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Boletin semanal de noticias: Edición Internacional

Servindi, 15 de febrero, 2014.- Entregamos a nuestra audiencia un boletín semanal, edición Internacional, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental, principalmente de la región. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

- Mundo Indígena al Día, Internacional 15 de febrero, 2014. (Archivo mp3, 6 minutos, 16 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).

Resumen semanal, edición Internacional al 15 de febrero de 2014

Cambio climático. Si no actuamos ahora, la temperatura del planeta podría aumentar en promedio 4 ó 5 grados centígrados en 2100 y mucho más después.

Así lo advirtió Emiliano Detta, experto en energía para la mitigación del cambio climático en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Advirtió también que el aumento de la temperatura no solo va a hacer aumentar el nivel del mar; también hará que los océanos sean cada vez más ácidos.

Esto a raíz de que aproximadamente el 25 por ciento de los gases de efecto invernadero que hemos emitido ya han sido absorbidos por los océanos.

De otro lado sostuvo que sin acciones de mitigación extremas hoy, los eventos climáticos extremos como los huracanes, tormentas tropicales se incrementarán en los próximos años.

Derechos. Las más grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos operan en 370 sitios de pueblos originarios en 36 países y, en la gran mayoría de los casos, extraen riquezas naturales sin respetar los derechos de las comunidades indígenas.

Así lo demuestra el estudio “Derechos indígenas: Informe de riesgo para las industrias extractivas”, de la ONG estadounidense Primeros Pueblos en el Mundo.

Según el estudio, las principales empresas en territorios que afectan a pueblos originarios son las petroleras ConocoPhillips con 44 explotaciones, Exxon Mobil con 35 y Chevron con 24.

Asimismo, las petroleras Apache con 19 explotaciones, y las mineras Southern Copper con 17, Freeport-McMoRan con 16, Newmont Mining con 14 y Peabody Energy con 14 explotaciones.

Aislados. La inminente amenaza a la vida, integridad y derechos fundamentales de las poblaciones de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua Nanti y otros (RTKNN) fue rechazada por una coalición de instituciones y personalidades del Perú y el extranjero.

Los firmantes pidieron al presidente Ollanta Humala y al Relator de Naciones Unidas James Anaya implementar con urgencia mecanismos de protección para las poblaciones vulnerables que habitan la reserva.

El pedido se efectuó ante la amenaza inminente sobre dichas poblaciones luego que el ministerio de Energía y Minas aprobara el estudio de impacto ambiental (EIA) que amplía las actividades del proyecto gasífero Camisea sobre la reserva.

Vigilancia. El 14 de febrero se lanzó oficialmente la “Red Latinoamericana de Vigilancia de la Tierra y los Recursos Naturales”.

La misma busca generar y difundir información de calidad, a nivel de Perú y de la región, que tome en cuenta la realidad de las poblaciones afectadas por la presión sobre la tierra y los recursos naturales.

Tendrá como principal instrumento una plataforma web de fácil uso y libre acceso.

La “RED Vigilando Territorios” es una iniciativa impulsada por instituciones de investigación y universidades de Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela.

En otras informaciones, en Lima, Perú se llevará a cabo del 24 al 27 de febrero la I Reunión del Consejo Directivo y la I Reunión del Consejo de Coordinación de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) correspondiente al presente año.

Panamá. Silvia Carrera, cacique general del pueblo Ngäbe - Buglé sostuvo que existe una evidente alianza y un mismo objetivo entre el presidente Ricardo Martinelli y el proyecto Barro Blanco.

Este proyecto consiste en represar el río Tabasará, lugar sagrado para los habitantes de la comarca Ngöbe-Buglé.

Pese a que la figura jurídica de Comarca reconoce el derecho de propiedad de los indígenas, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) ordenó el desalojo de más de tres mil familias.

La ASEP fija montos preliminares de compensación para que la empresa pueda entrar con policías a las tierras aún cuando no se ha llegado a un acuerdo con sus dueños, precisó la cacique.

Colombia. El 27 de enero se llevó a cabo en el departamento de Huila la “Audiencia Pública por la Verdad. Falsos positivos en el sur de Colombia: en el camino de la impunidad”.

Según organizaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado alrededor de cuatro mil civiles fueron ejecutados extrajudicialmente.

Estos casos en los que miembros del Ejército y otros agentes del Estado presentaron cuerpos de civiles como si fueran de guerrilleros o delincuentes muertos en combate, fueron conocidos como “falsos positivos”.

La audiencia tuvo como fin dar a conocer el estado actual de varios de estos casos, principalmente en los departamentos de Huila y Caquetá, y que llevan varios años en el sistema judicial.

Brasil. El poblado de Piquiá de Baixo, en el borde oriental de la Amazonia brasileña, registra numerosos casos de quemaduras por munha o “moinha”, que es carbón vegetal sobrante de la producción de arrabio, material intermedio en la obtención de acero.

Un informe de la agencia IPS da cuenta de numerosos casos de menores que se encontraron en su camino con este carbón y que sufrieron graves quemaduras por contacto.

Piquiá de Baixo  es un barrio de la zona rural de Açailândia, en el municipio del estado de Maranhão.

Desde 1985 con la inauguración de un ferrocarril quedó cercado por cinco plantas de arrabio, los rieles y los grandes almacenes mineros.

La justicia, autoridades e incluso la industria, han reconocido que la contaminación del aire, el agua y la tierra hacen inviable mantener Piquiá de Baixo en el sitio donde nació hace más de cuatro décadas.

Uruguay. Cientos de ciudadanos y ambientalistas protestaron el 10 de febrero en contra de la firma de un acuerdo entre el gobierno y la empresa Zamin para desarrollar el cuestionado megaproyecto minero Aratirí.

Más de cuatrocientos jóvenes se reunieron frente a la sede del Ejecutivo para advertir el posible daño ambiental que ocasionaría el proyecto en una zona ganadera de los departamentos de Durazno y Florida.

En entrevista con la agencia EFE, uno de los manifestantes explicó que el proyecto estaría siendo viabilizado mediante una “ley inconstitucional” que habría sido aprobada por el parlamento “sólo con votos oficialistas y de urgencia”.

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