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Como cada semana, el resumen internacional de noticias: Mundo Indígena al Día

Servindi, 15 de febrero, 2015.- Entregamos a nuestra audiencia un boletín semanal, edición Internacional, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental, principalmente de la región. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

- Mundo Indígena al Día, 14 de febrero, 2015. (Archivo mp3, 7 minutos, 11 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).

Mundo Indígena al Día - 15 de febrero de 2015

África. Un reporte de la agencia IPS advierte el riesgo de desertificación que afrontará África en las próximas décadas.

El informe advierte que el grado de deforestación convertirá a Zimbabwe en un desierto en solo 35 años.

Esto sería posible si no se ofrecen soluciones pragmáticas y si la gente sigue arrasando los árboles para conseguir leña sin regulación, declaró un especialista al citado medio.

Por su parte, según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Zimbabwe perdió un promedio anual de 327.000 hectáreas de selva entre 1990 y 2010.

La deforestación obedece principalmente a que los países en desarrollo aún dependen de la leña como combustible, se trata de su principal fuente de energía para cocinar y calentar las viviendas.

Con la caída de la economía de Zimbabwe, los comerciantes indígenas de madera aumentan tratando de ganarse la vida. Los ambientalistas los acusan de incentivar la deforestación.

México. El Instituto Chihuahuense de la Cultura publicó la primera “Guía onomástica de los idiomas indígenas de Chihuahua”.

Su misión es hacer más presentes a los idiomas indígenas en la cultura de los chihuahuenses, fortaleciendo y proyectando un patrimonio cultural debilitado y en riesgo de desaparecer.

El texto proporciona un instrumento de búsqueda de nombres indígenas que pueden otorgarse a personas, pero también a negocios, propiedades rurales y cualquier otra entidad susceptible de recibir un nombre.

Panamá. El 9 de febrero, el gobierno panameño anunció la suspensión temporal de la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco, acusada por años de poner en riesgo la comarca Ngäbe Buglé.

Según informó la autoridad  que dio la orden, la empresa a cargo del proyecto incurrió en faltas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Mirei Endara, administradora de la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM), explicó que la suspensión del proyecto se mantendrá “hasta que se terminen las investigaciones de los incumplimientos” al EIA.

Por su parte, el presidente Juan Carlos Varela, insistió en que debe buscarse una posición consensuada en torno a Barro Blanco a través del diálogo.

Venezuela. Indígenas baniva del Municipio de Maroa, del estado de Amazonas, denunciaron presencia de minería ilegal en el río Guainía, en la frontera con Colombia.

Antonio Camico, representante del citado municipio, informó que la contaminación se da en todo el río afectando de modo grave a la población originaria que se ve expuesta a elementos tóxicos como el mercurio.

El 9 de febrero indígenas de la zona acordaron denunciar el caso ante las autoridades del municipio, del sector Ambiente y del Gobierno nacional.

Colombia. La Defensoría del Pueblo denunció las amenazas que afrontan líderes sociales del norte del departamento del Cauca debido a su oposición a la actividad minera ilegal.

Esta situación la dio a conocer luego de la visita de sus representantes  a los municipios de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.

El organismo explicó que las amenazas de muerte son dejadas como mensajes de texto a los teléfonos celulares de los líderes de la zona.

Los funcionarios atestiguaron que los ríos Ovejas y Teta han sido contaminados por la remoción de tierras, la formación de montañas con material estéril y por las sustancias químicas vertidas en el proceso extractivo.

Ante esta situación, la Defensoría  instó a elaborar con prontitud una ruta de emergencia que garantice la protección de los derechos de los habitantes de la zona.

En otras informaciones, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas publicó el libro  Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia.

El volumen de más de 800 páginas está compuesto por doce informes individuales, y resulta de la investigación que la Comisión realizó durante casi seis meses.

Una de las conclusiones del informe histórico indica que Estados Unidos no ha sido un actor “menor” en el conflicto armado colombiano de medio siglo, pues lo “ha alimentado” con dinero, equipos y personal.

La citada comisión se origina en un acuerdo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), adoptado en 2014 por la Mesa de Diálogos de La Habana.

Ecuador. El dirigente y defensor ambiental Javier Ramírez abandonó el 10 de febrero el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, donde permanecía detenido desde abril de 2014.

Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en la región de Íntag, fue detenido el 10 de abril de 2014 por los presuntos delitos de “rebelión, sabotaje y terrorismo”.

El día de su liberación, el Tribunal Primero de Garantían Penales de Ibarra lo condenó a 10 meses de prisión por una supuesta agresión a funcionarios y a una camioneta de la Empresa Nacional Minera Enami.

Después de conocerse la condena, Ramírez fue puesto inmediatamente en libertad pues ya había cumplido 308 días de cárcel.

Sin embargo, el abogado de Ramírez  manifestó su desacuerdo con la sentencia porque “tres de los cuatro supuestos agredidos declararon no conocer a Ramírez y lo identificaron únicamente por fotos”.

Perú. La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), expresó preocupación por la conflictividad social relacionada a proyectos extractivos en el Perú, particularmente en las regiones de Loreto, Junín y Apurímac.

El ACNUDH lamentó la violencia reportada en Pichanaqui, Junín, donde una persona falleció y más de 30 resultaron heridas durante un enfrentamiento con la policía. De acuerdo a información oficial, personal policial utilizó armas de fuego en dicho contexto.

“El Estado debe proteger el derecho de las personas a manifestarse, y resguardar su vida e integridad. Repudiamos los actos de violencia, particularmente el señalado uso de armas de fuego en el control de la manifestación, lo que no solo contraviene estándares internacionales sino también regulaciones internas”, expresó el representante regional del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra.

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