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Informarán a la CIDH sobre desafíos para implementar consulta previa

- Presentarán estudio comparado en seis países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú.

Servindi, 17 de marzo, 2015.- La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Oxfam y organizaciones aliadas de América Latina participarán el martes 17 de marzo en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre "Empresas, derechos humanos y consulta previa en América".

Las organizaciones destacarán que pese a los cambios favorables en el desarrollo del derecho a la consulta, subsisten limitaciones y desafíos para hacerlo efectivo.

Ellos se relacionan con el rol del Poder Judicial en determinar el contenido del derecho a la consulta, insuficiencias presupuestarias, vacíos de competencia en organismos públicos, descoordinación entre entidades a cargo de su implementación, entre otras.

En esta instancia, DPLF y Oxfam presentará un avance de un estudio comparado sobre este derecho en seis países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú, y que será publicado en el mes de mayo de 2015.

Muchos de los Estados de la región consideran resuelto el tema de la implementación del derecho a la consulta con la adopción de leyes que lo reconocen, y han presumido de estos avances en diferentes foros internacionales.

Sin embargo, han subestimado la existencia de esos importantes desafíos para que sea un derecho accesible y ejecutable en la región, indica un comunicado de prensa.

Recomendaciones

Una de las recomendaciones que las organizaciones efectuarán durante la audiencia está el incorporar en el ordenamiento interno los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta.

Asimismo, modificar o eliminar las medidas legislativas y administrativas que impiden el pleno ejercicio del derecho y fortalecer o crear una institucionalidad estatal a cargo de consultar a los pueblos indígenas.

Participantes

En la audiencia participarán Rocío Ávila de Oxfam, Daniel Cerqueira por DPLF, Juan Carlos Ruiz Molleda por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y César Gamboa por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), ambas de Perú.

Del mismo modo Carlos Andrés Baquero por Dejusticia de Colombia y Biviany Rojas por la Rede de Cooperação Amazônica (RCA) de Brasil.

Presidirán la audiencia los líderes indígenas Plínio Pizango, de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP); Francisco Mateo del Consejo de Pueblos de Occidente de Guatemala y Patricia Tobón de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

La audiencia fue solicitada por un grupo de organizaciones entre las que se encuentra: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global, OXFAM International, DPLF, Displacement Solutions, IDL y DAR.

También el Instituto de Estudios Sociales y Culturales (PENSAR) de la Pontificia Universidad Javeriana, la Rede de Cooperação Amazônica (RCA) y Human Rights Research and Education Centre.

Datos de la audiencia

La audiencia se realizará el martes 17 de marzo de 5:45 a 6:45 pm en el Salón Rubén Darío (Piso 8) del edificio GSB de la OEA, situado en 1889 F St., N.W., Washington, D.C. 20006. La audiencia se transmitirá en vivo a través del canal web de la OEA aquí

La consulta en Colombia

Colombia es el país de América Latina donde más se reportan procesos de consulta previa. De acuerdo al Ministerio del Interior, solamente entre noviembre de 2011 y septiembre de 2012 se reportaron 2054 solicitudes de certificación, de las cuales 360 fueron para la realización de procesos de consulta.

A pesar del alto número de solicitudes, en Colombia se presentan cuatro obstáculos para la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, indica un comunicado de la ONIC. Estas son:

1. Diferencias entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las normas nacionales:

De acuerdo a Patricia Tobón de la ONIC “los avances en la jurisprudencia no se traducen en la reglamentación que se realiza del derecho a la consulta y la reglamentación se hace sólo para los proyectos de explotación”.

Por el contrario, el Ejecutivo ha promulgado normas sin ser consultadas con los pueblos étnicos y que además reducen los estándares del derecho a la consulta establecidos por el derecho internacional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

2. Retrocesos injustificados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

Aunque la Corte Constitucional es el tribunal de la Región que más ha avanzando en la protección del derecho a la consulta, en algunos fallos recientes se detectan algunas decisiones que implican retrocesos injustificados frente a su jurisprudencia previa sobre el derecho a la consulta.

3. Falta de consulta con la población afrodescendientes:

“Actualmente la comunidades afrodescendientes no cuentan con un espacio legítimo de representación donde se puedan consultar las medidas legislativas que los afectan”, dice Carlos Andrés Baquero, investigador de Dejusticia.

Esto se debe al retraso del gobierno nacional en cumplir las órdenes dadas por la Corte Constitucional y la falta de diligencia en implementar las propuestas del movimiento afrodescendiente.

4. Falta de participación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación:

Comunidades étnicas han denunciado la falta de apoyo por parte de los órganos del Estado en los procesos de consulta previa, especialmente por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

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