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Rechazan paquete de medidas por poner en riesgo a comunidades, poblaciones y ambiente

Servindi, 30 de junio, 2014.- La Red Muqui rechazó el paquete legal propuesto por el Poder Ejecutivo por representar un riesgo para las comunidades, las poblaciones y el ambiente. Pidió generar un diálogo nacional para evitar mayores brechas sociales y la conflictividad.

El citado colectivo que articula a veintiocho instituciones rechazó que la regulación en el sector minero se considere una “traba” para la inversión como lo argumentan los sectores empresariales detrás de las iniciativas legales.

Consideró inaceptable que la mayoría de las medidas contenidas en el paquetazo "afecten la ya débil institucionalidad ambiental".

"Con ello, sólo se promueven inversiones irresponsables, que trasladan sus costos ambientales y sociales al Estado y a las personas, exponiéndolos con ellos a situaciones de riesgo" indicó.

El gobierno está poniendo los intereses del poder económico por encima de los convenios internacionales de derechos humanos y ambientales, y de la propia Constitución, advirtió Red Muqui.

La intención es reducir los estudios de impacto ambiental (EIA) a un requisito informativo más despojándola de su finalidad de "prevenir impactos en la vida y salud de las personas y su ambiente".

También expresó su preocupación por la intención de supeditar la determinación de los estándares de calidad ambiental (ECA) y los límites máximos permisibles (LMP) a una variable económica cuando los niveles de contaminación de una actividad se vinculan con la salud y el ambiente.

"Es evidente que se pretende con esto que los ECA y LMP no sean exigentes" señaló la Red Muqui.

Lea a continuación el pronunciamiento completo:

Red Muqui exige al gobierno medidas que fortalezcan la institucionalidad y los derechos de las personas y que no los afecten en beneficio del poder económico

La Red Muqui, colectivo de 28 instituciones a nivel nacional que acompañan y asesoran en la defensa de sus derechos a comunidades y poblaciones ubicadas en zonas mineras, frente a la pretendida aprobación en el Congreso de la República de un paquete de medidas económicas presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para “reactivar la economía”, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. Vivimos a nivel mundial un proceso de “desaceleración” de la economía, del cual no es ajena la nuestra. Sin embargo, pese a las causas externas que lo generan, como la baja del precio de los metales, nuestro país ha mantenido el liderazgo en el crecimiento económico de la región. En esa perspectiva, el gobierno central, debe asumir medidas de corto, mediano y largo plazo que aseguren un verdadero desarrollo hacia el futuro, que no son las propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas en los proyectos de ley 3626 y 3627/2013-PE.

2. El paquete de medidas propuesto por el MEF, que es complementario a la flexibilización de normas ambientales y mineras que ya se produjo el año 2013, con los D.S. 054 y 060, tiene como objetivo principal beneficiar solamente al empresariado, por ello busca facilitar la realización de la actividad económica, “desregulándola”, bajo el argumento de una “supuesta simplificación administrativa”. La regulación en el sector minero, no puede considerarse una “traba” para la inversión como los empresarios han expresado, sino que es fundamental, pues tiene como fin el de proteger el ambiente y los derechos de las poblaciones y comunidades. No tener mecanismos de protección ante el crecimiento desmedido de las actividades extractivas constituye un riesgo para las comunidades, poblaciones y el ambiente.

3. Es por ello inaceptable que la gran mayoría de las medidas establecidas en el paquetazo, afecten la ya débil institucionalidad ambiental, encabezada por el Ministerio del Ambiente (MINAM), que ha visto aún más limitada su función fiscalizadora y sancionadora a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el cual por tres años no podrá ejercer sanciones económicas cuyo carácter es disuasivo, salvo de manera excepcional y en esos casos sólo por el 35% del monto fijado por Ley. Con ello, sólo se promueven inversiones irresponsables, que trasladan sus costos ambientales y sociales al Estado y a las personas, exponiéndolos con ellos a situaciones de riesgo.

4. Las medidas planteadas en los proyectos del MEF, han relativizado también los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Ya se había reducido el plazo para su aprobación el 2013 y ahora se reduce también para las opiniones de entidades del Estado a 30 días y bajo responsabilidad del funcionario. Si no se da dicha opinión, se prescinde de ella. Es decir, o se tiene un pronunciamiento sin argumentos sólidos o no se tiene, lo que acrecienta los riesgos de contar con un EIA sin medidas suficientes para evitar o mitigar los impactos ambientales de la actividad minera. En ese sentido, la finalidad del EIA en la práctica hoy, sería sólo la de brindar información de los proyectos, siendo sólo un requisito más para la actividad, más no sería la de prevenir impactos en la vida y salud de las personas y su ambiente.

5. Sobre Ordenamiento Territorial (OT), tema priorizado por Ollanta Humala en su discurso de toma de mando, las medidas plantean que este proceso que está a cargo de los Gobiernos Regionales y Locales, según los marcos normativos vigentes, no asigne usos ni exclusiones. Con esa propuesta, el MEF plantea que en la práctica sea el sector Energía y Minas a través del INGEMMET, quien al otorgar una concesión, siga definiendo el uso del suelo, pasando por encima de la autonomía de las instancias de gobierno descentralizadas, y poniendo en riesgo su planificación de desarrollo concertado, y perspectivas de futuro.

