
Servindi, 11 de mayo, 2009.- A pesar del estado de excepción durante 60 dÃas decretado en cuatro departamentos de la AmazonÃa, las acciones de protesta en Amazonas y Loreto se intensificaron en contra de los decretos aprobados en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. (Imagen: AIDESEP)
No obstante, tras la medida, casi dos mil nativos que habÃan tomado la estación de bombeo de petróleo número cinco de Perúpetro, en Loreto, fueron desalojados por las fuerzas oficiales.
Al respecto, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) Pizango consideró que “el estado de emergencia declarado el 9 de mayo es una provocación del gobierno” que “obedece” a las transnacionales.”Esto ha movilizado a más indÃgenas”, indicó Pizango.
Según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, la medida suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito y a la inviolabilidad de domicilio en nueve jurisdicciones de la AmazonÃa.
Con esta adopción, el gobierno busca “restablecer el orden público ante las acciones de protesta de la población indÃgena amazónica que demanda la derogación de decretos legislativos”.
Sin embargo, para el congresista Roger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y EcologÃa del Congreso de la República consideró que la medida “es una muestra de la incapacidad de gobierno para resolver los problemas”.
“La declaratoria es una muestra de la falta de disponibilidad y voluntad polÃtica para dialogar con la AmazonÃa”, expresó el parlamentario Nájar Kokally.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, admitió que el Estado es responsable por no establecer una comunicación que existe una “manipulación polÃtica” detrás de las protestas, aunque reconoció que el Estado “tiene una cuota de responsabilidad” por no establecer una comunicación más fluida con la AmazonÃa.
Los distritos comprendidos en la medida son Echarate y Kimbiri, en la provincia de La Convención, en el Cusco; Sepahua, en la provincia de Atalaya, en Ucayali; Napo, en la provincia de Maynas, en Loreto; Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche, en la provincia de Datem del Marañon, Loreto, y por último el distrito de Imaza, en la provincia de Bagua, Amazonas.
Las acciones de paralización de la población indÃgena amazónica ya llevan 33 dÃas y buscan la derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 por “atentar contra los derechos indÃgenas”.




