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La industrialización del litio en Bolivia y la participación social

En 10 años, el control de la sociedad no se ha reflejado en la explotación de los yacimientos ubicados en el Salar de Uyuni. A pesar de ser un derecho establecido en la nueva Constitución Política, la consulta previa nunca se implementó. Por su parte, las dos consultas públicas realizadas fueron un mero requisito para obtener las licencias ambientales. Las comunidades indígenas de Potosí reclaman saber el impacto de las piscinas de evaporación, las plantas industriales o las plantas de abastecimiento de agua. Más allá de los errores en la puesta en marcha, la industrialización falla porque el Gobierno del MAS no promueve un espacio de diálogo en el cual todos los actores participen en la toma de decisiones.

Por José Carlos Solón*

Debates Indígenas, 6 de mayo, 2022.- Durante la década de los 80, los estudios desarrollados en Bolivia identificaron al Salar de Uyuni como el depósito de litio más importante del planeta. En ese momento, el metal más ligero que existe se utilizaba para la fabricación de aluminio, vidrio, grasas, lubricantes, refrigerantes y, en menor medida, para baterías. Las tecnologías de almacenamiento de energía recién se estaban desarrollando y los mercados comenzaban a mirar con mayor interés al litio y la ubicación de sus yacimientos.

En ese contexto, los gobiernos bolivianos de corte neoliberal realizaron una invitación directa a una empresa estadounidense para explotar el Salar de Uyuni: Lithco. La medida desencadenó una de las más importantes luchas de resistencia y defensa de los recursos naturales del país. Diferentes sectores de la sociedad se aliaron para frenar la otorgación de los recursos naturales del salar: el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), la Universidad Tomás Frías de Potosí (UTF) y, particularmente, la Federación Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, (FRUTCAS). Finalmente, la lucha popular terminó en victoria.

Si bien el Gobierno del MAS sostiene que pronto se sacará provecho de El Dorado dormido que yace en el salar de Uyuni, pareciera que persigue un espejismo de abundancia, donde la soberanía sobre sus recursos se pone en cuestión.

Con la llegada al poder, el Movimiento al Socialismo (MAS) propuso un modelo para dejar atrás el despojo de los recursos naturales del país y exportar productos con valor agregado. En el primer Plan de Desarrollo Económico y Social, se delineó la siguiente fórmula: Propiedad soberana + gestión estatal + agregación de valor + socio estratégico + participación social y consulta + armonía con la naturaleza + redistribución = Nuevo patrón de desarrollo. Si bien desde el inicio de la industrialización estos siete elementos se han desarrollado de forma desigual, la participación social y consulta ha sido una de las menos cumplidas.

En los últimos 10 años, el proceso de industrialización del litio boliviano ha demostrado los verdaderos límites de la fórmula. Se ha generado un endeudamiento interno que llega a los 881 millones de dólares: algo nunca visto en la minería en Bolivia. Por otra parte, no se han alcanzado las tasas de producción ni de generación de ingresos que se habían establecido en los inicios, allá por 2008. Si bien el Gobierno del MAS sostiene que pronto se sacará provecho de El Dorado dormido que yace en el salar de Uyuni, pareciera que persigue un espejismo de abundancia, donde la soberanía sobre sus recursos se pone en cuestión.
 

Pulacayo, la ciudad que refleja el pasado de la minería en el departamento de Potosí, la región donde se encuentra el litio boliviano. Foto: José Carlos Solón

Participación social y litio

La participación social es un tema central en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobada en 2009. La Ley 341 de Participación y Control Social, sancionada en 2013, dispuso la creación de “espacios permanentes” de participación y control social en las empresas públicas. Estos espacios debieron implementarse en la empresa estatal encargada del proceso de industrialización: Yacimientos del Litio Boliviano (YLB). Sin embargo, esto nunca ocurrió en la práctica.

Al igual que en otras empresas estatales, la participación social en YLB se redujo a las audiencias públicas de “Rendición de Cuentas”, que se realizan solo una vez al año. Las presentaciones suelen tener entre 10 y 20 diapositivas que muestran algunos datos (sin desarrollo ni análisis) de ejecución presupuestaria, créditos y, a veces, producción y ventas. En síntesis, los mecanismos de participación y control social establecidos en la Constitución y en la ley no se aplican en la empresa que gestiona el proceso de industrialización del litio.

Por otro lado, en el marco de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental se realizaron dos Consultas Públicas con el objetivo de obtener las licencias ambientales para las plantas industriales de cloruro de potasio y de carbonato de litio. La primera se realizó en 2012 y, en los hechos, fue un simple evento informativo donde se expresaron algunas preocupaciones de las organizaciones de la región. El acta consta de apenas tres páginas y no explica el impacto de las piscinas industriales de evaporación. En cambio, sí tiene espacio para que la empresa estatal informe que requerirá 20 metros cúbicos por cada 100 toneladas de cloruro de potasio producido y que las fuentes de agua serán San Jerónimo (agua dulce) y el Río Grande (agua salobre).

Resulta pertinente preguntarse la verdadera intención de este proceso de consulta y comprenderlo, en los hechos, como un mero requisito para validación del proyecto de industrialización gubernamental.

