Servicios en comunicación Intercultural

El ejemplo de las guardias comunitarias y la defensa del Cauca

Conversatorio que reunió a representantes de guardias campesinas, cimarronas y afros se realizó el 8 de abril.

Durante encuentro virtual, se intercambiaron saberes en torno a la defensa territorial y sobre la experiencia de las guardias comunitarias del Cauca.

Servindi, 9 de abril, 2022.- Los pueblos indígenas de Latinoamérica pueden implementar guardias comunitarias como mecanismos de protección ante las amenazas que afectan a sus territorios.

Así coincidieron representantes de guardias de comunidades colombianas en el conversatorio “¿Cómo enfrentar la violencia desde el Cauca? Experiencias desde los pueblos indígenas, campesinos y cimarrones”.

En el evento, se intercambiaron saberes y se abordó el contexto de violencia que enfrentan las guardias de estos pueblos. Asimismo se compartieron las respuestas que desarrollan las comunidades ante esta problemática.

Debido a las similitudes en la situación de violencia y desigualdad en comunidades de la región, la formación de estos grupos de defensa territorial se presenta como una salida que también debe considerar las particulares necesidades y contextos.

Realizado el 8 de abril, el encuentro virtual contó con la participación de Óscar Vivero, Olga Pechené, Jairo Narváez y Harold Secue; representantes de las guardias campesina, cimarrona e indígena del Cauca, respectivamente.

El espacio fue organizado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y Servindi, en el marco de la alianza Ríos Voladores que promueve la DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Políticas ineficaces

Como una de las causas de la escalada de la violencia en el Cauca, Óscar Vivero, miembro de la Comisión Política del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), primero enfatizó en el fracaso de la política antidroga del gobierno del país.

Basada en la erradicación de cultivos, esta forma de combatir el negocio ilícito solo ha servido para criminalizar a las personas campesinas, quienes viven en condiciones complejas, indicó Vivero.

Además, subrayó que quien se termina beneficiando de esta política antidroga es una clase tradicional que se afianza en los espacios de poder gracias a esta industria que, a pesar de ilícita, se mantiene estable.

Un segundo factor en el que hizo énfasis fue la ubicación estratégica del Cauca en el país, ya que es un territorio donde se conectan el Pacífico con el Amazonas.

Sumado a los factores anteriores, señaló a la no implementación del Acuerdo de Paz como una de las razones del espiral de violencia que atraviesa esta región colombiana.

“Tenemos que recordar que el actual gobierno colombiano, en su campaña presidencial hace cuatro años, prometía hacer trizas ese documento”, sostuvo.

Como agregó, este objetivo se logró en algunos aspectos, situación con la que se desmontó lo que se vislumbraba como una posibilidad de cambio.

Así, el incumplimiento se dio no solo con los actores armados, sino también con las comunidades, quienes no pudieron avanzar en puntos claves como la reforma rural integral, un aspecto determinante.

“Todas las luchas históricas que se han desarrollado en Colombia y Latinoamérica han sido alrededor del uso, de la tenencia de la tierra, sobre la construcción de territorio”, indicó Vivero.

“En la medida que esta tierra siga siendo utilizada para la gran industria, para los megaproyectos minero energéticos, y no para el desarrollo de las comunidades y su ejercicio del buen vivir, la violencia va a seguir permaneciendo”, agregó.

Óscar Vivero, miembro de la Comisión Política del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc)

Poblaciones amenazadas

A su vez, Jairo Narváez, Coordinador Político de la Guardia Indígena del CRIC, se refirió al papel que desarrollan los actores armados en los hechos de violencia desatados en los territorios de pueblos originarios.

De la mano de disputas territoriales, la expansión de cultivos ilícitos ubica a la Guardia Indígena del CRIC en una situación de especial vulnerabilidad por su resistencia, indicó Narváez.

Ello se manifiesta en amenazas y diversos tipos de intimidaciones que reciben miembros de la guardia.

Además, señaló que esta problemática también se focaliza en jóvenes, quienes corren el riesgo de ser reclutados por grupos armados, tanto voluntaria como forzosamente.

“Esa es un arma que ellos han tomado”, indicó Narváez en referencia al involucramiento de la población juvenil en la violencia.

Jairo Narváez, Coordinador Político de la Guardia Indígena del CRIC

Violencia económica y abandono estatal

Olga Pechené, coordinadora de la Guardia Cimarrona Chechelo Ri Tielo Prieto, apuntó al componente económico como otra arista a tomar en cuenta en la problemática de la violencia en las comunidades del Cauca.

“La violencia económica también es una vulneración de derechos. Esto se viene suscitando porque el mismo Estado ha jugado con los recursos que iban para el fortalecimiento del agro”, manifestó.

Como parte de un abandono estatal, Pechené aludió a los programas inconclusos del gobierno, situación que pasó por desapercibida entre las organizaciones.

Como recalcó, con ello se afectó económicamente a los sectores afrocampesinos con programas cuyos fondos fueron desviados a sectores empresariales.

