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Presentan demandan de inconstitucionalidad contra Ley 30230

Servindi, 2 de enero, 2015.-  Una demanda de inconstitucionalidad contra las normas ambientales contenidas en la Ley 30230, más conocida como ley del paquetazo normativo contra el medio ambiente y el derecho al territorio de los pueblos indígenas, ingresó formalmente el 30 de diciembre de 2014 ante el Tribunal Constitucional.

La acción fue presentada por Javier Ocampo Ruiz, presidente saliente del Gobierno Regional de San Martín, con el respaldo del Consejo Regional.

Muy pronto las organizaciones que integran el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas también presentaran otra demanda de inconstitucionalidad contra la misma norma por dejar en indefensión el derecho al territorio de las comunidades y pueblos originarios del país.

Una norma cuestionada

La Ley 30230 se aprobó en julio de 2014 por iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas con el argumento del gobierno de Ollanta Humala de contribuir a dinamizar la inversión.

Sin embargo, diversos sectores ciudadanos denunciaron que atenta contra el ejercicio de la propiedad privada de las comunidades campesinas y nativas y el ordenamiento territorial en el país.

Tal es así que el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra denunciaron que "coloca en situación de vulnerabilidad a más de 8 mil comunidades campesinas e indígenas".

El Título III permite al Estado mediante “procedimientos especiales” entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.

Advirtieron que están sujetos a procedimientos especiales todos los predios, trátese de tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de posesión. Tampoco se aplica excepciones de ningún tipo.

Articulación indígena exige derogar disposiciones

Por su parte el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas exigió en setiembre pasado revisar y derogar las disposiciones de la Ley 30230 que atentan contra los derechos de posesión y propiedad de las comunidades y pueblos originarios “sin esperar que acudamos al Tribunal Constitucional o a las instancias internacionales para corregir este despropósito legal.”

La articulación indígena peruana sostuvo que con el pretexto de promover la inversión la norma desnaturaliza el propósito del saneamiento y en lugar de reconocer la titularidad de un predio privilegia otorga la titularidad de dominio a favor de intereses empresariales por encima de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

La norma amplía el área de afectación a favor del interés inversionista y deja a discrecionalidad del Estado y las empresas privadas identificar y decidir las áreas o predios que necesitan para ejecutar sus proyectos y que, por lo tanto, requieren ser “saneados”.

Garantía constitucional

El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) calificó la acción de inconstitucionalidad de muy positiva en aras de hacer entender a los que gobiernan y hacen las leyes en el Perú "que no tienen un poder absoluto".

Molleda puntualiza que los derechos fundamentales, y entre estos, el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente sano, equilibrado y adecuado a la vida, "son criterios y condiciones de validez y constitucionalidad de toda decisión del Estado".

"No basta que las leyes se aprueben de acuerdo a los procedimientos establecidos en la constitución (procedimiento legislativo), sino que el contenido de las decisiones también debe ajustarse a la Constitución y en especial a los derechos fundamentales" indicó.

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Comentarios

Felicitamos esta acción del señor, Javier Ocampo.Esta ley atenta contra nuestra Amazonia Peruana la Pastoral de la tierra del Victoriato Apostólica de Yurimaguas también esta recopilando firmas para presentar demanda en el tribunal constitucional

Mauricio Quiroz Torres
[email protected]

SAN BARTOLO-PERU: PROTESTA CONTRA LEY 30230 Y TRAFICANTES DE TIERRAS DE CUELLO Y CORBATA

POBLADORES PROTESTAN EL DOMINGO 8 DE MARZO A LAS 2.00 PM Y EL LUNES 9 DE MARZO A LAS 8.00 AM CONTRA LEY 30230 Y TRAFICANTES DE TIERRAS.

DENUNCIAN QUE ALCALDE DE SAN BARTOLO Y EMPRESARIOS THIVAN SAC, INMOBILIARIA MARATON DEL PERU SAC, RACSO MIRO QUESADA VEGA, SANDRO ZUÑIGA, MANUEL GARCIA LIVELLI, WITSON CAMONES CUILLERMO, RICARDO KAHATT ESPINOSA, ALONZO F. VEGA GARCIA MIRO, MANUEL VEGA DE LA FLOR, SEBASTIAN DE OSMA BERCKEMEYER, ETC. QUE IMPUNEMENTE SE APROPIAN DE TERRENOS PUBLICOS Y DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCUYA

Dirigentes del Frente de Inclusión Social de los Pueblos del Perú contra la Ley 30230 y similares que agrupa a los pueblos de las Quebradas de Rio Seco-Malanche, Quebrada Cruz de Hueso, Punta Negra y San Bartolo en Lima Sur, ratificaron hoy realizar una jornada de lucha contra la inconstitucional ley 30230 (1) que facilita los desalojos extrajudiciales contra los pobladores, Comunidades Campesinas y Nativas; y atenta contra el derecho a la vivienda de los peruanos humildes.

