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Bolivia: La democracia comunitaria ¿sucumbe ante la representación política?

Por Miguel Vargas*

19 de noviembre, 2014.- La presencia de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALP) se encuentra de alguna manera garantizada, a través de las 7 circunscripciones especiales indígenas.

Como resultado de la vigencia del Estado Plurinacional Comunitario que respeta e incluye en la estructura estatal a los pueblos indígenas con sus sistemas democráticos de representación para la conformación de los órganos públicos de poder.

Así los pueblos indígenas de Bolivia procedieron a implementar el sistema de la democracia comunitaria reconocido en la Constitución Política del Estado, que les otorga la facultad de nominar, designar y elegir a sus representantes por normas y procedimientos propios, sin la intermediación de partidos políticos. Sin embargo, este avance, encuentra sus limitaciones en la Ley del Régimen Electoral Transitoria de 2009. Norma que difiere la representación indígena a nivel nacional a la intermediación de los partidos políticos y la elección por voto individual. El sistema de democracia comunitaria, se convirtió en un modelo de elección de representación comunitario intermediada por partidos políticos. Esto se ratifica y consolida en la Ley N° 026 del Régimen Electoral.

En las últimas elecciones de octubre, el modelo de elección de representación comunitario intermediado por partidos políticos, se consolidó, a consecuencia de dos factores: la crisis estructural y la división interna que atraviesan las organizaciones indígenas a nivel nacional en tierras altas y bajas (CONAMAQ y CIDOB), producto del proceso de cooptación de sus estructuras dirigenciales, así como por las definiciones de las dirigencias de apostar por el apoyo incondicional a fuerzas políticas como el Movimiento Al Socialismos (MAS) y Unidad Demócrata (UD).

La presencia de partidos políticos en el ámbito indígena se dio en gran medida en las siete circunscripciones especiales indígenas, más que las elecciones del 2009 donde por mandatos orgánicos la alianza fue con el MAS y solo en Pando con Convergencia Nacional. En las recientes elecciones nacionales, en los departamentos en los que existe una mayor presencia de pueblos indígenas: La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando la disputa por el curul indígena superó el número de partidos políticos de 2010. Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el MAS tuvo presencia en las siete circunscripciones especiales indígenas, seguido de UD que disputó 6 curules especiales; el Partido Verde de Bolivia (PVB) representado por Fernando Vargas quien liderizó la marcha por el TIPNIS solo tuvo presencia en 4 departamentos; el Movimiento Sin Miedo (MSM) en 2 y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) apenas en 1 circunscripción del departamento de Santa Cruz. Es decir, en todas las circunscripciones especiales se tuvo candidatos indígenas que representaron a las diferentes fuerzas políticas que disputaron el curul especial.

Bajo este contexto, el movimiento indígena ingresó al proceso eleccionario de octubre de 2014, sin una agenda propia y sucumbiendo a los intereses lineamientos políticos partidarios. Atrás quedo la solicitud de ampliación del número de curules indígenas promovida por la CIDOB durante 2009 y 2010, o la demanda del pueblo guaraní de Chuquisaca por el reconocimiento del curul especial indígena que fue negada por el acuerdo entre los partidos políticos en el Congreso de 2009. También quedaron relegados aquellos espacios colectivos de toma de decisiones para la nominación, designación y elección de las y los candidatos indígenas (asambleas y cabildos) desarrollados en 2009, en los que los pueblos indígenas de manera orgánica definían su participación en el escenario político y delegaban mandatos que fueron en muchos casos suplantados por acuerdos políticos y alianzas partidarias.

Por ello, no es casual que las organizaciones indígenas a nivel regional como la Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), definiera participar en las elecciones con la sigla del PVB con sus representantes orgánicos, como respuesta a que el MAS eligió como candidatos a personas que a criterio de la organización no fueron elegidas de manera orgánica. Este fue un elemento común en el proceso de elección de representantes indígenas en casi el total de las circunscripciones especiales, lo que profundizó y consolidó el modelo de elección de representación comunitario intermediado por partidos políticos.

Concluido el proceso, los resultado electorales nos mostrarán que la pugna de las fuerzas políticas por hacerse de los curules especiales indígenas en la ALP, se resume a la victoria del MAS en 6 de las siete circunscripciones especiales. En cambio, para los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones, el resultado significará volver a una representación embargada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En un contexto en el que temas relacionados a la sostenibilidad de sus territorios, como la construcción de la carretera por el TIPNIS, la ampliación de la frontera agrícola, minera e hidrocarburífera, así como la consolidación del modelo autonómico con base en las autonomías indígenas y hasta la modificación a la Constitución Política del Estado, serán temas centrales de agenda.

Por otro lado, los resultados de las últimas elecciones nacionales en Bolivia, nos muestran que a pesar del reconocimiento a la democracia comunitaria esta se encuentra subordina por un lado a los intereses de la democracia representativa y participativa y por otro lado, sucumbe ante los intereses de las fuerzas políticas que instrumentalizan las formas y prácticas de la democracia comunitaria en función a sus intereses, lo que no garantiza que la representación indígena responda a los mandatos orgánicos. Este quizás, sea otro elemento que podría ahondar la crisis por la que atraviesa el movimiento indígena a nivel nacional.

Visto de este modo, la participación de partidos políticos tradicionales (derecha) o no (izquierda) durante las últimas elecciones en disputa del curul especial indígena, podría entenderse como un avance en el crecimiento democrático dentro del mundo indígena y en el fortalecimiento al pluralismo político en el sistema de la democracia comunitaria. Sin embargo, este fenómeno, muestra la limitación del movimiento indígena a nivel nacional para construir un liderazgo y agenda común con miras a la representación política y la construcción de políticas públicas que desarrollen los derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política del Estado. Así las organizaciones indígenas, que ayer desarrollaban estrategias para su relacionamiento con el Estado y los partidos políticos, hoy han sucumbido a la presión del viejo sistema.

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*Miguel Vargas es investigador y abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) en Santa Cruz. Recientemente ha publicado la investigación “Democracia Comunitaria: entre el deseo y la realidad. Pueblos Indígenas Chiquitano y Guaraní en Santa Cruz”.

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