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Nicaragua: Denuncian política divisionista del gobierno para imponer canal interoceánico

Servindi, 17 de diciembre, 2015.- El Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) y la Comunidad Indígena Rama de Bangkukuk Taik presentaron un recurso de amparo por la violación de su derecho a la autonomía contra el Gobierno Regional Autónomo del Caribe.

Denuncian que el Ejecutivo de este organismo promovió y financió una asamblea comunal para reemplazar ilegalmente al actual presidente de la citada comunidad, Carlos Wilson Billis, cuyo cargo está vigente hasta el 13 de marzo de 2017.

Mediante un comunicado de prensa señalan que el recurso de amparo se presentó el 14 de diciembre contra Rubén López, ejecutivo del Gobierno Regional, quién en complicidad con Diego Castillo Benjamín, efectuaron una asamblea para cambiar al presidente comunal.

Otro de los denunciados es Mario Dacosta Holmes, primer secretario del Consejo Regional Autónomo del Caribe Sur, quién ilegalmente certificó como nuevo presidente a Diego Castillo Benjamín.

De esa manera el citado funcionario trasgredió una certificación expedida por él mismo en agosto de 2013, donde consta que el mandato de Carlos Wilson Billis está vigente hasta el año 2017.

Pueblos originarios y Afro-Descendientes de la costa caribe de Nicaragua amenazados por el Gran Canal Interoceánico. Foto: Vera Narváez, SURLA.ORG

El trasfondo del conflicto

Los denunciantes sostienen que los funcionarios del Gobierno y el Consejo Regional de la Región Autónoma del Caribe Sur "han propiciado la división y el conflicto entre las comunidades" a fin de reemplazar a las autoridades comunales opositoras al Canal Interoceánico de Nicaragua.

En marzo de 2015 la Comunidad Indígena Rama de Bangkukuk Taik y su presidente expresaron públicamente mediante un vídeo la falta de respeto al derecho de consulta previa del megaproyecto de canal y que contempla la construcción de un puesto de aguas profundas en territorio de la comunidad.

En setiembre de 2015 se conoció el estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa Environmental Research Management (ERM) donde se confirman los temores de la comunidad sobre la necesidad de desplazarla de su territorio para la construcción del Puerto Águila.

Como lo denuncian las autoridades del pueblo Rama se viene violando el derecho colectivo no solo al consentimiento libre, previo e informado referido al proyecto, sino también el derecho a la libre determinación y a dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales.

La economía de la población de Bagkukuk Taik es principalmente de subsistencia y su seguridad alimentaria depende de los recursos naturales de sus territorios compartidos de manera tradicionalmente ancestral y colectiva.

La población vive de la agricultura de consumo, de la caza en los bosques y de la pesca tradicional. Asimismo, recolectan frutos y plantas medicinales y cortan madera para construir sus viviendas y canoas, su principal medio de transporte.

Política de gobierno

Cabe agregar, indican los denunciantes, que las maniobras divisionistas orientadas a imponer gobiernos comunales paralelos favorables al megraproyecto es una política partidaria del gobierno de Nicaragua que se viene aplicando también en otros lugares.

Tal es el caso, por ejemplo, del Gobierno Comunal Creole que se vio obligado a interponer un recurso de amparo en octubre de 2014 contra el mismo funcionario Decosta Holmes por otras actuaciones irregulares.

Conozca el comunicado de prensa con un clic en el siguiente enlace:

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