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Nicaragua: Denuncian terribles impactos del Canal Interoceánico ante la CIDH

Por Iván Herrera

Servindi, 20 de marzo, 2015.- Organizaciones civiles de Nicaragua denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el “grave” impacto social y ambiental que significa la construcción del Canal Interoceánico a través de territorios indígenas.

Durante la audiencia realizada el 16 de marzo el representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié, denunció que la construcción del canal -concesionado a la empresa china HKND- ocasionará el “desplazamiento forzoso” de unas 100,000 personas.

Asimismo, informó que la aprobación de este mega proyecto no ha sido debatida ni consultada con las poblaciones originarias que resultarán altamente afectadas.

En la presentación ante el organismo de derechos humanos se denunciaron "actos de intimidación policial" contra los indígenas que habitan la región por donde se proyecta pasará la obra.

Uno de ellos fue la disolución “con violencia desproporcionada" de una manifestación contra el canal, el 24 de diciembre del año pasado. En ella las fuerzas del orden dejaron más de setenta personas heridas y decenas de detenidos.

Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), afirmó que la concesión exclusiva por 116 años a la empresa HKND le otorga “derechos irrestrictos sobre recursos naturales tales como bosques y agua".

La más grande privatización de recursos naturales

Igualmente, Azahalia Solís, de la Unión Ciudadana por la Democracia, denunció que para beneficiar a la empresa constructora el Gobierno ha creado un “régimen jurídico particular” por el cual “se le entregará el país”. Consideró este hecho como “la más grave privatización de los recursos naturales de Nicaragua”.

Solís afirmó también que el proyecto se aprobó en un apresurado y anómalo proceso legislativo, de apenas ocho días y una discusión de tres horas.

De acuerdo al análisis de especialistas, en su aprobación primó la desinformación general, la falta de análisis y de discusión pública del proyecto, así como de consulta y de conocimiento del concesionario.

Para Mónica López Baltodano, directora de la Fundación Popol Na, la ruta anunciada del canal afectará siete áreas naturales y destruirá 193,000 hectáreas de bosque diverso.

Denunció que sigue siendo “un secreto de estado” la cifra de pobladores que serán sometidos al proceso de expropiación a cambio de un “pago irrisorio” y sin garantía de su reubicación.

Además, el impacto del mega proyecto pondría en riesgo la seguridad alimentaria de miles de nicaragüenses al afectar las actividades agrícolas de los poblados que viven en su trazo, agregó.

López advirtió que la mayor de las amenazas se cierne sobre el lago central de Nicaragua, el cual estará en riesgo de contaminación de hidrocarburos, salinización, turbidez de agua y otros.

“Si el Gobierno hubiera aplicado los parámetros existentes en nuestras legislación ambiental habría constatado que este proyecto no puede ejecutarse por su alto riesgo”, afirmó.

Por su parte, la representante del pueblo indígena Rama-Kriol, Becky Mccray Urbina, anotó que la construcción del canal afectará directamente a cinco comunidades del Pacífico.

“El 52 por ciento de la ruta del canal afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes en la costa caribeña”, dijo.

Igualmente, denunció que los pueblos no han recibido la información relevante sobre el avance del proyecto a pesar de las solicitudes realizadas. Tampoco se ha iniciado el proceso de consulta solicitado.

El pueblo Rama Kriol entregó un documento de lineamientos para viabilizar un proceso de consulta que contempla la participación de un observador imparcial de las Naciones Unidas.

Sin embargo, la respuesta del Estado fue sobornar a algunos indígenas y realizar reuniones que intentan simular consultas que no cumplen estándares mínimos en la materia, señaló Mccray Urbina.

Asimismo, denunció que se ha truncado el proceso de titulación de las tierras de la comunidad negra Kriol de Bluefields, desde que ésta presentó un recurso por inconstitucionalidad contra la ley del canal y una petición ante la CIDH.

Por todo lo anterior, las organizaciones denunciantes, exhortaron al organismo de derechos humanos visitar y hacer una evaluación en Nicaragua sobre la afectación a los derechos humanos que implica esta obra.

También le pidieron que inste al Gobierno a detener la “militarización” de la zona por donde pasará el canal.

Ante los cuestionamientos, los representantes del Gobierno señalaron que el proyecto beneficiará la economía del país y creará miles de puestos de trabajo.

Así lo anunció ante la CIDH Telémaco Talavera, representante de la comisión de Desarrollo del Gran Canal de Nicaragua.

El funcionario aseguró que se están realizando consultas a los pobladores que serán afectados y que éstas tendrán superiores condiciones de vida.

Renuncia en HKND

El vocero de la empresa HKND, Ronald MacLean, renunció a su cargo a mediados de enero porque se le impuso una política de bajo perfil y austeridad informativa, informó el diario La Prensa, de Nicaragua.

McLean, quien es un ex político boliviano, informó al referido diario que no comparte la política informativa de la empresa y consideró que ésta le está restando credibilidad.

Según el ex funcionario, HKND está en condiciones de responder  a los cuestionamientos de la opinión pública nacional e internacional, siempre y cuando se le permitiera presentar la información disponible para un diálogo con la prensa y la sociedad civil.

Imagen: La Prensa

Siguen las protestas

De otro lado más de 2,500 personas se manifestaron el miércoles 18 por la mañana en la ciudad de San Carlos, cabecera departamental de Río San Juan, contra el proyectado canal.

En la  denominada “Protesta 39” los manifestantes reclamaron por el respeto a sus tierras y se solidarizaron con el médico Yader Montiel, miembro de las fuerzas armadas, que fue condenado por el Ejército tras haber emitido, fuera de servicio, una opinión crítica contra la represión a las manifestaciones.

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