Asimismo, teniendo en cuenta la riqueza del territorio del Cauca, incidió en cómo el Estado colombiano ha concedido permisos a foráneos para que extraigan recursos en sus territorios.

“La vulneración de todos estos derechos surge a raíz del mismo Estado […]. Todo se debe a esta mala administración, a esta mala política de Estado”, manifestó.

De igual forma, coincidió en que los incumplimientos del gobierno al Acuerdo de Paz es una de las razones que han contribuido a la violencia en la región.

“El gobierno hizo trizas los acuerdos de paz, los ha dejado a un lado. Por eso la violencia y la crisis humanitaria se dispara, especialmente en el Norte del Cauca”, sostuvo Olga Pechené.

“Este gobierno está empecinado en fortalecer la guerra. Los más desfavorecidos somos nosotros, las poblaciones afro, indígenas, campesinas”, agregó.

Olga Pechené, coordinadora de la guardia Regional Cimarrona

Guardias comunitarias: una respuesta pacífica

En medio de este contexto de violencia, la respuesta que se elabora desde los pueblos indígenas están vinculadas a la defensa del territorio y el trabajo con las comunidades, expresó Harold Secue, Coordinador de la Guardia Indígena del CRIC.

Como parte de un trabajo de defensa de la vida, el territorio y los derechos, el coordinador detalló las acciones de la guardia a la que pertenece.

“La guardia no impone. La guardia ayuda a coordinar, ayuda a ordenar y ayuda a orientar políticamente a las comunidades”, afirmó.

A pesar de que la defensa de las comunidades es un trabajo de riesgo, el papel de la Guardia Indígena ha estado marcado por la el acompañamiento y el diálogo.

“La experiencia nos ha enseñado que la defensa al territorio es sin armas”, señaló Secue.

“La única arma que tenemos es la palabra, la fuerza de voluntad y la claridad política que nos han enseñado nuestros mayores para enfrentar un conflicto que no es nuestro”.

Esta forma de resistencia se ha desarrollado en medio de la imposibilidad del Estado para garantizar una estrategia de defensa a las comunidades, labor de la que se ha distanciado.

“Lo que ha hecho el Estado es militarizar la zona. Que las mismas fuerzas militares atropellen a los civiles que exigen su justo derecho”, cuestionó.

Harold Secue, Coordinador de la Guardia Indígena del CRIC.

Propuestas de solución

A su vez, Olga Pechené de la Guardia Cimarrona Chechelo Ri Tielo Prieto apuntó hacia el deber del gobierno de reconocer las autonomías, reglas internas y formas de organización de los grupos étnicos.

En la misma línea, Óscar Vivero del Pupsoc enfatizó el fortalecimiento organizativo de las guardias; un objetivo que debe de ir de la mano del fortalecimiento de la identidad cultural indígena, afro y campesina, y de la posibilidad de ocupar espacios de gobierno.

Como otro punto relevante, recalcó la necesidad de avanzar en la implementación de los Acuerdos de Paz y de retomar espacios de diálogo con otros actores armados, para alcanzar un cese bilateral de la violencia.

Sumado a todo ello, Vivero también señaló la urgencia de la implementación del Acuerdo de Escazú, por ser una herramienta para que las comunidades puedan seguir defendiendo sus territorios y derechos.

Datos

Como una respuesta al contexto de violencia, las guardias comunitarias del Cauca son mecanismos humanitarios y de resistencia que buscan defender la vida, el territorio, los derechos y la autonomía de los pueblos de esta región de Colombia.

Los 11 pueblos del Cauca tienen sus propios procesos de guardia según sus propias dinámicas organizativas.

Ubicado al suroccidente de Colombia, el Cauca cuenta con una significativa población indígena, la que se ha visto afectada por hechos de violencia que se han intensificado en los últimos años.

En 2020, con la llegada de la pandemia, la situación se agravó. Así lo demuestra el Reporte Anual 2020 del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC.

Fuente: Reporte Anual 2020 del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC

En medio de la agudización de la violencia en el Cauca, las guardias comunitarias se han afianzado como iniciativas de resistencia desde pueblos indígenas, campesinos y afros.

Además, constituyen una experiencia que podría ser replicada en otras realidades de América Latina.

Valoración: 
0
Sin votos (todavía)

Comentarios

Tal como hagas así pagas...que esta Ley se aplique ya...
delito= sanción+formación+transformación

JUSTICIA RESTAURATIVA.

La justicia restaurativa es un proceso para resolver el problema de la delincuencia enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto. Una justicia que repara el daño en la misma proporción que se originó, es y se trata de una verdadera justicia justa, compensatoria y equilibrada, porque está orientada en el cumplimiento de los principios básicos de la aplicación de la ley de leyes como es la Ley de Igualdad, es decir, tal como haces, así deberás pagar.

