación como quechua, aimara, shipido u otra identidad étnica - originario. Así lograremos datos precisos y demotrar quienes somos indígena originarios en este país llamado Perú.

Con esta posición del ejecutivo en relación a la Ley de la Consulta Previa, nuestros gobernantes se deshacen de cualquier eufemismo y se comportan cual recios defensores de las empresas multinacionales, no era necesario la Ley de Consulta Previa, simplemente se tenía que defender el cumplimiento del convenio 169 con la OIT; sin embargo de todas maneras con el Convenio o sin el Convenio, con la Ley o sin la Ley, está clarísimo que los "padres" de la Patria han tomado una férrea defensa de los consorcios mundiales.
Nuestra población se dará cuenta cómo los fujimoristas, los apristas y la derecha involucionada se unen "perfectamente" y frente a ese panorama las organizaciones populares y el pueblo en general debemos tomar nota que, de una o de otra forma, directa o indirectamente fujimori, está "vigente".
Toda acción determina una reaccción, creo que los Peruanos que admiramos y respetamos la memoria de Tupac Amaru, tenemos una tremenda responsabilidad histórica...DEFENDER NUESTRA SOBERANIA, NUESTROS RECURSOS Y NUESTRAS VIDAS.
Bien lo ha dicho el Premio Nobel en Economía J. Stiglitz que, detrás de los gobernantes que traicionan a sus pueblos están los grandes multimillonarios del mundo....tremenda verdad que, ahora lo podemos comprobar de la manera más fehaciente.

Si el gobierno dice que somos una minoría, exijamos un censo, donde seremos muchos los que somos, nos identificamos como quechuas, aymaras, amazónicos (todos los existentes a lo largo y ancho del país).

Es nuestro derecho exigir que en el próximo censo nacional tengan que incorporar la variable de pertenencia e identificación como parte de los pueblos indígenas.

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