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Mundo Indígena Perú, el resumen semanal de Servindi (al 27 de feb.)

Servindi, 28 de febrero, 2022.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Ian Bravo y Marjorie Ugaz.

 

Resumen nacional del 21 al 27 de febrero, 2022

Visita. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, visitó zonas contaminadas del país y conversó con los principales afectados.

El 21 de febrero, estuvo en Loreto, en un encuentro con comunidades quechua y achuar que sufren más de 50 años de contaminación petrolera por el Lote 192.

De igual forma, el 24 de febrero estuvo en la provincia cusqueña de Espinar, donde se reunió con personas afectadas por metales tóxicos a causa de la explotación minera en la región.

En sus últimas actividades, Orellana se reunió con pescadores afectados por el derrame petrolero en las costas de Lima.

Además, conversó con el congreso y miembros de la sociedad civil con quienes resaltó la importancia del Acuerdo de Escazú.

Compensación para víctimas. La empresa Repsol está obligada a identificar los daños y a las personas afectadas por el derrame petrolero en Ventanilla (Lima), con el fin de realizar una propuesta de compensación.

Como recuerda el constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda, esta solución está contemplada en un decreto supremo promulgado por el Ministerio de Energía y Minas en 2007.

Seguir este proceso sería mejor que realizar una demanda civil por indemnización, pues la última medida implicaría un juicio más largo y costoso, indica el especialista.

Contra el uso de tóxicos. Dos asociaciones de Apurímac demandaron al Estado por la falta de fiscalización que permite el uso de plaguicidas altamente tóxicos en la agricultura familiar.

Admitida por un juzgado de Abancay el 20 de enero, la demanda va dirigida contra el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y los ministerios de Agricultura y Salud.

Las asociaciones piden que se reconozca la venta de estos plaguicidas como una amenaza para la vida y se anulen los permisos otorgados para cada uno de los productos que los contienen.

Toman bonos. La Federación de Productores de Castaña de Madre de Dios denunció que el Ministerio del Ambiente busca apropiarse de la administración y venta de bonos de carbono.

Mediante un decreto, los 505 miembros de esta federación dejarían de recibir los fondos que obtienen por cuidar los bosques contra la deforestación de actores ilegales.

De concretarse este escenario, ningún concesionario estaría en la obligación de conservar los bosques y, en cuatro o cinco años, las áreas terminarían totalmente deforestadas, advirtieron.

Erradicación concertada. Como un compromiso entre el Estado con la sociedad andina y amazónica, el Pacto Social Ciudadano busca reducir los cultivos de coca de fines ilícitos para contribuir al desarrollo integral y sostenible.

Así lo anunció el titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, quien destacó el rol prioritario de los pueblos indígenas en esta labor.

Esta propuesta de Devida busca el retiro voluntario de sembríos de coca. El aumento de la  superficie de cultivos en los últimos años da cuenta del fracaso de la disminución forzosa.

Agua analizada. Una aplicación para celulares permite a miembros de la comunidad campesina ‘Cordillera Blanca’, en Recuay (Áncash), determinar la salubridad de sus fuentes de agua.

Mediante el ingreso de información sobre insectos que viven en el agua, la aplicación identifica indicadores biológicos.

Con ello, permite saber si el agua es apta para consumo humano, animal, así como para el riego de plantas.

Migrar no es delito. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó los discursos que vinculan la migración, en especial la venezolana, con el aumento de la criminalidad en el Perú.

Las narrativas que ubican el problema de la inseguridad en la migración afectan la convivencia en el país, destacó la organización mediante su grupo especial de Movilidad Humana.

La lucha contra la inseguridad ciudadana debe abordarse en estrategias y políticas que buscan prevenir y sancionar los actos delictivos, no con normas migratorias que criminalizan y afectan a los derechos humanos.

Sin garantías. La Defensoría del Pueblo exigió tomar acciones para garantizar la calidad de la educación y las condiciones de seguridad de cara al inicio de las clases presenciales.

La entidad realizó este anuncio luego de analizar 212 instituciones educativas públicas, en las que halló diversas deficiencias en la infraestructura, entrega de materiales, contratación docente y en medidas contra el COVID-19.

Acceso a tecnología. Un estudio de la organización HiperDerecho y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que las adolescentes en el Perú tuvieron menos acceso a dispositivos tecnológicos durante la pandemia.

La investigación señala que el 25 por ciento de adolescentes mujeres tuvo que prestarse un celular para acceder a sus clases virtuales durante la pandemia, frente al 15 por ciento de hombres que lo hicieron.

Sin expresión. El dictamen que restringe revelar información de procesos de colaboración eficaz afecta gravemente a la libertad de expresión y viola principios constitucionales.

Como sostiene el constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda, esta iniciativa de la Comisión de Justicia del Congreso es un acto de censura al trabajo de los periodistas y viola el derecho a la reserva de las fuentes.

Esta medida aprobada por Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular obstruye la lucha contra la corrupción, recuerda Ruiz Molleda.

Aceptan vacunación. Más de 327mil dosis de vacunas contra la COVID-19 se aplicaron en comunidades nativas hasta la fecha. Así, más de 126 mil indígenas ya cuentan con ambas dosis.

Como informó Julio Mendigure, titular de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Salud, la cifra refleja que más del 56 por ciento de indígenas aceptó vacunarse.

Preservar lenguas. Una lengua extinguida es como una gran biblioteca incendiada. Así lo sostuvo Fernando García Rivera, docente del Programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana (Formabiap).

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el docente destacó el valor de las lenguas indígenas para preservar conocimientos.

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