La protesta de más de 2500 familias se iniciará el Domingo 8 de marzo a partir de las 2 pm. en Punta negra para dirigirse a la ciudad ecológica Santo Domingo, donde los pobladores fueron desalojados por la Policía Nacional del Perú en diciembre pasado pese a ser compradores de terrenos de la Comunidad Campesina de Cucuya.

El Lunes 9 de marzo, a partir de las 8.00 am. se concentraran en la plaza de armas de Punta Negra para ir en movilización hacia San Bartolo en protesta contra la comuna local que dirige el Alcalde Jorge Luis Barthelmess Camino quien viene traficando tierras del Estado y la Comunidad Campesina de Cucuya en contubernio con empresarios traficantes de terrenos, entre los cuales destacan THIVAN SAC, Inmobiliaria Maratón del Perú SAC (empresas Chilenas), Racso Miro Quezada, Sandro Zúñiga, Manuel García Livelli, Witson Camones Guillermo, Ricardo Kahatt Espinosa, Alonzo Francisco Vega García Miro, Manuel Vega De la Flor, Sebastián de Osma Berckemeyer, etc.

El Frente de Inclusión Social denunció la complicidad de Sonia Cordero, actual Superintendenta de la Superintendencia de Bienes Estatales y el Ministro de Vivienda Milton Von Hesse La Serna, quienes no hacen nada para impedir que el Alcalde Barthelmess Camino continúe el tráfico de tierras del Estado y más bien facilite el accionar delictivo de este mal Alcalde, que usa a las distintas Comisarías de la Policía Nacional de Lima Sur para apropiarse de terrenos públicos y de la Comunidad Campesina de Cucuya amparándose en la Ley 30230 a sabiendas que están judicializados y que también tienen inscripción registral.

La Superintendente de Bienes Nacionales es responsable del accionar delictivo de su falso Procurador Jimmy Frank Surichaqui Daza, quien el 24 de diciembre del 2014 azuzó el desalojo de los pobladores de la ciudad Santo Domingo aduciendo la Ley 30230.

Sonia Cordero protege a este falso Procurador pues le ha limpiado de su accionar delictivo con el Oficio Nº 09-2015/SBN/DGPE.

Esta Superintendenta ha facilitado también el accionar delictivo del Alcalde de San Bartolo porque no ha sabido encarar judicialmente la acción de amparo de la Municipalidad de San Bartolo que le ha ganado en primer instancia y el corrupto Juez Ricardo Chang del 3er Juzgado Constitucional de Lima le ha hecho propietario de mas de 6000 hectáreas del Estado y la Comunidad Campesina de Cucuya, an quienes olímpicamente les han despojado de su propiedad inscrita en las Partidas del Registro de Predios de Lima Nº 49059060 y 11069102 respectivamente (2).

Habrá informado de este juicio al Ministro de Vivienda Von Hesse y al Ministro de Justicia Freddy Otarola, a quienes al parecer el cargo les ha quedado grande, se preguntaron dirigentes del Frente de Inclusi1>n Social?

Queremos que se instale una Mesa Multisectorial para derogar la Ley 30230 así como acabar con la corrupción del Alcalde de San Bartolo y los traficantes de cuello y corbata, afirmaron directivos del Frente, quienes serán recibidos en la Comisión de Vivienda del Congreso de la República en la siguiente semana.

Notas

1.Ver: http://servindi.org/actualidad/120674

http://servindi.org/actualidad/115883

http://comunidadesdelperu.ibcperu.org/wp-content/uploads/2014/10/INFORME...

2.Ver artículo “Juez confisca 6000 hectáreas y se lo entrega a Municipalidad de San Bartolo comprometida en tráfico de tierras”: http://argentina.indymedia.org/news/2015/03/872909.php

Por fin alguien se atrevió hacer algo que no sea solo rechazar la norma. Y se espera que las organizaciones que están preparando similares demandas se apuren en concretarlo y si de recoger firmas se trata estamos para apoyar. Esta ley que solo beneficia a las grandes empresas en desmedro de los peruanos campesinos y nativos no pasará.

La demanda de inconstitucional a la ley 30230 es absolutamente positiva, defensora y prometedora. Ahora es asunto de que los miembros del TC analicen y actúen a favor de los derechos de los pueblos sean originarios o descendientes del Tawantinsuyu, pues estos son los únicos dueños de estas tierras.
Las acciones emprendidas por Javier Ocampo Ruiz, presidente saliente del Gobierno Regional de San Martín, con el respaldo del Consejo Regional merece todo nuestro respaldo. Una última instancia es la CIDH de la OEA en el caso de que tales miembros del TC ya fueron corrompidos por el gobierno o por las empresas transnacionales.

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