6. Las medidas propuestas debilitan aún más al MINAM, al restarle como facultad la protección del patrimonio natural, impidiendo la creación de Zonas Reservadas. Éstas últimas son mecanismos transitorios que buscan brindar protección a una zona mientras se le categoriza como Área Natural Protegida (ANP). Estas Zonas ahora pasan a depender de la decisión de la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene a la mayoría de sus carteras vinculadas a los sectores productivos, y va a primar un criterio político y económico por encima del técnico al decidir su creación. En la práctica, con ello, se busca proteger los derechos pre-existentes de los titulares de concesiones en éstas zonas, para facilitar sus inversiones.

7. Respecto de la determinación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP), consideramos que no se puede plantear para ello un análisis de impacto regulatorio y económico, pues los niveles de contaminación que puedan existir con una actividad económica, están vinculados a la salud y el ambiente, y no pueden depender de una variable económica. Es evidente que se pretende con esto que los ECAs y LMPs no sean exigentes, y que eventualmente puedan evitar la realización de un proyecto cuando genera niveles de contaminación que los sobrepasen.

8. Las medidas que el MEF promueve, también buscan mantener los contratos de estabilidad tributaria para las empresas mineras que inicien proyectos o realicen ampliaciones, hasta por un máximo de 15 años, según los niveles de inversión y la capacidad de producción. Sin embargo, la norma plantea que el incremento de la producción se realice en función de las concesiones, y no de las Unidades Económicas Administrativas (como figura en la vigente Ley de Minería), que son la agrupación de concesiones a un radio de 5 km. Ello implica una mayor actividad de remoción de tierra en la concesión, y con ello mayores impactos ambientales, que no tendrán mecanismos adecuados de prevención y mitigación (EIA), y una institucionalidad débil para su fiscalización.

9. Las medidas plantean la eliminación de duplicidades, es decir de información que se considere innecesaria para tomar decisiones. El riesgo de ello es que, además del poco tiempo para los procedimientos, se podría perder información de detalle, que brindaría garantías para tomar una mejor decisión, pero se elimina porque se considera un costo.

10. Para acompañar la aplicación de éstas medidas, el Poder Ejecutivo ha incluido como Ministro del Interior al General en retiro Daniel Urresti, quien fuera Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, y sobre quien recaen denuncias por la comisión de violaciones de derechos humanos por las actividades de interdicción en Madre de Dios, donde se ha intervenido sin respetar las instancias de Gobiernos Regionales y Locales, que tenían responsabilidad al respecto, sin un diálogo previo con los actores involucrados que incluya acordar alternativas de desarrollo, y sin accionar en contra de las empresas formales que venden maquinarias, compran el mineral y son titulares de concesiones, que son quienes mantienen el circulo vicioso de dicha actividad. Éste tipo de operadores podría generar mayores situaciones de conflictividad social en el país.

11. La campaña en contra de los Gobiernos Regionales y Locales, es otro proceso que va de la mano también con el paquete normativo. Si bien hay casos de corrupción y otros que aún están en proceso de investigación, hay una marcada intención de generalizar ésta visión en la opinión pública respecto a dichos niveles de gobierno, buscando recentralizar una serie de decisiones, incluyendo la distribución del Canon Minero. Esta medida complica aún más la acción de dichos gobiernos, pues además de no contar con las facultades y medios para accionar debidamente, se busca desprenderlos de recursos y minimizar, sino eliminar su presencia como autoridades, afectando con ello todo el proceso de descentralización, brindando facilidades sólo a las autoridades que no sean una “traba” para las inversiones.

El paquete normativo impulsado por el MEF, nos hace ver la facilidad con que los marcos normativos respecto a los derechos de las personas, fin supremo del Estado en la Constitución, se modifican en detrimento de sus derechos (Criminalización de la protesta social, derechos de los pueblos indígenas, tributación), mientras las normas vinculadas con las empresas y la economía no se cambian. También vemos como se simplifican los plazos para facilitar las inversiones, pero cuando se trata de agilizar los plazos para la justicia sobre la afectación de los derechos de las personas, ahí si hay retraso y demora, que no es justicia.

Constatamos con ello que son los tratados comerciales y el poder económico, los que pesan más y pasan por encima de los convenios internacionales de derechos humanos y ambientales, y con ello de la propia Constitución.

Finalmente, desde RED MUQUI reiteramos la necesidad de generar un diálogo nacional para revisar éstas medidas, y considerar los diversos puntos de vista que se vienen dando sobre los serios impactos que podrían generarse para un verdadero desarrollo, a fin de establecer medidas reales y efectivas, que busquen la paz social en el país y no la división, mayores brechas sociales y más conflictividad.

Lima, 26 de junio de 2014

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Comentarios

Los "ricos" en alianza con el FMI, BID a nombre del Estado han robado por mas de 500 años.

Las políticas dictadas por países ricos tienen que revertirse a favor de los pobres. Los recursos naturales deben explotarse con responsabilidad social y dejar para la futura generación.

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