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Guatemala: El costo de la Paz. Causas que originaron el conflicto armado siguen vigentes

Prensa Libre.- Los más de Q114 mil millones destinados para financiar el cumplimiento de los acuerdos de paz no han bastado para reducir los problemas que originaron el enfrentamiento interno: la pobreza y la desigualdad, lejos de cerrar brecha, se han incrementado.

La evaluación de los analistas, una década después del cese al fuego, es que pese a estos millonarios recursos, la pobreza y la pobreza extrema afectan a más del 60 por ciento de la población, especialmente en aquellas áreas que más sufrieron por la guerra. En 1989 –pleno conflicto armado–, el 79.9 por ciento de la población era pobre, y el 59.3 por ciento vivía en extrema pobreza; esto se agravaba en el área rural, donde el 71 por ciento estaba en extrema pobreza.

Aunque ha habido avances, según analistas del Banco Mundial, el país no sólo está marcadamente dividido en lo social y con un alto porcentaje de indígenas abandonados en su vida rural, sino que económicamente las grandes diferencias en la concentración de la riqueza resultan abismales, pues el quintil superior recibe el 62 por ciento de los ingresos.

La paz en cifras

Según las cifras del Ministerio de Finanzas Públicas, desde 1996 hasta la fecha se han presupuestado unos Q114 mil millones, de los cuales 43 por ciento, casi Q50 mil millones, han sido canalizados a proyectos de educación, ciencia y cultura. Le sigue salud y asistencia social, con 27 por ciento –Q30 mil millones–, y en tercer lugar la seguridad interna, con 13 por ciento, lo que equivale a Q15 mil millones.

La comunidad internacional ha financiado parte de estos recursos. Hugo Vargas, consultor en cooperación internacional de la Secretaría General de Planificación (Segeplan), informa que desde 1998 hasta el 30 de septiembre de este año se han desembolsado US$3 mil 485.8 millones (Q26 mil 492 millones), aunque lo suscrito, es decir lo comprometido, asciende a US$4 mil 905.8 millones. Segeplan agrega que a estos fondos se suman las contrapartidas que el Gobierno debe desembolsar.

El monto acumulado en estos 10 años ha sido de US$1 mil 594 millones (Q12 mil 114 millones). El 60 por ciento de los recursos foráneos son préstamos, o sea dinero que los contribuyentes deberán pagar a largo plazo. Los Q75 mil 394 millones restantes han sido erogados por el Estado con sus recursos internos, captados gracias a los impuestos. Todo ese dinero ha servido para financiar 915 proyectos, distribuidos en las siguientes áreas: reasentamiento, incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y reconciliación; desarrollo humano, desarrollo productivo y fortalecimiento y modernización del Estado democrático.

Pobreza enraizada

Pese a lo anterior, no se ven cambios. Un informe elaborado por varias organizaciones de la sociedad civil y patrocinado por la Fundación Frederich Ebert destaca que la firma de la paz y el cese al fuego no han servido para que los guatemaltecos tengan una vida digna.

En el documento, que se basa en el Ãndice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en datos de Segeplan, se destaca que la pobreza extrema se incrementó de 16 por ciento que se encontraba en 2000, a 21.5 por ciento en el 2004. Nadia Sandoval, del Centro de Internacional de Investigación en Derechos Humanos, opina las causas que provocaron la guerra aún están vigentes. Más del 62 por ciento de la población vive en la pobreza, y así no puede haber paz.

Los departamentos de San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango y Quiché presentan un índice de pobreza de más del 80 por ciento, en especial este último, que fue el más golpeado por la guerra, con 344 masacres registradas, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. El informe destaca además que aún existe un gran rezago en materia de educación y salud. En el primer aspecto si bien se ha mejorado la cobertura educativa, continúa la deserción. En salud, los indicadores registran que el 15 por ciento de la población no tiene cobertura.

Héctor Rosada, ex director de la Comisión de la Paz en los años 1990, recuerda que el objetivo de los acuerdos era crear un país diferente, y esto significaba transformar los problemas socioculturales más profundos. João Melo de Sampaio, representante de la Comisión Europea en Guatemala, considera contradictorio que se mantengan los índices de pobreza, pese a tener una macroeconomía estable y reconocida a nivel internacional.

A los problemas socieconómicos se suma el de seguridad, que de acuerdo con el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, es un aspecto que no se ha podido garantizar. Los acuerdos de paz tenían una visión integral, que era depurar las fuerzas de seguridad y que éstos fueran sujetos a la justicia; nada de esto se produjo, y más aún se quedaron dentro de las estructuras del Estado.

La Secretaría de la Paz destaca que ha habido avances en materia de derechos humanos, seguridad y defensa, pueblos indígenas y en la agenda legislativa. Entre éstos destaca la creación de una oficina permanente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la aprobación de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz y el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

En materia de defensa se presentó una nueva doctrina militar, se redujo el Ejército en 15 mil 500 efectivos, lo que significó una disminución del 67 por ciento. También se aprobaron las leyes de Inteligencia Civil, contra la Delincuencia Organizada, de Catastro y de Idiomas Nacionales.

Norma Quixtán, secretaria de la Paz, sostiene que el Gobierno ha hecho esfuerzos por dejar políticas públicas establecidas, como el hecho de haber relanzado los acuerdos en febrero del 2004 y establecerlos como políticas de Estado.

Asignatura pendiente

El talón de Aquiles de esta administración sigue siendo la incapacidad de poder alcanzar una carga tributaria del 12 por ciento sobre el Producto Interno Bruto (PIB), meta que debió haberse cumplido en el año 2000. A la fecha no se alcanza ni el 10 por ciento.

En un reciente informe presentado por el Gobierno se asegura que esta administración ha destinado Q5 mil 815.4 millones para gasto social, lo que representa un aumento del 55.4 por ciento en comparación con lo asignado en el 2003. Carlos Barreda, del Colectivo de Organizaciones Sociales, manifiesta que la estrategia financiera del Estado para el pago de la paz ha fracasado, pues el financiamiento externo está amarrado a un compromiso interno, que es elevar la carga tributaria.

Evaluar el cumplimiento versus financiamiento internacional era uno de los objetivos de los grupos consultivos, los cuales fueron suspendidos. El director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Juan Alberto Fuentes, manifiesta que los fondos de la comunidad internacional para financiar la paz en Guatemala no representan ni el dos por ciento sobre el PIB. Y la tendencia es a que esta cooperación se reduzca, debido a que Guatemala ya no es una prioridad a nivel internacional.

La ex secretaria de la Paz, Raquel Zelaya, asegura que el cumplimiento de dichos acuerdos no es competencia exclusiva del Gobierno, sino de todos los sectores del país. La paz ha tenido un acompañamiento tibio de la sociedad y de los partidos políticos, a los que señala de haberse opuesto a cambios, como las reformas a la Constitución Política de la República.

Entre los retos el mismo Gobierno reconoce que deben cumplir está disminuir los índices de analfabetismo, superar el déficit de acceso al sistema educativo por parte de los pueblos indígenas, concluir casos de adjudicación de tierras, dotar de vivienda digna, establecer una política de seguridad pública, entre otros.

Fuente: Prensa Libre, Recibido por cortesía de Genaro Bautista, Regiones Indias. 

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