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La contradictoria política de Áreas Protegidas del Gobierno peruano

Deforestación en el área natural protegida Sierra del Divisor. Hace nueve años espera su categorización definitiva como Parque Nacional. Foto: Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP)

Pese a que el actual Gobierno ha impulsado una serie de normas que debilitan la gestión ambiental, busca justificar la compra de un satélite de S/. 575 millones asegurando que servirá para vigilar las Áreas Naturales Protegidas. Una contradictoria política de cara a la protección del medio ambiente.

Por José Carlos Díaz Zanelli

Servindi, 26 de junio, 2015.- Al Gobierno peruano le ha costado justificar el gasto de S/. 575 millones que realizó para adquirir el famoso satélite biométrico que compró a Francia. En ese afán por defender la compra, recientemente se ha señalado que dicho aparato servirá también para monitorear las Áreas Naturales Protegidas (ANP), además de los fines de seguridad y defensa para los cuales fue adquirido.

“Eso nos va a permitir decirle al jefe del ANP que vaya con el personal de guardaparques y verifique qué es lo que está pasando. Las imágenes te van a indicar que hay deforestación”, dijo hace unos días Pedro Gamboa, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).

Sin embargo, pese a estas manifestaciones, la política del Gobierno no se condice precisamente con la protección de las ANP. Prueba de ello es la recordada Ley 30230 que el Ejecutivo impulsó hace unos meses y que pone en riesgo dichas zonas.

Debilitamiento

La polémica norma 30230, incluida en la serie de “paquetazos ambientales” que ha impulsado el Gobierno, fue cuestionada desde un principio por diversas personalidades. Entre ellas estuvo el propio defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, quien advirtió que dicha ley ponía en riesgo la intangibilidad del Parque Nacional Cerros de Amotape (Tumbes).

Pese a dicha advertencia, el Congreso de la República, aprobó la norma.

Por su parte, el abogado especialista en derecho ambiental, César Ipenza, también cuestionó las iniciativas del Gobierno que no hacen más que debilitar la institucionalidad del medio ambiente en el país.

“Estos paquetes normativos -con énfasis en el sector ambiental- han sido formulados por una comisión promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas pasando por encima de las competencias del Ministerio del Ambiente. Aunque ha sido el titular de esta cartera, Pulgar-Vidal, quien, lamentablemente, ha salido a defenderlos”, declaró Ipenza.

Lo cierto es que, más allá de querer justificar la compra de un costoso satélite endilgándole un uso proteccionista hacia el medio ambiente, el Gobierno ha mostrado síntomas de poco interés respecto a las ANP.

Dato:

A fines del 2014 el Sernanp realizó una auditoría a 64 ANP a nivel nacional. Tras ese estudio se detectó que cuatro de ellas presentan debilidades en su gestión y otras 32 podían mejorar su desempeño.

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