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Fenacoka, Ocho Sur, Fediquep y Sepahua en la ronda nacional

Servindi, 13 de setiembre, 2020.- En esta edición de la Ronda Informativa Nacional escuche a: Herlín Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA); Álvaro Másquez, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL); Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) y Marisela Vargas, responsable de la casa de sanación de Sepahua.

 

Herlín Odicio, presidente Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA)

Sed de justicia

Llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  para pedir justicia, significa que el Estado peruano no garantiza el derecho a la vida del pueblo indígena y de su territorio, sostiene Herlín Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA).

El  6 de octubre la Comisión Interamericana concederá una audiencia a los pueblos indígenas Ashénika, Shipibo Conibo, Kakataibo y Asháninka para que expongan la injusticia sistemática que les priva el derecho a la vida y su territorio.

El presidente de FENACOKA muestra optimismo en que el organismo internacional de derechos humanos incida en las instituciones del Perú y se halle de una vez el camino de la justicia.

Las pruebas a la injusticia están archivadas en los juzgados y acalladas por autoridades, denuncia Herlín Odicio. El ejemplo más claro es el último asesinato del jefe de la comunidad Unipacuyacu y la enajenación de sus territorios por el narcotráfico. 

Álvaro Másquez, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL)

La sombra de Ocho Sur

La empresa Ocho Sur P. dedicada al cultivo de palma aceitera, en la región de Ucayali, debe suspender su producción por los antecedentes oscuros contra el derecho a la vida y medio ambiente, afirma el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Álvaro Másquez.

El especialista que sigue el caso de Santa Clara de Uchunya, comunidad nativa que colinda con las plantaciones de Ocho Sur P., informó que han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  para que se aclare el riesgo de vida que corren los indígenas.

Quienes tienen que responder a la retardación de justicia ante la Comisión Interamericana son el gobierno regional de Ucayali, las instituciones judiciales y los ministerios del Estado, por negar garantía territorial a la comunidad Santa Clara de Uchunya, señala Másquez.

Los antecedentes de Ocho Sur P. reflejan cómo una empresa prefiere llenar sus ganancias a costa de la vida de los pueblos indígenas y del deterioro del medio ambiente ante la pasividad del Estado Peruano.

Aurelio Chino, presidente Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep)

Peruanos olvidados

Los pueblos indígenas de la selva norte del Perú se quedaron con el veneno de la explotación petrolera y se acostumbraron a convivir con la pandemia de los metales, cuenta Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep).

La empresa Pluspetrol, que actualmente opera en el Lote 8, trabaja en la Amazonía desde hace 20 años y ha causado más de 2.000 sitios de contaminación. Pese a esto, no existe remediación efectiva.

Ante el silencio sistemático de la contaminación ambiental, los pueblos indígenas llegaron hasta Holanda, sede de la empresa Pluspetrol, para presentar una queja formal por los daños ocasionados y exigir que asuma su responsabilidad.

El presidente de la Fediquep señala que el derrame petrolero afecta a todos los pueblos cercanos a las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, pero son ocho las comunidades afectadas directamente.

Marisela Vargas, responsable de la casa de sanación de Sepahua

Herencia ancestral

En el distrito de Sepahua, provincia Atalaya, región Ucayali, viene funcionando desde abril la casa de sanación para contrarrestar el impacto del COVID-19, poniendo en práctica la herencia de la medicina ancestral con óptimos resultados.

Dialogamos con Marisela Vargas, artesana de origen machiguenga y responsable de la casa de sanación de Sepahua, quien manifiesta que la iniciativa apoyada por el  municipio, fue una alternativa a la crisis sanitaria que logró atender hasta la fecha a más de 800 pacientes.

Marisela Vargas afirma que el conocimiento heredado de su madre le permitió seleccionar las plantas medicinales de la selva y preparar vaporizaciones para prevenir enfermedades y atenuar síntomas de la COVID-19.

La mujer indígena del pueblo  Machiguenga sostiene que la garantía de estas iniciativas que salvan la vida está en los bosques de los pueblos indígenas, por lo que lamenta la deforestación que pone en riesgo la conservación del conocimiento ancestral.

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