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Comunidad de Condoraque: aguas que queman

Por Julio Mejía Tapia*

18 de octubre, 2014.- En la comunidad campesina de Condoraque – Puno, los pobladores llevan muchos años conviviendo con un pasivo ambiental minero que afecta gravemente su derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, tal y como lo consagra el artículo 2°, inciso 22, de la Constitución Peruana de 1993 (1).

En 1976 la minera Regina, con su concesión Palca 11 y concesión de benéfico Roció Nº 2, inicia sus actividades mineras (explotación y exploración) en un área de 240 hectáreas, cuyas operaciones dejaron 1200.000 TM de relaves mineros, formándose el pasivo ambiental minero de la comunidad campesina de Condoraque – Puno, el cual es el octavo pasivo ambiental minero de los 8,206 existentes en el Perú.

Dichos pasivos no han sido remediados hasta la actualidad, y contaminan principalmente sus fuentes de agua, por lo que los comuneros bautizaron a este Pasivo Ambiental Minero (en adelante PAM) (2) como las “Aguas que Queman”.

El Tribunal Constitucional peruano se ha pronunciado sobre el Medio Ambiente de la siguiente manera:

“(…) que el contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona está determinado por el derecho a gozar de ese medio ambiente y el derecho a que ese medio ambiente se preserve. En su primera manifestación, esto es, el derecho de gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1 de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. Pero también el derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente”. (Exp. Nº 0048-2004-PI/TC, f.j. 17).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caso de Condoraque “aguas que quemas” es un caso en el cual se observa claramente la afectación al medio ambiente, es más este caso fue denunciado penalmente en el año 2009 y producto de ello en el año 2013 el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Ica emitió la Resolución Nº 7 (Sentencia) y aquí comparto las principales fragmentos de la sentencia

Fundamento 5.3 de la sentencia.

Acápite a) Está probado la existencia de una concesión minera en el distrito de Quilcapunco (…) Acápite C) Ha quedado demostrado que la actividad minera no es de data reciente (…) existe contaminación del medio ambiente. Acápite D) Las aguas contaminantes provienen de la Mina Regina II ahora Sillustani (…) no hubo acto de remediación alguna. Acápite H) Ha quedado acreditado que las autoridades de las entidades respectivas sufrieron una demora en el tiempo, esto sirve para señalar no solo la responsabilidad del Estado por inacción en estos casos de contaminación de pasivos ambientales (…) el Estado demoró en otorgar las autorizaciones e inclusive se pudo acreditar que la legislación cambió entre los años 2006 y 2008 todo lo cual evidentemente contribuyó a que inobservándose de los tramites en el tiempo se hayan generado graves daños a las comunidades que tenían relación con la laguna Choquene, entre ellos la comunidad de Condoraque.

Fundamento 7 de la sentencia:

El Estado tiene responsabilidad por no haber efectuado la súpervigilancia y tramitación oportuna de las solicitudes efectuadas por las empresas mineras que tuvieron relación con la concesión Palca 11 (…) la agraviada Comunidad de Condoraque tiene expedito su derecho para accionar la reparación de daños con la contaminación que como se indica ha quedado cabalmente demostrada.

De lo descrito antes la Comunidad de Condoraque no goza de un ambiente equilibrado y adecuado, pues conviven con un PAM que altera considerablemente el medio ambiente, un razonamiento a contrario implicaría negar la contaminación existente en la zona, por lo que en palabras de Juan Carlos Ruiz Molleda (3); frente a la vulneración del derecho fundamental a disfrutar un ambiente adecuado y equilibrado existe el derecho a la reparación de los pasivos ambientales.

Este derecho está reconocido de manera general en el artículo 2, inciso 22, de la Constitución y en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, y de manera específica a los pueblos indígenas, en el artículo 7.4 del Convenio 169 de la OIT, que precisa que “Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”.

También el derecho a la reparación se fundamenta en el artículo 4.1 del mencionado Convenio que precisa que “Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar … el medio ambiente de los pueblos interesados indígenas”; y el artículo 29.1 de la DNUDPI, que reconoce que “Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos”. Añadiendo esta disposición que “Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación”.

Más concretamente, el fundamento de esta obligación de reparación estaría contenido dentro de la obligación estatal de preservar el medio ambiente (STC N° 3510-2003-AA, fundamento 2.d). Según el Tribunal Constitucional (TC),

El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado, entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute» (3510-2003-AA, fundamento 2.d). Añade en otra oportunidad que «El artículo 67º de la Constitución establece la obligación perentoria del Estado de instituir la política nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo…» (3510-2003-AA, fundamento 2.f)

 

 

 

 

Y por los visto dichas obligaciones por parte del Estado peruano nunca se cumplieron a favor de la comunidad de Condoraque. Para finalizar este viernes 17 de octubre de 2014 se emitirá nueva Sentencia sobre este caso en la ciudad de Ica.

Notas:

(1) Este artículo de nuestra vigente constitución encuentra uno de sus antecedentes directos, más antiguos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, a través del cual se requiere a los Estados “el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente” (artículo 12.1), mandato que es posteriormente reafirmado y ampliado a través de las famosas Declaraciones de Estocolmo de 1972 y Declaración de Río de 1992, que sientan las bases internacionales de este derecho.

Asimismo, otros referentes cercanos y más antiguos, son en el ámbito constitucional, las Cartas aprobadas en Grecia, Portugal y España en la década de los años setenta, y en el ámbito nacional, el propio artículo 123° de la Constitución Política del Perú de 1979, que si bien no reconocía el carácter fundamental de este derecho, sí lo enunciaba de una manera más completa que el texto actual del artículo 2°, numeral 22, al estipular que: “Todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental.”

(2) PAM son “todas aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras actualmente abandonadas o inactivas que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”. Definición según la ley N°28271.

(3) Ver: Perú: ¿Existe el derecho constitucional a la reparación de los pasivos ambientales? http://servindi.org/actualidad/75236

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* Abogado especialista en derecho constitucional. Trabaja en la Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno.

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Fuente: Artículo publicado el 16 de octubre en el sitio web Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1470

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