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Advierten preocupante situación de mujeres indígenas en Loreto

Foto: Defensoría del Pueblo

- Solo dos mujeres nativas de la cuenca del río Chambira asisten a la escuela secundaria.

Servindi, 19 de noviembre, 2015.- Las mujeres del pueblo indígena Urarina, en Loreto, viven en una situación que preocupa. La violencia de la que son víctimas por parte de sus parejas, su poca participación en espacios de toma de decisión, entre otras circunstancias, refuerzan identidades disminuidas y la aceptación del abuso.

Así lo advierte la Defensoría del Pueblo en un reciente artículo publicado esta semana.

El organismo autónomo se enfoca en el caso de las mujeres de la cuenca del río Chambira, las cuales se encuentran en una posición de clara desventaja frente al resto de la comunidad.

"La lejanía de la escuela secundaria, los altísimos costos de traslado y el temor de los padres de que sus hijas se casen con un foráneo influyen para que no las envíen a estudiar", explica.

La situación es tal que solo dos mujeres indígenas de la cuenca asisten a la escuela secundaria.

En ese sentido, la Defensoría traza un primer camino para empezar a revertir esta realidad. Sostiene así que "es muy importante comprender que ninguna cultura es estática y que mediante el diálogo se pueden construir espacios que favorezcan la autonomía de las mujeres."

A continuación el artículo completo publicado por la Defensoría del Pueblo:

De espaldas a sus derechos: La situación de las mujeres del pueblo indígena urarina en Loreto

Ser mujer e indígena en el Perú implica tener menores posibilidades de estudiar secundaria, rara vez obtener justicia cuando se es víctima de violencia y tener una esperanza de vida menor debido a enfermedades que en zonas urbanas ya fueron superadas. También supone enfrentar diversas formas de hostigamiento para acceder a un cargo comunal o casino experimentar actos de discriminación cuando quieren manejar solas sus tierras.

En Loreto, en la cuenca del río Chambira –a más de dos días en bote desde Iquitos– las mujeres del pueblo indígena urarina viven una situación que acentúa más sus desventajas. La lejanía de la escuela secundaria, los altísimos costos de traslado y el temor de los padres de que sus hijas se casen con un foráneo influyen para que no las envíen a estudiar. Solo dos mujeres indígenas de la cuenca asisten a la escuela secundaria.

Esto sumado a uniones matrimoniales tempranas (la mujer a los 13 años es “entregada” a un varón), altos niveles de violencia por parte de sus parejas, así como la poca participación femenina en asambleas comunales –su presencia se limita a estar de espaldas a los demás mirando fijamente las paredes–, van reforzando identidades disminuidas y la aceptación del abuso.

¿Cómo empezar a revertir esta situación? Una aproximación extremadamente asimilacionista podría llevar a pensar que los urarinas son una cultura atrasada y que se requiere, por tanto, de una intervención inmediata del Estado a fin de “civilizarlos” por su pérfido comportamiento. En el otro extremo, una visión culturalista impediría cualquier intervención en la zona, pues se tiene que proteger a la comunidad de toda influencia externa.

Ninguno de los dos enfoques es acertado. La formación de una sociedad plural que reconozca la diversidad plantea retos complejos a las sociedades democráticas, pues los valores de las comunidades pueden entrar en tensión. Sin embargo, esto no debe significar una excusa para desconocer derechos básicos.

En ese escenario es muy importante comprender que ninguna cultura es estática y que mediante el diálogo se pueden construir espacios que favorezcan la autonomía de las mujeres.

Obviamente no hay recetas normativas o institucionales para lograrlo fácilmente. Pero sí se necesitan cambios dentro del propio Estado, pues su actuación termina por reforzar la exclusión. El Ministerio de la Mujer, hasta el momento, no ha brindado a las mujeres indígenas el protagonismo que les permita construir sus propias estrategias de prevención y acompañamiento frente a la violencia.

Un ejemplo de ello es la norma vigente sobre violencia familiar que no tiene asidero en la realidad de las mujeres que viven en comunidades. Esta norma establece como sanción la realización de trabajo comunitario para el agresor, pero en una comunidad amazónica este tipo de labor no necesariamente es considerado un castigo sino parte de la vida en comunidad. Disponer el alejamiento del agresor de la casa de la víctima tampoco será posible de cumplir en comunidades pequeñas, ni menos encontrar un médico legista o psicóloga que acredite las lesiones.

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Fuente: http://www.defensoria.gob.pe/blog/de-espaldas-a-sus-derechos-la-situacion-de-las-mujeres-del-pueblo-indigena-urarina-en-loreto/

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