El segundo proceso de Consulta Pública se llevó a cabo en 2018, en vista de la construcción de la planta industrial de carbonato de litio. En el evento participaron 152 personas y el acta es aún más escueta que la anterior: tiene solo dos páginas. Entre los asistentes se contó con la presencia de diputados nacionales, alcaldes, corregidores y miembros de las comunidades afectadas: Río Grande, Llica, Colchani, Pampa Grande, Colcha K, San Pedro de Quemes, Villa Mar, Zoniquera, Julaca, Pozo Cavado y Culpina K.

Las preocupaciones expresadas por los participantes estuvieron vinculadas principalmente al consumo de agua, la contaminación que podría generar la extracción y las fuentes de trabajo para los habitantes de la región. Sin embargo, en la sistematización de la empresa que realizó el proceso de consulta prevalece una gran cantidad de felicitaciones a la iniciativa gubernamental. En consecuencia, resulta pertinente preguntarse la verdadera intención de este proceso de consulta y comprenderlo, en los hechos, como un mero requisito para validación del proyecto de industrialización gubernamental.

Finalmente, en esta acta de 2018 llama la atención la aclaración sobre la naturaleza de la Consulta Pública: un mecanismo de participación ciudadana diferente al proceso de Consulta para el Consentimiento Libre, Previo e Informado, que es un derecho de los pueblos indígenas. De este modo, los funcionarios de Yacimientos del Litio Boliviano enfatizaron las características de la Consulta Pública sin dar mayores explicaciones ni justificaciones de porqué no se realizaba un proceso de consulta previa como manda la Constitución Política del Estado.
 

Extracción de sal por habitantes de Colchani Foto: José Carlos Solón

Un derecho constitucional ignorado

Antes que informar en profundidad y responder a las preocupaciones de los representantes y autoridades de las poblaciones locales, ambas Consultas Públicas han sido realizadas con el único fin de cumplir con el requisito formal para la obtención de la licencia ambiental. Es importante destacar que, en el Estado Plurinacional de Bolivia, la Consulta para el Consentimiento Previo, Libre, Informado y de buena fe a los pueblos indígenas tiene rango constitucional y su aplicación se debe efectivizar antes de cualquier tipo de afectación a las comunidades. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ningún proceso de consulta a los pueblos indígenas que podrían ser afectados por las piscinas de evaporación, las plantas industriales o las plantas de abastecimiento de agua.

Las organizaciones afiliadas a la FRUTCAS plantearon la exigencia del “consentimiento” durante su Congreso de Unidad realizado el 21 y 22 de diciembre de 2019, cuando el MAS ya no se encontraba en el Gobierno. En el punto Recursos Evaporíticos del gran Salar de Uyuni, el voto resolutivo de la Comisión de Recursos Naturales señala: “[Se debe] recordar al Gobierno que toda medida legislativa y administrativa que afecte territorios indígenas, en particular los recursos evaporíticos del gran Salar de Uyuni, deben estar enmarcados en la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. En ese contexto, exigimos la aplicación [de] los derechos del consentimiento previo libre e informado a los habitantes del sudoeste potosino”.

Más allá de los errores en la arquitectura y puesta en marcha, la industrialización falla porque el Gobierno del MAS no promueve un espacio de diálogo en el cual todos los actores puedan participar en la toma de decisiones.

En el proceso de industrialización del litio, la participación, el control social y la Consulta para el Consentimiento Previo, Libre e Informado han sido inexistentes. Es necesario analizar por qué un proceso que empezó con una amplia participación social terminó olvidándose de promover la intervención de las organizaciones sociales. ¿Por qué el gobierno del MAS nunca realizó un proceso de Consulta para el Consentimiento Previo, Libre e Informado a los pueblos indígenas y campesinos que podrían ser afectados? ¿Es posible construir un nuevo “patrón de desarrollo” sin la efectiva participación social?

Bolivia lleva más de una década creyendo en el proceso de industrialización del litio. Sin embargo, más allá de los errores en la arquitectura y puesta en marcha, la industrialización falla porque el Gobierno del MAS no promueve un espacio de diálogo en el cual todos los actores, principalmente los pueblos indígenas de la región, puedan participar en la toma de decisiones. Ni se han aprovechado las herramientas para una participación social efectiva ni se han generado mayores ingresos para el país. En 2022, nuevas empresas han volcado su interés en el salar de Uyuni y en otros dos salares: Coipasa y Pastos Grandes. Esta vez el gobierno de Luis Arce Catacora ha realizado un proceso de licitación. Nada parece indicar que las poblaciones locales de la región hayan sido consultadas.
 

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*José Carlos Solón es sociólogo y cursó dos maestrías: Ciencias Políticas en Sciences Po Paris y Estudios Medioambientales en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. En 2022, publicó su libro Espejismos de abundancia. Los mitos de la industrialización del litio en el Salar de Uyuni.

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Fuente: Publicado en el boletín mensual de Debates Indígenas correspondiente al mes de mayo de 2022. Tema: Artículos de Coyuntura: https://debatesindigenas.org/notas/160-industrializacion-del-litio-bolivia.html
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