Una justicia compasiva y restauradora es aquella que es dirigida fielmente por esos principios de igualdad...es decir, no se trata sólo de castigar al delincuente u ofensor, con algo parecido o incluso lejos de su verdadera acción delictiva, sino más bien en mover los mecanismos adecuados para que al infractor se le haga pagar en idéntico orden en el que así llegó a delinquir...todo lo que se aleje a ese espejo de la acción delictiva u ofensora, es erróneo y perjudicial, es traicionar los principios de la aplicación de la ley justa y compensatoria, como es la Ley de Igualdad.

Las políticas penitenciarias están obsoletas y no siguen ese fin persuasivo de respeto y equilibrio, puesto que se encuentran lejos de alcanzar la verdadera justicia restaurativa. No es la sociedad ni el propio orden social quienes incumplen las directrices de unas leyes y justicia correcta; pensemos también que nos encontramos ante leyes incorrectas y justicias prostituidas que lejos de alcanzar el orden, nos siembran de miedos, especialmente cuando vemos cómo el delincuente de cuello blanco o no, campea libremente sin temor alguno...Y digo que no es la sociedad, porque la responsabilidad directa está en manos de la autoridad. Autoridad igualmente esposada, ante unas leyes incorrectas, es decir, leyes corruptas.

Si logramos que los ciudadanos caminen desde principios de corrección y respeto; si se aplica la norma de nivelar tanto derechos como de obligaciones, la reducción y eliminación de las desigualdades será un hecho. La prisión no es la solución; garanticemos los principios de igualdad, para que nos veamos en esa línea de respeto. La mujer sufre doblemente esta situación, en especial cuando vemos que las cárceles continúan siendo pensadas y construidas para el hombre; pero insisto que las cárceles no son ni han sido ni serán la solución real y efectiva...como tampoco es el endurecimiento de las penas; en especial cuando vemos que los centros penitenciarios provocan una mayor degradación psicosomática de los delincuentes internados.

Esa cohesión y reducción de desigualdades no está en manos del individuo, sino más bien del ejercicio práctico institucional como primer responsable; si carecemos, por ejemplo, de un correcto y buen sistema educativo, es de esperar que el abandono escolar se produzca y vaya en aumento...el ente institucional es el verdadero responsable de que algo funcione o no. La dualidad delincuente y víctima no deben ir de la mano porque quiebran los valores obligación y derechos; no es la víctima la que ha de reparar, sino el delincuente, en toda su magnitud delictiva, para que esa carga contraída sea compensada; y la única manera de lograrlo es pagando en el mismo grado en que se ha delinquido.

El Estado monopoliza la Justicia Penal, pero desde sus propios agentes o inspectores judiciales, para lograr una eficaz y justa compensación reparadora en idéntico orden en el que se infringe. El infractor es quien debe dar cuenta a la víctima y a la comunidad, pagando y reparando el daño causado, pero siempre desde esos principios de igualdad. Así que es la Justicia Social la responsable de guardar ese equilibrio entre víctima y delincuentes para que exista una verdadera Justicia Restaurativa y Reparadora.

Cuando hay un delito, el culpable y responsable es la mano ejecutora. La retribución del delincuente es lograr una pena, pero siempre en la Ejecución Reparadora...y esa acción de reparar no se logrará si no se compensa con su igual, a fin de que los platillos de la balanza se encuentren en perfecto equilibrio. Así que los procesos ejecutorios deben abarcar las investigaciones pasadas y presentes, para que haya una sentencia firme e igualitaria en ese inmediato futuro. Por lo que el castigo aleccionador hacia el infractor debe buscar un escarmiento y una retribución de corresponsabilidad para lograr la correcta disuasión y prevención de la delincuencia. Y para que se logre recrear un verdadero y eficaz vínculo, donde agresor y agravio van unidos, se enfocan desde las perspectivas de lo procesal, moral y material para que los efectos del delito cometido encuentren un equilibrio justo. Para curar los efectos del delito es necesario corresponsabilizar al agresor. Es decir, en líneas generales, cada delito debe acarrear con su correspondiente sanción, paralelamente junto a una exhaustiva formación, en busca de una adecuada transformación; y todo, enmarcado dentro de los parámetros de los principios de una Ley de Igualdad, correcta.

En la Justicia, en un juicio, no debe haber ganadores ni perdedores, sino resolución del conflicto de manos de la mediación de una correcta Justicia Restaurativa y responsable que nivele la acción agresora con idéntico pago..., esa es la verdadera puerta hacia un futuro en igualdad, donde el valor de la responsabilidad transforma al infractor, restaurando una acción en igual medida, consiguiendo en definitiva el objetivo de orden, libertad y paz.

---saludos desde Universal Global de Ediciones de acceso gratuito -obras para pensar y abrir conciencia- en www.escuelaabierta.eu y www.universalproyecto.org
-Obras en formato escrito. Gracias por divulgar---http://escuelaabierta.eu/.../universal-global-de-ediciones/
-Obras en formato de audio. Gracias por divulgar---https://www.ivoox.com/escuchar-juan-galan_nq_190805_1.html
-24 h. -Escúchanos........... http://streaming2.elitecomunicacion.es:8042/stream

Añadir nuevo comentario