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Ley 30230 en la encrucijada. Foro público debatirá sus impactos negativos

- La cita es en el Hotel Novotel en San Isidro y el ingreso es libre, previa inscripción en el correo electrónico: [email protected]

Servindi, 14 de octubre, 2014.- El miércoles 15 de octubre a partir de las 3 de la tarde se desarrollará un Foro Público Nacional dedicado a analizar las nefastas consecuencias de la Ley 30230 promulgada en julio de 2014, a iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas con el argumento de dinamizar la inversión en el país.

La norma mal conocida como "Ley del Paquetazo Ambiental" en realidad constituye no solo una agresión a la institucionalidad ambientl sino que además vulnera la seguridad jurídica de los territorios de las comunidades campesinas y nativas, así como el ordenamiento territorial.

Así lo han advertido cuatro redes institucionales que impulsan el evento y que son el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra.

El foro permitirá informar, analizar y dialogar sobre los cambios e impactos que la Ley 30230 puede producir en las zonas rurales del país.

Se combinará presentaciones de expertos sobre estos temas con comentarios de funcionarios del gobierno y del público.

Programa

El primer bloque de 3 a 5:30 p.m. se enfocará en el análisis del Título III y su impacto sobre las comunidades rurales (3:00-5:30 pm) a cargo de Richard Smith (IBC-Territorios Seguros), Álvaro Campana (Plataforma OT) y Marco Huaco.

Cinthia Mongylardi explicará las posibles superposiciones en competencias y procedimientos a cargo de COFOPRI (Ministerio de Vivienda) y la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (MINAGRI)/ Gobiernos Regionales.

Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL) examinará la constitucionalidad del Título III de la Ley 30230 considerando además el marco jurídico internacional. Pedro Yalico explicará las implicancias en materia registral y sus posibles efectos en la seguridad territorial de pequeños propietarios y comunidades campesinas ynativas.

Los comentarios de este primer bloque estarán a cargo de la congresista Marisol Pérez Tello, el Defensor del Pueblo Eduardo Vega, y Anahí Durand, del Ministerio de Cultura y Aida Amézaga, del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

En el segundo bloque de 5:50 a 8 p.m. se tratará el tema del ordenamiento territorial en las regiones del país. Ana Leyva (CooperAcción) abordará las consecuencias de la Ley 30230 en los procesos de ordenamiento territorial.

Luego, Javier Jahncke (Red Muqui) la promoción de inversiones y el ordenamiento territorial después de la Ley 30230, y por último Ismael Vega (CAAAP) la relación Pueblos indígenas y ordenamiento territorial.

La Ley 30230

El Título III de la Ley permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que éstos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.

Están sujetos a estos procedimientos especiales todos los predios, trátese de tierras privadas o estatales, ya sea que estén respaldadas por títulos saneados o certificados de posesión. Tampoco se aplica excepciones de ningún tipo.

Respecto al ordenamiento territorial, la norma instituye parámetros a sus alcances. En su art. 22 establece que: “La Política Nacional de Ordenamiento Territorial es aprobada mediante Decreto Supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso”.

Con esta ley, el Ministerio del Ambiente, los gobiernos regionales y locales pierden peso en las decisiones en torno a la gestión del territorio agudizando el desorden experimentado en las políticas sectoriales desarticuladas respecto al territorio.

El desorden territorial permite la expansión descontrolada de las concesiones mineras e hidrocarburíferas agravando los impactos ambientales y atizando la conflictividad social y la ingobernabilidad, restringiendo las posibilidades de desarrollo inclusivo y sostenible.

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